Acuerdo PSOE-PCE para la composición de la Junta de Andalucía

Después de las reuniones mantenidas por sus dirigentes regionales los días 18, 23 y 27 de enero, PSOE y PCE parecen haber llegado a un acuerdo en cuanto a la presentación de candidatos al cargo de presidente de la Junta de Andalucía, tema que, como es sabido, constituye uno de los motivos fundamentales del estancamiento en que se encuentran las negociaciones preautonómicas desde hace tres semanas.El «parón» de la preautonomía andaluza se produjo cuando el Gobierno rechazó el texto elaborado en Sevilla por el pleno de la Asamblea de Parlamentarios en el que se estipulaba que sería el partido ma...

Después de las reuniones mantenidas por sus dirigentes regionales los días 18, 23 y 27 de enero, PSOE y PCE parecen haber llegado a un acuerdo en cuanto a la presentación de candidatos al cargo de presidente de la Junta de Andalucía, tema que, como es sabido, constituye uno de los motivos fundamentales del estancamiento en que se encuentran las negociaciones preautonómicas desde hace tres semanas.El «parón» de la preautonomía andaluza se produjo cuando el Gobierno rechazó el texto elaborado en Sevilla por el pleno de la Asamblea de Parlamentarios en el que se estipulaba que sería el partido mayoritario -es decir, el PSOE- el que presentase un candidato a presidente de la región. El Gobierno, PCE y, lógicamente, UCD estimaron que cualquier grupo con representación parlamentaria tendría derecho a proponer. su propio candidato.

Tras las conversaciones bipartitas, y a pesar de la reserva de los participantes, la impresión general es que el PSOE aceptará revocar el acuerdo de Sevilla, en tanto que los comunistas se comprometerán a apoyar, con sus cinco votos, al candidato socialista (presumiblemente, Rafael Escuredo o Plácido Fernández Viagas).

Las dificultades mayores se centran ahora en el otro punto conflictivo: la participación de los representantes de las diputaciones en la Junta de Andalucía. El PSOE mantiene el criterio, también acordado por el pleno del día 7, de que estos representantes sólo deben tener derecho a voz, pero no a voto, hasta tanto no sean sustituidos por otros democráticamente elegidos. El PCE aceptaría, en cambio, en vista de que el Gobierno rechaza esta posibilidad, que pudiesen votar siempre que no interviniesen en la designación del, presidente ni en otros asuntos de importancia sobre los que ya se haya pronunciado el Plenario.