El Gobierno estudió el conflicto de la policía y los últimos actos terroristas

El orden público y el conflicto de la policía fueron abordados por el Consejo de Ministros, reunido en la mañana de ayer durante cinco horas en el palacio de la Moncloa, bajo la presidencia de su titular, Adolfo Suárez. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, presentó al Gabinete dos informes, uno sobre seguridad ciudadana y otro sobre política interior, en los que se hacía referencia a los últimos actos terroristas y a la situación actual en el Cuerpo General de Policía. La referencia oficial del Consejo de Ministros, eludió el menor dato sobre dichos informes.

Al margen de est...

El orden público y el conflicto de la policía fueron abordados por el Consejo de Ministros, reunido en la mañana de ayer durante cinco horas en el palacio de la Moncloa, bajo la presidencia de su titular, Adolfo Suárez. El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, presentó al Gabinete dos informes, uno sobre seguridad ciudadana y otro sobre política interior, en los que se hacía referencia a los últimos actos terroristas y a la situación actual en el Cuerpo General de Policía. La referencia oficial del Consejo de Ministros, eludió el menor dato sobre dichos informes.

Al margen de este tema, eminentemente político y de actualidad, el Gabinete adoptó ayer diversos acuerdos, de contenido administrativo la mayoría de ellos, sobre temas que se venían arrastrando de reuniones ministeriales anteriores. Destacan entre ellos la reestructuración del gabinete del presidente del Gobierno y diversas disposiciones en materia de enseñanza. Por otra parte, el Gabinete acordó. crear una Secretaría de Estado para la Información, nombrando titular de la misma a Manuel Ortiz Sánchez, en la actualidad presidente de la compañía de aviación Aviaco.El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto por el que se reestructura el gabinete del presidente del Gobierno, aunque no se conoce su alcance y contenido, ya que la referencia oficial no da ningún dato sobre el mismo. Igualmente, mediante otro real decreto, del que se desconoce también su contenido, el Gobierno decidió establecer por primera vez en España centros de orientación familiar por iniciativa del Estado, aunque ya existen centros de esta naturaleza promovidos por partidos políticos y otras asociaciones. A este respecto, ya en el proyecto de ley sobre despenalización de los anticonceptivos, a punto de ser aprobado definitivamente, se establece la obligación por parte del Estado de crear los oportunos servicios de orientación y planificación familiar con el fin de facilitar la correspondiente información sobre estos temas.

En el ámbito correspondiente al Ministerio de Defensa, el Gabinete aprobó dos reales decretos por los que, en uno, se modifica el decreto de 9 de marzo de 1973 sobre la enseñanza superior militar y, en el otro, se establece la participación de los beneficios del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en los costes de la asistencia farmacéutica.

Gratuidad de la enseñanza básica

Por otro lado, el Gabinete adoptó diversos acuerdos en materia de enseñanza. Así, acordó remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre financiación de la enseñanza obligatoria y aprobó un real decreto por el que se regula provisionalmente el régimen de dedicación exclusiva docente del cuerpo de profesores de EGB, en tanto se aprueba la ley remitida a las Cortes sobre este tema, con el fin de que esta dedicación pueda establecerse desde el principio del curso escolar.

El proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria supone, según resalta la referencia oficial del Consejo de Ministros, un extraordinario esfuerzo para el Estado y establece un sistema inspirado en la conjunción de dos principios esenciales: el de la igualdad básica de las condiciones del sistema educativo y el de la libertad de enseñanza.

En congruencia con estos principios la ley concibe la gratuidad de la enseñanza de los niveles obligatorios como un derecho de todos los alumnos a percibir del Estado la misma cantidad que representa el coste del puesto escolar estatal, es decir, a calidad estatal, y que recibe la denominación de ayuda a la gratuidad. Esta podrá aplicarse por los padres o tutores legales de los alumnos a los centros escogidos libremente por ellos, ya sean de titularidad pública o de titularidad privada.

Para los centros no estatales que no se acojan al sistema de ayudas, se regulan las normas bajo las que se facilitarán las mismas, mediante procedimientos simplificados, así como la responsabilidad administrativa a que daría lugar la infracción de las normas contenidas en la ley. Todo ello está presidido por la idea de que los centros que se sometan al de ayuda a la gratuidad no funcionarán con ánimo de lucro, ya que se les concibe, desde la filosofía de la libertad de enseñanza, como protagonistas significativos, de la tarea colectiva que es la educaiÍón.

Se contempla, finalmente, una prudente puesta en marcha de la ley, para permitir la adecuada planificación de los recursos.

Admitida la dedicación exclusiva

En lo que se refiere al real decreto sobre dedicación exclusiva de los profesores de EGB, en el mismo se determinan las obligaciones de permanencia de éstos en el centro y las incompatibilidades que son comunes a los funcionarios que asuman tal régimen de dedicación. Se prohíben expresamente las clases particulares en los centros y las llamadas permanencias, que podrán ser suplidas por la mayor dedicación del profesorado para recuperaciones y repaso de los alumnos. Finalmente se contempla la asistencia del profesorado a cursos de especialización y perfeccionamiento, su presencia en los centros docentes días antes y después de iniciar la actividad con los alumnos y la habilitación de los recursos necesarios.

Dentro también del campo de la enseñanza, el Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de siete institutos de bachillerato mixtos, la construcción de 91 colegios estatales y la de varios centros de formación profesional, así como un real decreto por el que se establecen normas de regulación de los conciertos con las corporaciones municipales para el funcionamiento de centros de bachillerato de titularidad municipal.