El director general de Política Económica justifica las revisiones del Plan Energético

José Luis Leal, director general de Política Financiera del Ministerio de Economía y presidente del grupo de trabajo -que revisó el proyecto del Plan Energético, desveló ayer por primera vez de modo público el contenido de las conclusiones -adelantadas por EL PAÍS el pasado 11 de febrero-, tras haber sido autorizado por el señor Fuentes a quebrantar el secreto que se aplicó a los trabajos y deliberaciones del grupo.El señor Leal señaló que el motivo principal de su comparecencia era la sucesión de ataques personales a los miembros del grupo y la campaña de prensa desatada en contra de las conc...

José Luis Leal, director general de Política Financiera del Ministerio de Economía y presidente del grupo de trabajo -que revisó el proyecto del Plan Energético, desveló ayer por primera vez de modo público el contenido de las conclusiones -adelantadas por EL PAÍS el pasado 11 de febrero-, tras haber sido autorizado por el señor Fuentes a quebrantar el secreto que se aplicó a los trabajos y deliberaciones del grupo.El señor Leal señaló que el motivo principal de su comparecencia era la sucesión de ataques personales a los miembros del grupo y la campaña de prensa desatada en contra de las conclusiones elaboradas. A preguntas de los informadores, respecto de la procedencia de los ataques y la campaña, el director de Política Financiera indicó que «vienen de donde vienen», sin concretar más. En una exposición previa, el señor Leal intentó justificar razonadamente las conclusiones del grupo de trabajo, matizando algunas de sus recomendaciones. Destacó, por ejemplo, la instrumentación de un esquema de precios de la energía eléctrica con carácter disuasorio, en los que aparezca perfectamente diferenciado el factor disuasor que, con criterios fiscales, debería ser reintegrado al Tesoro; esto permitiría reducir las cotizaciones de la Seguridad Social, incrementando la participación del Estado en su financiación, de modo que las empresas pagaran más cara la energía y menos la mano de obra.

La estructura de precios descrita limitará, obviamente, las posibilidades de financiación de construcción de centrales nucleares. Y, dado que éstas deberán ser sufragadas por el erario público, es lógico que ostenten su titularidad los propios organismos estatales.

Respecto al controvertido tema del futuro de la red de transporte de alta tensión, el señor Leal puntualizó que la recomendación del grupo de trabajo no consistía en una nacionalización en el sentido más estricto, sino en el dominio estatal -51% del capital- en la sociedad constituida para ostentar la propiedad del sistema. Ello permitiría aplicar un control insólito hasta estos momentos en España, impidiendo abusos e irregularidades que se producen actualmente con exclusiva frecuencia y reduciendo el porcentaje de pérdida por transporte de la red eléctrica, situado en el 10,5%, el más alto de Europa occidental.

Se refirió al ciclo nuclear manifestando que los intereses básicos de la nación exigen ir hacia el mayor grado de independencia tecnológica que sea posible alcanzar. La adquisición dispersa de centrales nucleares -hoy hay cuatro modelos diferentes- plantea serios problemas de racionalización de la producción de equipos propios y nos impide acceder a una tecnología nacional en este terreno.

José Luis Leal destacó finalmente, que el interés nacional había prevalecido por encima de todo en las conclusiones, cuya resolución final correspondía a los políticos.