La última cinta

AQUI NO ha pasado nada: las aguas vuelven a su cauce; se reanuda el diálogo entre el Ministerio del Interior y los sectores descontentos de la policía; los titulares de los periódicos anuncian que la situación se «normaliza». ¿Y las hipotéticas cintas con grabaciones de diálogos mantenidos por el ministro del Interior? «Nunca han existido», señalan unos. «No sabemos nada del tema», alegan ante el director general de Seguridad los responsables regionales de la Asociación Profesional de Policías. «Quemarán las cintas», anuncia en su primera página Diario 16, el mismo periódi...

AQUI NO ha pasado nada: las aguas vuelven a su cauce; se reanuda el diálogo entre el Ministerio del Interior y los sectores descontentos de la policía; los titulares de los periódicos anuncian que la situación se «normaliza». ¿Y las hipotéticas cintas con grabaciones de diálogos mantenidos por el ministro del Interior? «Nunca han existido», señalan unos. «No sabemos nada del tema», alegan ante el director general de Seguridad los responsables regionales de la Asociación Profesional de Policías. «Quemarán las cintas», anuncia en su primera página Diario 16, el mismo periódico que recibió la denuncia y que esperó en vano durante 48 horas bien las mismas cintas, bien la transcripción de las conversaciones. Como se ve con toda claridad, aquí no ha pasado nada. No vamos a seguir revolviendo la basura.Las escuchas telefónicas serían un delito: pueden ser un delito de espionaje o de violación de la intimidad y de la vida privada, derecho elemental de los ciudadanos en todo país libre. Su utilización sólo se le permite al poder en temas muy concretos -como la lucha contra el espionaje, contra la droga o contra la gran delincuencia y el terrorismo- y siempre con los debidos controles. Si alguien se declara poseedor de cintas provenientes de escuchas telefónicas realizadas al margen de estas normas se está confesando autor de un delito. Si además se enarbola como amenaza la eventual publicación de las mismas, el,delito se cualifica en chantaje. Si eso se publica en un periódico, la, policía debe actuar y buscar al delincuente. Si luego el mismo periódico anuncia que los poseedores de las cintas las quemarán y eso es cierto, se está cometiendo un delito más; la ocultación o destrucción de pruebas. Si todo empezó porque un funcionario dijo en una reunión de la Asociación Profesional de Policías que él tenía las cintas, todos los presentes tienen la obligación, corno policías y como simples ciudadanos, de identificar y detener a quien confiesa haber cometido un delito, so pena de convertirse en cómplices.

Todo esto es muy rocambolesco. Según la sucesión de acontecimientos relatados por Diario 16, aquí hay una banda de espías. La obligación de la policía es entonces descubrirla y detenerla. Al fin y a la postre éste no parece un caso de difícil resolución.

¿Pero en realidad existen esas cintas? Sinceramente es muy de dudar. Claro que si ha sido un bluff no obstante, permanece el intento de chantaje. Debe descubrirse quién lo ha lanzado, en nombre de quién y exigirle responsabilidad es ante los tribunales.

¿Las cintas no aparecen? Hay que buscarlas. ¿Han sido quemadas «para no perjudicar a compañeros»? El tema no puede quedar impune. Esto ya no es sólo un tema de responsabilidades políticas, sino algo para los tribunales. El ministerio fiscal debe actuar. El prestigio del Gobierno, de la policía y de la propia administración de justicia anda por medio.