Editorial:

Juegos peligrosos

LA PUESTA en funcionamiento de un sistema parlamentario después de una prolongada etapa de dictadura no es una tarea fácil, sobre todo cuando los dos principales partidos que protagonizan, gracias al respaldo de los votantes, la vida política del país, no hacen un esfuerzo de aprendizaje de las nuevas reglas continúan rindiendo y tributo a su experiencia política pasada, cuyos escenarios, según los casos, han sido los despachos oficiales del franquismo, los restaurantes de muchos tenedores de la oposición respetable, o las citas callejeras de la clandestinidad perseguida. La nueva ruptura del ...

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LA PUESTA en funcionamiento de un sistema parlamentario después de una prolongada etapa de dictadura no es una tarea fácil, sobre todo cuando los dos principales partidos que protagonizan, gracias al respaldo de los votantes, la vida política del país, no hacen un esfuerzo de aprendizaje de las nuevas reglas continúan rindiendo y tributo a su experiencia política pasada, cuyos escenarios, según los casos, han sido los despachos oficiales del franquismo, los restaurantes de muchos tenedores de la oposición respetable, o las citas callejeras de la clandestinidad perseguida. La nueva ruptura del consenso entre UCD y PSOE, producida, al parecer, a causa de insalvables diferencias surgidas en torno al artículo 63 del anteproyecto, es una palmaria demostración de que los estados mayores de los dos partidos no sólo no se han tomado el trabajo de realizar esa necesaria readaptación, sino que su comportamiento público está por debajo de las exigencias de seriedad y competencia que los casi doce millones de votos que representan se hallan en condiciones de pedirles. Porque el electorado, la opinión pública y los ciudadanos tienen cuando menos derecho a que los grupos dirigentes, en el Gobierno y la Oposición, no tomen a este país como un parque para sus juegos de enfados, desenfados, rupturas y reconciliaciones. El noviazgo tempestuoso de UCD y el PSOE a lo largo de los últimos meses no pertenece, como quizá ellos piensen, al mundo normalmente sometido a vaivenes de la política; comienza a configurarse ya como una regresión de lo público a lo privado, de la edad adulta a la inmadurez. Hasta ahora, sin embargo, esa relación de tono maníacodepresivo no había tenido más consecuencias que el creciente desencanto de quienes habían votado el 15 de junio a unos u otros y se encontraban con que el capital político entregado a UCD y al PSOE servía únicamente para la inauguración de una feria de vanidades en la que los gubernamentales jugaban a remedar los gestos de los grandes estadistas y los socialistas a imitar los ademanes de los intransigentes revolucionarios. Los resultados electorales de Asturias y Alicante, con la aparatosa pérdida de votos para quienes están transformando la vida pública del país en un parque de atracciones, han sido, a este respecto, la mejor prueba de ese desencanto colectivo, pese a que los dos grandes derrotados en las urnas -ucedistas y socialistas- se esfuercen en dar argumentos para ocultar su fracaso.

Pero el desarrollo de los debates en torno a la Constitución convierte en insufrible esa incontinencia de malhumor es y afectos. No es tolerable que, después de casi diez meses de debates en la Ponencia y en la Comisión, ucedistas y socialistas, que habían fumado la pipa de la paz la semana pasada y llegado a un acuerdo que parecía firme sobre el texto, rompan de nuevo el consenso y pongan en peligro el trabajoso proceso de consolidación democrática en nuestro país.

Ni que decir tiene que una Constitución aprobada con el consenso, al menos, de la gran mayoría del Parlamento es preferible a una Constitución que refleje los puntos de vista de un partido. Pero todavía peor que un texto que sólo recoja las ideas de la mayoría en el desconcierto que produce entre los ciudadanos ese penoso forcejeo de riñas y reconciliaciones, separadas por unos cuantos días o unos pocos artículos, de ucedistas y socialistas, con independencia de quién de los dos partidos sea más responsable de la pelea de ayer, lo que está claro es que tanto UCD como PSOE están ofreciendo un lamentable espectáculo con

