Trabajo y Seguridad Social
Las consecuencias que la reciente reforma administrativa proyecta sobre la Administración Social son distintas según las áreas de dicha Administración.Una primera aproximación permite afirmar que los temas laborales y de empleo gestionados por el antiguo Ministerio de Trabajo pasan al nuevo Ministerio de Trabajo. Al mismo nivel cabe afirmar que, en principio, todo el aparato de la Seguridad Social, desde la Subsecretaría del tal nombre existente en el viejo Ministerio de Trabajo a la última de las Mutualidades Laborales pasa al nuevo Ministerio de Sanidad y Segurida...
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Las consecuencias que la reciente reforma administrativa proyecta sobre la Administración Social son distintas según las áreas de dicha Administración.Una primera aproximación permite afirmar que los temas laborales y de empleo gestionados por el antiguo Ministerio de Trabajo pasan al nuevo Ministerio de Trabajo. Al mismo nivel cabe afirmar que, en principio, todo el aparato de la Seguridad Social, desde la Subsecretaría del tal nombre existente en el viejo Ministerio de Trabajo a la última de las Mutualidades Laborales pasa al nuevo Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, juntamente con la vieja Dirección General de Sanidad del antiguo Ministerio de la Gobernación.
Pero, como he señalado, tal distribución no es sino una primera aproximación, ya que hay instituciones y organismos que no son ni carne (laborales) ni pescado (seguridad social), sino una extraña mezcla entre ambas naturalezas, explicable por su origen histórico y por la procedencia de las fuentes de financiación de tales organismos.
Así, por ejemplo, parece claro que la política de empleo debe ser cosa del Ministerio de Trabajo, y que la formación profesional debe montarse y gestionarse en íntima conexión con la política de empleo. Pues bien, una cosa es que se acepte tal afirmación como cierta y otra, bien distinta, que el brazo ejecutor de la política de formación profesional del viejo Ministerio de Trabajo, el Servicio de Empleo y Acción Formativa (SEAF-PPO) no dependa financieramente de la Seguridad Social, como de hecho ocurre, ya que es un servicio común de la Seguridad Social.
No es este el único ejemplo. Casos como el del Instituto Español de Emigración (auténtica entidad gestora de la Seguridad Social a efectos de recibir recursos financieros de ésta e instrumento de la política de empleo, al menos en teoría, si se analizan las funciones que tiene encomendadas) como el del Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (dependiente financieramente de la Seguridad Social y funcionalmente enmarcado en la línea clásica de política laboral del Ministerio de Trabajo) o como el del Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social son claro testimonio de que detrás de lo que el Gobierno Suárez llama reestructuración administrativa hay algo más que eso, al menos en. el área de la Administración Social.
Ello explica que el Gobierno haya creado una comisión mixta entre los Ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social para delimitar definitivamente la adscripción de tales organismos.
Se trata de una adscripción y de una delimitación de competencias entre dos departamentos ministeriales, aparentemente aséptica, aunque, de hecho, no lo es. Lógicamente cabe esperar que detrás de la definitiva distribución de competencias entre estos dos Ministerios existan criterios políticos sobre la significación y el protagonismo de la política de empleo en el contexto del programa de trabajo del Gobierno de la UCD.
Pues bien, esos criterios no han sido discutidos en el Congreso. Alguien podrá decirme que en las leyes vigentes el Gobierno no tiene por qué responder ante las Cortes, al menos formalmente. Cierto. Pero no lo es menos que cuando las Cortes, y concretamente el Congreso, discutan en su día la reforma administrativa, los parlamentarios expondrán sus criterios políticos (los de sus partidos) y que para la oposición de izquierdas la política de empleo es una de las piezas claves de su programa para sacar a este país del atasco económico
Unase a ello que los sindicatos democráticos, tanto los dos de inspiración socialista (UGT y USO) como los de inspiración comunista (CCOO y Sindicatos Unitarios) no son invitados de piedra, y que, por tanto, tienen muchas cosas que decir sobre la política social y sobre la política económica. De ahí que la reestructuración de la Administración Social no sea un tema indiferente para el sindicalismo democrático, que no ha sido consultado por el Gobierno Suárez a la hora de coger la tijera para cortar por aquí y por allá y hacer la reestructuración administrativa de la Administración Social.