Oposición a la institucionalización de las Cámaras Agrarias
La posible regulación de las actuales Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, se está convirtiendo en motivo de malestar entre las organizaciones campesinas actualmente existentes y que se encuentran fuera de la órbita gubernamental.En este sentido, la Coordinadora Regional de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que, ante la posibilidad de un inminente real decreto-ley sobre regulación de Cámaras Agrarias, «considera que se trata de una maniobra continuista de las actuales estructuras antidemocráticas M campo español».
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La posible regulación de las actuales Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias, se está convirtiendo en motivo de malestar entre las organizaciones campesinas actualmente existentes y que se encuentran fuera de la órbita gubernamental.En este sentido, la Coordinadora Regional de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que, ante la posibilidad de un inminente real decreto-ley sobre regulación de Cámaras Agrarias, «considera que se trata de una maniobra continuista de las actuales estructuras antidemocráticas M campo español».
En el caso de que se promulgue este real decreto-ley, la Coordinadora ha acordado adoptar las medidas de fuerza necesarias, en la misma línea de actuación que hasta ahora ha desarrollado.
Por su parte, el sindicato campesino catalán, Unió de Pagesos, en otro comunicado rechaza categóricamente los intentos del presidente de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganaderos, Luis Mombiedro, de institucionalizar una entidad específicamente para el campo que conservaría el nombre de Cámara Agraria.
La Unió de Pagesos considera que la propuesta del señor Mombiedro dirigida al Gobierno que no solamente tendría un carácter de consultas con funciones de promoción y gestión, sino también de defensa de los intereses agrarios, es una grave interferencia en la libertad sindical del campo. sobre todo después de que el Gobierno ha acomodado la legislación sindical española a los postulados de la OIT, dejando sin efecto la sindicación obligatoria y el pago de la extracción fiscal.