Se aprueban dos créditos extraordinarios para RTVE con fuertes críticas de la Oposicion

Tarde de pasillos en el Congreso al reanudarse el Pleno interrumpido el 22 de diciembre pasado. Pasillos nerviosos por las informaciones que iban llegando desde Pamplona y contestatarios para el escaso interés que ofrecía el hemiciclo, salvo una dura intervención del diputado socialista Baldomero Lozano al explicar la abstención de su grupo en la votación de un suplemento de crédito por más de 3.000 millones de pesetas para RTVE.

La sesión comenzó con la votación de un proyecto de ley de crédito extraordinario por más de 2.056 millones de pesetas para subvenciones a RTVE, que obtuvo 157...

Tarde de pasillos en el Congreso al reanudarse el Pleno interrumpido el 22 de diciembre pasado. Pasillos nerviosos por las informaciones que iban llegando desde Pamplona y contestatarios para el escaso interés que ofrecía el hemiciclo, salvo una dura intervención del diputado socialista Baldomero Lozano al explicar la abstención de su grupo en la votación de un suplemento de crédito por más de 3.000 millones de pesetas para RTVE.

La sesión comenzó con la votación de un proyecto de ley de crédito extraordinario por más de 2.056 millones de pesetas para subvenciones a RTVE, que obtuvo 157 votos favorables, diez negativos y 119 abstenciones.El diputado socialista Félix Pons explicó la abstención de su grupo con duros ataques al sistema informativo de RTVE durante el régimen anterior, con críticas por idéntico concepto al Gobierno actual y sintetizando, en definitiva, que la abstención de su grupo significaba un voto en contra de la política informativa de RTVE. El socialista Andréu Abelló insistió con parecidos argumentos y el ataque a RTVE subió de tono al explicar el diputado Baldomero Lozano la nueva abstención socialista en el proyecto de suplemento de crédito por más de 3.000 millones de pesetas para RTVE.

El señor Lozano fustigó el sistema contable de RTVE y ofreció algunos datos concretos que juzgó escandalosos como, por ejemplo, el que según su información, el director del programa 625 Líneas percibiese por ese concepto más de cinco millones de pesetas y el redactor responsable más de dos millones. En general arremetió contra: la organización económica de RTVE y lo que su grupo entiende como dispendios injustificados y falta absoluta de control en los gastos.

Jaime García Añoveros (UCD) defendió el voto positivo de su grupo que había hecho posible el que el, proyecto fuese aprobado y se limitó a argumentar con reiteración que en RTVE podía haber irregularidades que no se han probado, que puede haber indicios de anomalías en la distribución de las asignaciones económicas de aquel organismo, pero que, en todo caso, se trataba de aprobar un crédito para atender deudas contraídas legalmente, y que el Estado tenía que hacer frente a una serie de acreedores. Y ello con independencia del acierto, incluso de la posible malicia, que hubiera podido originar tales gastos. «No estamos utilizando nada de lo que ha ocurrido en RTVE, pero hay que afrontan ineludiblemente las deudas contraídas.» El señor García Añoveros se mostró dispuesto, en nom bre de UCD, a corregir y mejorar todas las deficiencias que pudierar encontrarse en la gestión económica de RTVE.

Inmediatamente después se aprobarón, por abrumador, maypría y sin ninguna intervención por parte de los parlamentarios, tres proyectos de ley sobre modificación de plantillas de la carrera diplomática; concurrencia española a las cuotas del Fondo Monetario Internacional y ampliación de plantillas del cuerpo de interventores de la Administraciór civil del Estado.

Interpelación sobre Galicia

Antonio Carro, en nombre de Alianza Popular, abrió el turno de interpelaciones con una referida a la industrialización de Galicia Centró su intervención en «la sospecha de que algo se ha tramado contra el gran área de expansión industrial de Galicia», y que ello «se confirma con la declarada política sectorial del Ministerio de Industria». Terminó pidiendo al ministro del ramo «que remueva todos los obstáculos habidos en la tramitación de los expedientes de promoción industrial de Galicia de forma que vuelva la confianza empresarial a los trabajadores y a todos los sectores económicos de Galicia, y, en fin -añadió-, que reafirme la continuidad del área de expansión industrial de Galicia que el decreto de 5-7-1974 previó por diez años».

