País Vasco: el círculo vicioso

LAS ACCIONES terroristas -la última de las cuales, de autoría todavía desconocida, ha elegido como víctima al magistrado señor Mateu- se proponen llevar hasta las últimas consecuencias los efectos del círculo vicioso. Los maestros de esa estrategia son quienes dirigen, desde dondequiera que sea, la ofensiva criminal de ETA y de los otros grupos terroristas.La solidaridad emocional de ciertos estratos de la población del País Vasco, e incluso de algunas minorías del resto de España, con los activistas vascos bajo el franquismo sirvió de base a las movilizaciones en favor de la conmutación de la...

LAS ACCIONES terroristas -la última de las cuales, de autoría todavía desconocida, ha elegido como víctima al magistrado señor Mateu- se proponen llevar hasta las últimas consecuencias los efectos del círculo vicioso. Los maestros de esa estrategia son quienes dirigen, desde dondequiera que sea, la ofensiva criminal de ETA y de los otros grupos terroristas.La solidaridad emocional de ciertos estratos de la población del País Vasco, e incluso de algunas minorías del resto de España, con los activistas vascos bajo el franquismo sirvió de base a las movilizaciones en favor de la conmutación de las penas de muerte en el proceso de Burgos de diciembre de 1970 y a la campaña por la amnistía en los dos años iniciales del reinado de don Juan Carlos. Las violaciones de los derechos humanos antes de 1975 y los gruesos errores de la política de orden público en Euskadi durante varias décadas constituyeron, sin duda, causa importante en la creación de ETA. Sobre ese trasfondo, las peticiones y exigencias de una amnistía que cancelara las responsabilidades penales derivadas de acciones de motivación política realizadas bajo el franquismo fueron ganando cada vez más terreno y terminaron por convertirse en ampliamente mayoritarias dentro de la opinión pública. La ley de Amnistía de 14 de octubre de 1977 fue, a la vez, el triunfo de esas movilizaciones populares, de la razón de Estado y de la reconciliación entre todos los españoles. Con ella se cerró un ciclo histórico que alguien, insensatamente, quiere volver a abrir.

Las desastrosas consecuencias de la acción estatal en Euskadi bajo el régimen anterior llevaron a la Conclusión de que las soluciones deberían ser fundamentalmente políticas y no sólo policiales. El Gobierno Suárez acometió al principio con decisión y realismo el problema vasco, al legalizar la ikurriña y excarcelar a los presos etarras en vísperas de las elecciones, pero no ha estado luego, en este terreno, a la altura de sus responsabilidades históricas. La argucia de los regímenes preautonómicos generalizados a toda la Península y la parsimonia y cicatería gubernamental en sus negociaciones con el Consejo General Vasco volvieron a despertar las sospechas de los nacionalistas respecto al continuismo centralista. Sin embargo, también es verdad que el partido del Gobierno ha dado sus votos al articulado constitucional sobre los futuros estatutos de autonomía, que abre un ancho campo para las instituciones de autogobierno en Euskadi.

Pero ni la ley de Aministía de 1977 ni las perspectivas ciertas de un régimen autonómico de techo más elevado que el establecido por las Cortes republicanas desarmaron a los terroristas de ETA. A lo largo del último año, y de manera acelerada en este sangriento otoño, los asesinos han vuelto a la acción, sin aceptar la paz que la amnistía les ofrecía ni las soluciones políticas que el texto constitucional dibuja.. Las víctimas han sido, fundamentalmente, modestos servidores de las fuerzas de orden público. De esta forma, ETA ha encerrado al Estado y a las fuerzas democráticas en un dilema angustioso. La voluntad del Gobierno y de las formaciones parlamentarias de lograr una solución política para Euskadi ha sido respondida desde el lado terrorista con una ofensiva criminal contra los cuerpos de seguridad, cuyos miembros comenzaron a ser abatidos en emboscadas impunes.

Todo el mundo sabe que la respuesta a las provocaciones-criminales de los terroristas comporta el riesgo, altamente probable, de que mueran inocentes en las persecuciones o en las refriegas. Las autoridades están, moral y jurídicamente, obligadas a investigar las responsabilidades en las actuaciones de las fuerzas de orden público que producen muertes o lesiones en la población civil. Los excesos deben ser castigados -e históricamente han quedado muchas veces en el silencio o el olvido-, pero los terroristas son en última instancia también los inductores de esas pérdidas de vidas inocentes que caen bajo el fuego que contesta a sus provocaciones.

Sería ingenuo pensar que los dirigentes de ETA lamentan esas muertes de víctimas inocentes, como la producida anteayer en Mondragón. El objetivo último de su rechazo frontal de las soluciones políticas es, precisamente, provocar las acciones policiales que llevan implícita la posibilidad de esos accidentes trágicos. Como quedó demostrado en las movilizaciones populares de ayer en el País Vasco, sólo esas muertes les pueden permitir relanzar las acciones de masas y romper su aislamiento político en Euskadi.

El problema más difícil con el que se enfrenta la democracia española no es otro sino la ruptura de ese círculo vicioso de la impunidad para los criminales si se adopta exclusivamente la vía política y de reforzamiento social de las posiciones de ETA si se opta sólo por una vía policial, que lleva aparejado el riesgo de afectar a la población civil y de producir víctimas inocentes. Los peligros de una y otra vía son lo suficientemente graves como para causar el desánimo a la hora de analizar la situación. No es posible que la apuesta en favor de las soluciones políticas lleve consigo el reforzamiento del aparato terrorista para abatir por la espalda a miembros de las fuerzas de orden público. No es posible que la decisión de recurrir a las soluciones policiales tenga como precio la ampliación de la brecha entre las fuerzas de orden público y la población que habita en el territorio vasco. Pero la democracia debe saber encontrar sus soluciones. En lo político, acelerando un proceso autonómico maltratado por la torpeza de nuestros gobernantes. En lo policial, mejorando la dotación y preparación de las fuerzas de orden público, investigando y castigando los errores, garantizando al máximo la eficacia, por desgracia tantas veces ausente. Los tribunales están para dilucidar las responsabilidades de todos. Pero qué duda cabe que hoy en día una acción policial eficiente es necesaria si se quiere acabar con el terror político y el vacío ante el futuro, y que las fuerzas de orden público necesitan un apoyo de la población civil que difícilmente hoy encuentran en el País Vasco.