Los Medios de Comunicación del Estado, problema del actual momento informativo español

En el empeño colectivo de la actual vía española hacia la democracia los medios de comunicacíón social están desempeñando un doble e importante papel: clarificar la situación, dentro de lo que cabe, por una parte y, por otra, promover nuevos avances y conquistas democráticas no sólo en el terreno político -sección estrella en estos momentos en todos los medios-, sino fundamentalmente en el ámbito social.No hace mucho tiempo José María de Areilza declaraba a Diario 16: «En España ha sido muy difícil y duro llegar a la actual situación de respeto a la independencia y libertad de los perió...

En el empeño colectivo de la actual vía española hacia la democracia los medios de comunicacíón social están desempeñando un doble e importante papel: clarificar la situación, dentro de lo que cabe, por una parte y, por otra, promover nuevos avances y conquistas democráticas no sólo en el terreno político -sección estrella en estos momentos en todos los medios-, sino fundamentalmente en el ámbito social.No hace mucho tiempo José María de Areilza declaraba a Diario 16: «En España ha sido muy difícil y duro llegar a la actual situación de respeto a la independencia y libertad de los periódicos. Los ínformadores, han .llegado a una conciencia crítica de tan alto nivel que ya forma parte indestructible de la política española de hoy». En parecidos términos se pronunciaban otras personalidades pertenecientes a un amplio espectro de partidos Políticos en una encuesta promovida por el mismo periódico con motivo del primer aniversario de su aparición.

El problema más arduo planteado en estos momentos en el sector público es el de solucionar el destino de la prensa del Estado. En el tema están implicados cerca de 5.000 trabajadores pertenecientes a cuarenta periódicos y a 45 emisoras de radio. En una de las últimas sesiones del acuerdo de la Moncloa, el Gobierno planteó la privatización de la antigua cadena de prensa del Movimiento, a lo que se opusieron tajantemente el Partido Comunista español y el Partido Socialista Obrero Español, mientras que la minoría parlamentaria vasco-catalana se pronunció por «la necesidad de que sea cual sea la solución, se respete al menos una cierta regionalización».

Ante este desacuerdo se optó por crear una subcomisión, dentro de la Comisión de Cultura del Congreso, que se encargue del estudio del porvenir de la cadena. De momento Hacienda tendrá que aprobar un crédito de novecientos millones de pesetas para que se paguen las nómimas de los trabajadores de la «Cadena» hasta final de año y, si no se le da otra solución, tendrá que habilitarse también otro crédito, que ascendería a unos 3.000 millones de pesetas, para pagar las nóminas de 1978.

Un problema parecido se plantea en el periódico sindical Pueblo, cuyo futuro va a ser estudiado por una comisión mixta compuesta por miembros del Gobierno, parlamentarios y representantes de las centrales sindicales.

El debate sobre los medios de comunicación del Estado (sobre todo prensa) está en la calle. Los partidos de izquierda se han opuesto a su privatización, pero no han presentado una alternativa más sólida.

Frente a otras soluciones -autogestión, cooperativas de trabajadores- parece que se va a imponer la privatización de estos medios mediante venta o subasta pública. Quienes así lo desean argumentan que el resto de los países democráticos de Europa no tienen ningún tipo de prensa del Estado, y en aquellos que lo han intentado -por ejemplo, Portugal- han fracasado. Si los medios de comunicación del Estado se ponen en venta puede modificarse sustancialmente la geografía informativa española, ya que determinadas empresas periodísticas estarían interesadas en adquirir algunas de estas publicaciones, lo que daría origen a un afianzamiento de la concentración de prensa.

Un estatuto para Radiotelevisión

Los medios audiovisuales han derivado por otros caminos y ya parecen haberse iniciado los pasos para darles una solución moderna. De momento, existe una comisión paritaria Gobierno-partidos (fruto también del acuerdo de la Moncloa) que se encargará de controlar la objetividad informativa de Radiotelevisión Española. La misma comisión elaborará un proyecto de estatuto para su inmediata remisión a las Cortes, procurará el tratamiento regional de televisión y ejercerá, en general, una: función de vigilancia del medio más poderoso de comunicación de masas. Con ello se pretende hacer de la televisión un medio de expresión neutral, al servicio del Estado -del pueblo- y no de un Gobierno o de un determinado partido.

La radio, otro de los grandes aparatos de propaganda del anterior régimen, ha comenzado también a liberalizarse. Las emisoras privadas pueden ya emitir sus propios programas informativos. Lo que sucede es que en la práctica pocas de ellas (la Cadena SER y alguna más) pueden mantener un equipo de informadores y, por tanto, siguen conectando con Radio Nacional. El futuro de Radio Nacional de España y en parte el de todas las radios (no se olvide que es el Estado el propietario, que hace concesiones de emisoras) tiene que pasar también necesariamente por las Cortes.

Respecto a la posibilidad de privatizar Televisión, es muy improbable que esto suceda, aun que existen algunas empresas periodísticas y radiofónicas que estarían dispuestas a montar centros privados de emisión de televisión.

Es más probable que sí puedan funcionar los centros, de producción de noticias para televisión, en radio, periódicos o agencias. De momento, ya se han hecho pruebas con un centro de este tipo que ha instalado la agencia Efe con vistas, sobre todo, al mercado latinoamericano.

La época de transición ha promovido también profundas reconversiones en el sector privado de la información, sobre todo en el de la prensa escrita. Junto a nuevos títulos posfranquistas, que han intentado introducir una idea regenerada de periodismo," tanto a nivel empresarial como redaccional, las empresas periodísticas ya existentes se han replanteado los supuestos sobre los que mantienen sus publicaciones. Dos hechos importantes han influido también en estos planteamientos: la aparición, por una parte, de la prensa regional o de las nacionalidades (A vui, Deia, Egin, Diario Regional, de proxima aparición en Asturias), y el definitivo establecimiento, tras su plena legalización, de la prensa de partido (El Socialista, Mundo Obrero, Combate ... )

Entendimiento profesional de la información

Precisamente ahora, cuando las tendencias políticas y sindicales pu den practicarse sin trabas insalvables, cuando en definitiva el panorama político comienza a clarificarse, es cuando se impone un entendimiento y una práctica profesional de la Información. Actualmente faltan -no existe ninguno- movimientos profesionales de informadores que preserven a la profesión (lo que equivale a decir al lector o destinatario) de los ataques y deseos absorbentes de partidos, grupos depresión, sindicatos, empresas e incluso de movimientos ciudadanos.

Bases para intentar esa unidad profesional a través de sociedades de redactores, estatutos de redacción, federaciones de sociedades de redactores y de otros órganos colegiados de defensa e incluso de autocontrol -frente al control de los partidos o del propio Parlamento- existen, y muy aprovechables.

Aunque el marco jurídico actual en materia de prensa y empresas periodísticas no permita poner en práctica este entendimiento profesionalista de la información -que en otros países de Europa hace tiempo que se practica- pensamos que existirá alguna fórmula para cambiar esas leyes.