El señor Carro se había referido con extensión a la supuesta afirmación del subsecretario de Industria y Energía, señor De Vicente, hecha el día 8 de noviembre pasado y en la que, según el señor Carro, había afirmado que «no moverá dedo por apoyar el establecimiento de industrias en Galicia». Por ello, el ministro de Industria, Alberto Oliart, en su contestación comenzó por rebatir esa información argumentando que era «anónima y no contestada ni verificada» y que el subsecretario en cuestión las había desmentido a le prensa gallega tajantemente. El señor Oliart respondió con bastante contundencia a las afirmaciones del señor Carro que calificó, en parte, como «extenso seudoinforme periodístico» y ofreció datos concretos para cada uno de los puntos cuestionados que, según él, demostraban la endeblez de los argumentos.

Añadió que «mientras no se regulen las autonomías regionales que establecerá la Constitución, el Gobierno seguirá manteniendo en su totalidad la política de desarrollo regional existente hasta ahora». Aseguró también que «dentro de los límites señalados para el crédito oficial para 1978 por los pactos de la Moncloa, Galicia tendrá la parte que le corresponde» y añadió que «los porcentajes y cifras que he leído avalan lo que he dicho no como una frase, sino como una realidad», y concluyó asegurando que Galicia estaba en el primer plano de la atención del Gobierno.

El señor Carro replicó bromeando sobre la avalancha de cifras que había ofrecido el señor Oliart, «hace ya catorce años que le llamábamos -dijo- el cerebro electrónico », y dijo que pese a todo, su grupo plantearía una moción sobre el tema.

La Universidad de Alcalá

A continuación la diputada comunista Pilar Brabo tuvo una amplia intervención sobre la situación en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares.

La interpelación se centró en criticar la ausencia de normas de funcionamiento para la Universidad, y señalar la incertidumbre en que se mueven tanto los profesores como los alumnos. Criticó la, según ella, expulsión de determinado profesor, y terminó haciéndose eco de los temores que se habían suscitado sobre la posible privatización de aquellos centros que podían pasar a depender del Opus Dei o de la Editorial Católica.

El ministro de Educación y Ciencia, Iñigo Cavero, rebatió los argumentos de la diputada comunista. Acusó a determinados alumnos de intentar adelantarse a los acontecimientos creando fórmulas universitarias ilegales y aseguró que no existía el más lejano proyecto sobre privatización de la Universidad de Alcalá, ni para ofrecerla al Opus Dei, «con el que no tengo nada que ver», ni a la Editorial Católica, «con la que he tenido alguna relación y que bastantes problemas tiene -añadió para sacar cada día sus periódicos». Se entró en el Último punto del orden del día -no del Pleno que proseguirá esta tarde a las cinco con una pregunta del diputado de Alianza Popular Licinio de la Fuente sobre la situación de los profesores de Educación Cívico-Social y Política. Señaló que afectaba a unos 6.000 trabajadores españoles; argumentó sobre la antigüedad de muchos de estos profesores, sobre la angustiosa situación en que han quedado muchas familias» y pidió que se resolviese el problema haciendo las adaptaciones necesarias.

De nuevo respondió el ministro de Educación, señor Cavero, argumentando que la ley de Educación faculta al Gobierno para regular la inclusión de asignaturas en los programas y que en un momento de cambio constitucional no se podía dejar una asignatura de este tipo a las interpretaciones de cada profesor.

A continuación, el presidente del Congreso levantó la sesión hasta hoy a las cinco de la tarde, tras convocar a los diputados integrantes de la Comisión de Encuesta del Congreso sobre los sucesos de Málaga y Tenerife, a una reunión que tendrá lugar mañana viernes.