Trabajadores del Psiquiátrico sevillano denuncian a la Diputación
Los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Miraflores han denunciado ante el juzgado de guardia las presuntas coacciones ejercidas sobre ellos por la Diputación Provincial de Sevilla, de la que depende el centro. Asimismo, han enviado un informe a la Inspección de Trabajo sobre las irregularidades que vienen produciéndose en el hospital.
La denuncia acusa a la diputación de prohibir la celebración de asambleas, incluso fuera de las horas de trabajo, ordenar que se arranquen los carteles sindicales del tablón de anuncios, amenazar con el despido a varios trabajadores e imponer san...
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Los trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Miraflores han denunciado ante el juzgado de guardia las presuntas coacciones ejercidas sobre ellos por la Diputación Provincial de Sevilla, de la que depende el centro. Asimismo, han enviado un informe a la Inspección de Trabajo sobre las irregularidades que vienen produciéndose en el hospital.
La denuncia acusa a la diputación de prohibir la celebración de asambleas, incluso fuera de las horas de trabajo, ordenar que se arranquen los carteles sindicales del tablón de anuncios, amenazar con el despido a varios trabajadores e imponer sanciones de suspensión de empleo y sueldo a cuatro de ellos, además del expediente abierto a un médico y el traslado de otro. Los empleados responsabilizan de forma especial al diputado visitador, Felipe Rodríguez.
Actualmente, el conflicto que enfrenta a la corporación con los trabajadores del Psiquiátrico y de otros tres establecimientos sanitarios ha entrado en un compás de espera, después de que las autoridades laborales y el consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía hubiesen prometido hacer gestiones para conseguir la reapertura de las negociaciones del convenio. El miércoles cuatro trabajadores -entre ellos el secretario provincial de CCOO de Sanidad, José Ramón Murillo- fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía.
La ruptura de las negociaciones tuvo su origen, según fuentes sindicales, en la negativa de los trabajadores a renunciar a uno de los artículos ya conquistados en el anterior convenio, en virtud del cual no se considera indisciplina la oposición de un empleado a realizar funciones ajenas a su clasificación profesional. Esta práctica se ha hecho habitual a causa de la carencia de personal que padece el centro. El convenio afecta a 750 trabajadores.