La democracia humillada

Ex miembro de Centro Democrático, candidato al Congreso por Partido Demócrata GallegoLa democracia es un medio de Gobierno, entre otros posibles, y una finalidad moral de la sociedad.

La política de reforma que ha emprendido el régimen de Franco, a juzgar por las palabras de quienes la protagonizan, pretende llevar a la democracia en seis meses. Desde el 15 de diciembre (referéndum) al 15 de junio (elecciones legislativas). Examinemos si este camino conduce, sin ruptura posterior, a la democracia, es decir, a un sistema político con el que el Gobierno esté designado y control...

Ex miembro de Centro Democrático, candidato al Congreso por Partido Demócrata GallegoLa democracia es un medio de Gobierno, entre otros posibles, y una finalidad moral de la sociedad.

La política de reforma que ha emprendido el régimen de Franco, a juzgar por las palabras de quienes la protagonizan, pretende llevar a la democracia en seis meses. Desde el 15 de diciembre (referéndum) al 15 de junio (elecciones legislativas). Examinemos si este camino conduce, sin ruptura posterior, a la democracia, es decir, a un sistema político con el que el Gobierno esté designado y controlado por el pueblo, y en el que la sociedad esté inspirada por las virtudes morales de la ciudadanía.

La democracia como medio de Gobierno exige no la simple introducción de] sufragio universal, sino que este sufragio tenga por finalidad designar a los gobernantes, bien de modo directo (presidencialismo), bien de modo indirecto (parlamentarismo). Las elecciones legislativas convocadas no tienen esta finalidad. Los diputados que resulten elegidos no tienen ninguna posibilidad legal para designar un nuevo Gobierno, ni para provocar la dimisión de¡ Gobierno actual. Es pues evidente que el 15 de junio, contra lo que dice la propaganda de la televisión y de las vallas pubicitarias gubernamentales, la dernocracia como sistema de Gobierno no será un hecho.

Tampoco desde el punto de vista de la finalidad moral de la democracia, la situación actual responde a los principios de coherencia moral y de ejemplar¡dad política que una sociedad necesita para pasar de la humillación inherente al estado de sóbidot, que los españoles hemos padecido bajo el régimen totalitario de Franco, a la dignidad que comporta el estado de ciudadano. No es razonable esperar una superación de la moralidad pública y privada de una sociedad que se pretende conducir y dirigir en la democracia por las mismas personas y los mismos grupos quela humillaron en el pasado, es decir, sin ejemplaridad ni coherencia.

Las fuerzas políticas que sostuvieron desde la oposición al régimen tanto la necesidad de que el poder político ejecutivo esté legitimado por el sufragio universal, como la dignidad de los valores ciudadanos de la democracia, participan, no obstante, en la política, de reforma con la intención de superar esta evidente contradicción ética y política medi,inte la conversión de las elecciones legislativas en elecciones constituyentes. Es decir, mientras que el 15 dejunio es una fecha termina¡ para el régimen en su apertura a la democracia, para la Oposición es una fecha inicial.

Cortes constituyentes: ruptura de la legalidad

El presidente del Gobierno también habla, como las fuerzas políticas democráticas, de que las Cortes elegidas serán constituyentes. Por de pronto, resulta paradójico que el propio presidente del Gobierno anuncie, no sabemos si como presidente o como candidato, que no respetará la ley de Reforma Política que preside. Porque una cosa es indudable: ni la ley de Reforma Política ni el referéndum por la que fue plebiscitada autorizan a que las Cortes legislativas convocadas puedan transformarse en Cortes constituyentes, sin ruptura de la legalidad. Las fuerzas políticas opuestas al franquismo nunca han ocultado a la opiniónpública su íntención de concurrir a las elecciones legislativas para tratar de transformar las Cortes resultantes en auténticas Cortes constituyentes, es decir, con poderes soberanos para cambiar la legalidad política vigente respecto a la designación del poder ejecutivo y las demás cuestiones del Gobierno y del Estado. Una de las coaliciones electorales que nació con esta intencionalidad constituyente del Estado democrático fue el Centro Democrático. La ausencia de una coalición electoral integrada por todas las fuerzas políticas que habían realizado la unidad de la oposición en Coordinación Democrática, determinó la decisión de USDE de coaligarse con los liberales, demócratas cristianos y socialdemócratas del Centro Democrático, para reforzar las posibilidades tácticas de la oposición ante la difícil coyuntura en que la situó la convocatoria de unas elecciones prematuras.