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u alternancia de grandes esperanzas y e normes frustraciones. Se diría que nos encontramos ante un fenómeno de pura y simple incompetencia: no es admisible que el martes 23 de mayo ambos partidos anuncien a bombo y platillo que finalmente se ha logrado el consenso y que el martes 30 de mayo se descubra que esa promesa era simplemente un globo hinchado. Si ese acuerdo de la semana pasada no afectaba al resto del texto constitucional, la incompetencia estriba en haber dado a entender otra cosa. Si los ucedistas han engañado a los socialistas en el intercambio de concesiones, o si el fraude se ha producido a la inversa, tan incompetentes son los burladores como los burlados en relación a sus deberes como diputados en unas Cortes constituyentes. Y si lo que se ha producido es un equívoco entre los negociadores, en tal caso el nivel de incompetencia bate un récord olímpico.Parece que la negativa de UCD a modificar el artículo 63 e incluir una referencia expresa a la proporcionalidad en las elecciones al Congreso está en la base de la nueva riña. En descargo formal del Gobierno cabe aducir que la Ponencia había aprobado dicho artículo sin esa cláusula. Las luces bajas de los comedores donde los estados mayores de los partidos celebran sus conciliábulos impiden saber si UCD se había comprometido, luego, a rectificar la redacción inicial. En cualquier caso, la posición de fondo del Gobierno resulta poco defendible, sobre todo si se recuerda que los fascistas italianos conquistaron la mayoría absoluta en el Parlamento italiano gracias a una ley electoral que hacía caso omiso de la proporcionalidad.

Pero la venganza de los socialistas al cambiar la orientación de su voto en el resto de los artículos del Título II, sobre la Corona, tiene tan escasas defensas como la actitud de sus rivales. El articulo 63 no consagra, ciertamente, en su redacción actual, el principio de proporcionalidad, pero tampoco lo excluye y menos aún establece un criterio opuesto. Así, pues, aunque la Constitución no acoja en su texto tan elogiable principio, que por lo demás los socialistas trataron de pisotear en la designación de los alcaldes, no queda excluída su posterior aceptación por ley ordinaria.

Lo más grave, sin embargo, no es la intolerancia del PSOE ante la falta de santificación constitucional a su propuesta. Su decisión de castigar a sus rivales con el ostentoso regreso a posiciones republicanas revela una preocupante falta de madurez y una peligrosa proclividad a la inconsecuencia. La aceptación por el PSOE de la Monarquía parlamentaria como forma de Estado es un -hecho cierto e indiscutible; sus coqueteos con la República son, a medias, un recurso electoralista y un tributo a pasadas tradiciones que no resistirla la prueba si de los votos del PSOE dependiera realmente la decisión sobre la forma de Estado. En el debate sobre el artículo uno tuvieron ya ocasión de exponer sus posiciones de principio republicanas. Anteayer no defendieron sus votos particulares sobre la figura del presidente de la República y aceptaron los primeros artículos del Título II, sobre la Corona. ¿Cómo explicar que su nuevo enfado con UCD encuentre como única válvula de escape la abstención o el voto en contra del resto del articulado de ese Título? Como en los arrebatos pasionales, la impotencia se manifiesta en desmedida agresividad y produce, también, un desplazamiento del objeto de las iras. Pero no es segura que esta rabieta resulte rentable: porque probablemente los electores se preguntarán las razones que han llevado al PSOE a cambiar, una y otra vez, de criterio sobre la forma de Estado, sin dar, en ningún caso, esa sensación de sinceridad y consecuencia que es exigible al segundo partido del país.

Pero lo más peligroso de estos juegos privados a los que se están dedicando UCD y PSOE es que la opinión pública, sometida a un régimen de ducha escocesa de grandes calores y enormes fríos, puede desentenderse de los debates parlamentarios, de las discusiones sobre el texto constitucional y del funcionamiento de las instituciones democráticas. Y mientras. ucedistas y socialistas discuten si lo que viene por el camino son galgos o son podencos, tal vez sus representados, cansados del espectáculo, comiencen a dejarse tentar por procedimientos de Gobierno más expeditivos y menos respetuosos por unas libertades desaprovechadas.

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