Próxima nacionalización de los trece kilómetros paralizados del Metro

En un plazo de tiempo no superior a dos semanas, el Consejo de Ministros puede aprobar por la vía del decreto-ley la nacionalización de los trece kilómetros de infraestructura del Metro de Madrid que están paralizados, basándose para ello en el incumplimiento de contrato de la Compañía Metropolitana, que no ha realizado las obras para su puesta en servicio.De acuerdo con las fuentes consultadas por EL PAIS, la obra de poner en servicio los trece kilómetros actualmente paralizados correría a cuenta del Estado, que lo cedería posteriormente en su gestión al Ayuntamiento de Madrid, una vez creado...

En un plazo de tiempo no superior a dos semanas, el Consejo de Ministros puede aprobar por la vía del decreto-ley la nacionalización de los trece kilómetros de infraestructura del Metro de Madrid que están paralizados, basándose para ello en el incumplimiento de contrato de la Compañía Metropolitana, que no ha realizado las obras para su puesta en servicio.De acuerdo con las fuentes consultadas por EL PAIS, la obra de poner en servicio los trece kilómetros actualmente paralizados correría a cuenta del Estado, que lo cedería posteriormente en su gestión al Ayuntamiento de Madrid, una vez creado el organismo gestor de los transportes colectivos que está en proyecto de constitución y que sería similar al organismo vigente en Londres y que se denomina London Transport.

El último paso para llevar a cabo la desprivatización de la Compañía Metropolitana consistiría en la expropiación de los bienes de la compañía y el pago al accionariado, trámite que de seguirse podría ser bastante largo, ya que podrían transcurrir cerca de tres años.

Las mismas fuentes ya aludidas ponen de manifiesto que la suspensión de la Junta Accionista el pasado viernes no tendrá ningún peso, ya que la línea a seguir marcada no sufrirá variación alguna.

En el mismo orden de cosas hay que señalar que la entrevista mantenida entre el ministro de Obras Públicas, Leopoldo Calvo Sotelo, y el presidente del Metro, Carlos Mendoza, no ha tenido otro fin, según las fuentes oficiales, que el de informar sobre la junta general suspendida.

La opinión del Ministerio de Obras Públicas es, que mientras que el Metro sea un servicio público, el Estado no puede quedar al margen y debe intervenir sin que cuente para ello la opinión de los accionistas.