Pero hoy los datos han cambiado sustancialmente. El Centro Democrático no existe como opción democrática constitucional.

Se ha converfido en el instrumento electoral del presidente del Gobierno. Lo que hoy existe es la Unión del Centro gubernamental, ue no es ni una fuerza política le centro, ni una fuerza democrática, aunque si es una unión. Unión de las antiguas fuerzas franquistas, pero no de todas, con algunos pequeños sectores liberales y democristianos. Los franquistas no integrados en esta unión (Alianza Popular), han sido compensados con lo que

se desgajaban últimamente del franquismo constituyendo nuevos partidos liberales y socialdemócratas, y con un solo sector de la Oposición que se separó de la democracia cristiana. La evidente preponderancia en esta unión de las fuerzas sociales y políticas del régimen reduce a sus compariantes a un papel subordinado y sin influencia real. Quienes no aceptaron esta humillación de la democracia se salieron del centro. Unos, con criterio muy respetable, para abstenerse. Otros, con criterio también respetable, para participar en coaliciones o partidos que se oponen a esta operación de salvaguardia del régimen.unión gubernamental no hará una constitución democrática. Si, como parece, las elecciones, celebradas en un clima de confusión, de manipulación del poder, y de ausencia de ejercicio de todas las libertades consagran el triunfo electoral de la unión gubernamental, las nuevas Cortes elaboraran sin duda leyes y reformas (le orden constitucional, pero en modo alguno una Constitución democrática, es decir, una Constitución de todo el pueblo, y para todo el pueblo.

La Constitución democrática o es un proceso de autoconstitución de todos los sectores sociales, o es una carta constitucional que la clase gubernamental se dicta a si misma, bajo una ideología que, le llaga aparecer como dictada por el interés general de la sociedad. En una situación de normalidad dernocrática, la oposición minoritaria solamente aspira a tomar el relevo del poder gubernamental, sin poner en discusión el cuadro constitucional del Estado. Pero en una situación constituyente de la democracia, como es el caso actual de España, la oposición minorítaria, ante la inayoría gubernamental constituyente de la reforma del régimen, incapaz de provocar un cambio legal de Gobiernú, no podrá tampoco integrarse en la Constitución que le dicte, pese a todas las apariencias de negociación o de debate parlamentario, la mayoría gubernamental.Esta mayoría que impondrá «su» Constitución a toda la sociedad estará integrada no sólo por los diputados y senadores de la unión del centro gubernamental, sino además por los de Alianza Popular, cuyos intereses objetivos en materia de constitución política del Estado son coincidentes, pese a sus evidentes diferencias personales y políticas en cuestiones secundarias.

Ante esta previsión, todo demócrata consciente debe contribuir en la medida de sus posibilidades a evitar que se instale en España una democracia humillada. Si las fuerzas genuinamente democráticas no consiguen obtener la mayoría electoral, no es porque la sociedad española no esté en su mayoría a favor de la democracia y de la libertad, sino porque los poderes del Estado actual no han permitido que todos los sectores sociales accedan a la conciencia política antes de constituirse en el Estado.

Dada la situación electoral, y ante el peligro de hacer el juego con nuestro voto, a los grupos políticos que detentan la iniciativa constitucional para utilizarla en favor de sus intereses, a los demócratas no nos queda más que un camino: utilizar la campaña electoral para ayudar al pueblo a que adquiera una conciencia política adecuada a su verdadero estado de desarrollo y de necesidad de liberación. Sólo la libertad de información que va a permitir la campaña electoral legitima la participación en ella de los partidos y de las personas verdaderamente democráticas. No habrá democracia humillada, si los demócratas no aceptan ser humillados, aunque pierdan esta primera escaramuza.