Orden público y documento economico, temas previstos a discusión

La «cumbre» de la Moncloa que hoy se reanuda tiene ante sí dos documentos importantes: el programa económico, cuya elaboración sectorial terminó la comisión de trabajo ayer a las doce y veinte de la noche, y las propuestas gubernamentales para la reforma de la actual legislación sobre orden público.

El orden del día previsto se inicia con la revisión profunda de la ley de Orden Público, encaminada a expurgarla de sus características menos democráticas. Se propone la supresión de todos los aspectos relacionados con la defensa de las Leyes Fundamentales y Leyes del Movimiento Nacional, re...

La «cumbre» de la Moncloa que hoy se reanuda tiene ante sí dos documentos importantes: el programa económico, cuya elaboración sectorial terminó la comisión de trabajo ayer a las doce y veinte de la noche, y las propuestas gubernamentales para la reforma de la actual legislación sobre orden público.

El orden del día previsto se inicia con la revisión profunda de la ley de Orden Público, encaminada a expurgarla de sus características menos democráticas. Se propone la supresión de todos los aspectos relacionados con la defensa de las Leyes Fundamentales y Leyes del Movimiento Nacional, reducción de las facultades sancionadoras gubernativas, excluyendo de su potestad todo el ámbito de las limbertades públicas constitucionalmente reconocidas y la supresión de la figura de «responsabilidad personal subsidiaria» así como de toda sanción gubernativa que implique privación de libertad.En estos aspectos no parece que se vaya a plantear ninguna discusión de fondo entre el Gobierno y los partidos. Un tratamiento distinto tendrá la adscripción de las fuerzas de orden público -Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y Policía Armada- a la autoridad civil.

El Gobierno propone una adscripción funcional, de forma que dichas fuerzas, cuando actúen en el ámbito del orden público, queden bajo la autoridad del Ministerio del Interior y, por delegación, del delegado de Seguridad del Estado, que sería la nueva denominación de director general de Seguridad.

Los partidos de izquierda, por su parte, pretenden que dicha adscripción tenga un carácter orgánico. Existe acuerdo general en que las actuaciones presuntamente delictivas de las fuerzas de orden público caigan bajo la jurisdicción ordinaria, excepto cuando actúen con orden expresa de la autoridad militar.

La propuesta gubernamental de incluir en la ley un apartado específico dedicado al tratamiento del terrorismo encontrará cierta oposición por parte de los partidos de izquierda, sobre todo en lo que se refiere a la creación de un cuerpo especial de policía, ya que estiman que será de difícil reciclaje una vez desaparecidos los supuestos actuales. La izquierda propone que sea el Código Penal el que contemple los casos de terrorismo y que caigan bajo la jurisdicción ordinaria.

La impresión más generalizada entre los parlamentarios que acudirán hoy a la Moncloa es que se crearan comisiones de expertos para. tratar más en profundidad esos puntos. Entre esos expertos figuran Jaime Sartorius, del Partido Comunista de España; Plácido Fernández Viagas, del Partido Socialista Obrero Español y Joaquín Navarro, del Partido Socialista Popular, especialistas, todos ellos, en cuestiones de tipo jurídico y procesal.

No se espera que la «cumbre política pueda finalizar hoy, ya que se considera conveniente una reunión posterior a la que mantendrá en su día el Gobierno con los representantes de las centrales sindicales de trabajadores y patronos.

El PSOE, que según fuentes consultadas por EL PAIS, está «relativamente contento» de los acuerdos a que se está llegando en la Moncloa -especialmente, las contrapartidas obtenidas en la negociación económica- manifiesta un claro descontento por los términos del decreto-ley de convocatoria de elecciones sindicales, por cuanto estima que supone una ventaja de salida para Comisiones Obreras, en perjuicio de la Unión General de Trabajadores.