La formación de los asistentes sociales, ausente en la ley general de Educación

La ley general de Educación no contempla de manera explícita ni los estudios ni las escuelas dedicadas a la formación de los asistentes sociales. Desde su promulgación, en 1970, tanto los profesionales como las propias escuelas han estado luchando por su integración en dicha ley. En el contexto de esta lucha se sitúa la solicitud formal, dirigida al Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 1976-77, para que mediante un real decreto se procediese a la integración de la única escuela oficial existente en la Universidad.Como en todos los casos precedentes, el Ministerio remitió la solic...

La ley general de Educación no contempla de manera explícita ni los estudios ni las escuelas dedicadas a la formación de los asistentes sociales. Desde su promulgación, en 1970, tanto los profesionales como las propias escuelas han estado luchando por su integración en dicha ley. En el contexto de esta lucha se sitúa la solicitud formal, dirigida al Ministerio de Educación y Ciencia durante el curso 1976-77, para que mediante un real decreto se procediese a la integración de la única escuela oficial existente en la Universidad.Como en todos los casos precedentes, el Ministerio remitió la solicitud para su preceptivo informe a la junta de rectores de la Universidad, y en concreto al rectorado de la Complutense, por depender de su campus la escuela oficial de Madrid. Su junta de gobierno rechazó, en principio, la posibilidad de integración, entre otras razones porque la Universidad Complutense se encuentra ya en una situación de saturación de alumnado tal que la asunción en su seno de una nueva escuela universitaria no haría sino contribuir a complicar aún más su compleja y macrocéfala estructura. Ello unido a que «la Universidad se encuentra abocada a una próxima reordenación», motivó el acuerdo de que el proyecto se aplace para ulterior ocasión.

En la actualidad sólo existe, como ya se ha dicho, una escuela oficial de formación de asistentes sociales con sede en Madrid. Los 32 centros restantes son de carácter privado, y de ellos veintitrés son escuelas de la Iglesia, cuatro funcionan vinculadas a organismos e instituciones diversas, conocidas como «Independientes», otras cuatro dependen provisionalmente del Ministerio de Cultura, y una funciona en la Universidad Laboral de Zaragoza.

A los estudios de asistente socia se accede con el título de bachiller superior y su duración es de tres cursos académicos, al término de los cuales el alumno debe superar una prueba de reválida ante un tribunal designado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y en muchas escuelas se exige al aspirante al título de asistente social la presentación de una tesina.

El plan de estudios, regulado por órdenes ministeriales de los años 1964 y 1966 y acusado por estudiantes y profesionales de excesivamente teórico, es «contestado» cada curso por las diversas promociones estudiantiles, que encuentran en él reminiscencias de una concepción caduca y arcaica de la profesión, con una preponderancia de asignaturas «confesionales», por lo que el rechazo sistemático de los alumnos a las mismas ha traído como consecuencia que sólo se mantengan a nivel teórico.

La reivindicación de una formación universitaria para estos estudios está unida a la de una nueva concepción de la profesión que ha de actuar sobre una variedad casi infinita de campos. Esta variedad de campos de acción requiere, cuando menos, el establecimiento de un sistema de estudios que contemple la especialización, hoy prácticamente inexistente, y la labor de una investigación científica sobre técnicas, materias y programas para la acción social, absolutamente inédita entre nosotros.

Según una resolución adoptada por los delegados del comité de ministros del Consejo de Europa, «los Gobiernos deberán comprobar si las escuelas de servicio social existentes tienen los necesarios medios para responder a las exigencias de su función, considerando el hecho de que los asistentes sociales tienen campos de acción diversos, sea porque aseguran servicios sociales de base, sea porque operan en calidad de supervisores, consultores, administradores, maestros o investigadores. Puede ser necesaria una formación a distintos niveles».

Sigue recomendando el Consejo de Europa que «con objeto de armonizar la formación en el servicio social a un nivel europeo y de facilitar la conclusión de acuerdos bilaterales concernientes al reconocimiento de títulos equivalentes, se debería buscar que aceptasen los mismos niveles de formación en los Estados miembros».

En relación con los programas de formación de los asistentes sociales, el mismo organismo europeo entiende que aquéllos «deben ofrecer el mismo conjunto de conocimientos en las siguientes tres principales materias: estudio del hombre, estudio de la sociedad y de los servicios sociales, teorías y métodos del servicio social». Por otra parte, se considera importante dar particular atención a la enseñanza del servicio social de grupo, del servicio social de comunidad y «de la administración de los servicios sociales en los países en que tales materias no forman todavía parte del programa».

Por último, añade que «deberán darse posibilidades para la formación superior a aquellos asistentes sociales que desean dedicarse a la enseñanza del servicio social, asumir cargos directivos en los servicios sociales o iniciar investigaciones. Se debería estudiar la posibilidad de conjugar la formación superior con la enseñanza universitaria».

De hecho, en Europa los estudios de asistente social están considerados como estudios superiores y en algunos países, como Inglaterra, incorporados a la Universidad. Asimismo, en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y muchos otros países latinoamericanos los centros de formación de los trabajadores sociales son facultades universitarias.

Desinterés oficial por la profesión

El desinterés de la Administración por el tema de la formación de los asistentes sociales parece ser un reflejo lógico de la falta de atención a los problemas sociales en los que aquéllos tienen que actuar. Es revelador en este sentido la excesiva importancia que todavía tiene la beneficencia pública como inevitable corolario de la ausencia de una política coherente de acción social. Lo grave del caso es que no sólo se mantiene la vigencia de «lo benéfico», sino que en los últimos tiempos hay síntomas alarmantes de su resurrección como última panacea para hacer frente a las tristes secuelas de la grave crisis económica que desde hace años atraviesa el país. La persistencia en las alarmantes cifras de paro y la limitación del subsidio de desempleo están originando que diariamente pasen a engrosar las listas de la beneficencia numerosos trabajadores de todas las ramas profesionales. Hace escasos días el presidente de Cáritas Española señalaba ante las cámaras de televisión el grave síntoma que podía representar el crecimiento del número de personas que acuden a los «comedores sociales».

Como no podía ser menos, también el paro afecta gravemente a la profesión de asistentes sociales. De los 9.000 profesionales existentes en España actualmente, sólo 4.500 ejercen su actividad, y de ellos, 1.500, aproximadamente, en condiciones de inestabilidad laboral. Los 3.000 restantes, que ejercen su profesión en organismos oficiales, perciben unos ingresos por término medio de unas 30.000 pesetas.

La causa del paro reside en gran parte en el intrusismo potenciado por instituciones como la Iglesia, fundaciones, y toda clase de organismos benéficos que se nutren para sus programas de asistencia social de un voluntariado que carece en la mayoría de los casos de la necesaria capacitación técnica. Y, en el mejor de los casos, cuando dichas instituciones ocupan a profesionales auténticos del trabajo social los retribuyen con sueldos que en ocasiones no alcanzan los niveles del salario mínimo interprofesional.