"Las sanciones económicas propuestas por el Gobierno son una provocación"

La comisión negociadora de los profesores de enseñanza general básica considera que las sanciones que pretende imponer el Gobierno a los maestros por la pasada huelga son arbitrarias y sin ninguna base legal.

Así lo señalan en un comunicado facilitado ayer en el que añaden que «la actitud del Gobierno constituye una nueva provocación intolerable que obliga al magisterio a entrar de nuevo en una dinámica de lucha con los perjuicios sociales que a estas alturas del curso pueden acarrear, de las cuales sólo el Gobierno es responsable».La mencionada comisión negociadora matiza que el final ...

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La comisión negociadora de los profesores de enseñanza general básica considera que las sanciones que pretende imponer el Gobierno a los maestros por la pasada huelga son arbitrarias y sin ninguna base legal.

Así lo señalan en un comunicado facilitado ayer en el que añaden que «la actitud del Gobierno constituye una nueva provocación intolerable que obliga al magisterio a entrar de nuevo en una dinámica de lucha con los perjuicios sociales que a estas alturas del curso pueden acarrear, de las cuales sólo el Gobierno es responsable».La mencionada comisión negociadora matiza que el final de la huelga se debió, entre otros factores, al compromiso de tratar y negociar como cuestión previa el punto referido a sanciones, compromiso que el Ministerio de Educación y Ciencia no ha cumplido al imponer como decisión de Gobierno su propia opción, sin posibilidad alguna de negociarla.

«Resulta demagógico -añade el comunicado- hablar de "sanciones económicas para paliar los costes de la huelga", cuando el profesorado se había comprometido, según se viera conveniente en cada claustro, a que el curso finalizara de forma satisfactoria».

«El Gobierno, en vez de gravar más aún la situación económica del magisterio, después de no haber atendido sus reivindicaciones salariales -a pesar de estimarlas justas- debe abrir una vía seria de negociación en lugar de dificultarla.»

«La comparación con cualquier país europeo -continúa el comunicado- y cualquier huelga no es válida porque el derecho de huelga no está reconocido para el funcionamiento en la legislación vigente.»

«Difícilmente puede el Ministerio de Educación y Ciencia, sin la participación de los representantes del profesorado, poner en marcha los acuerdos firmados en el acta del 4 de mayo, pues en muchos de ellos existe el compromiso de llegar a criterios comunes.»

Finalmente, la comisión manifiesta seguir estando abierta a negociar todos los asuntos pendientes y añade que para intentar salir de la absurda dinámica establecida por el Ministerio de Educación y Ciencia, solicitará una entrevista con el presidente del Gobierno.

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