Italia pedirá la extradición de los terroristas italianos en España
El Gobierno italiano se propone requerir de las autoridades españolas una mayor colaboración para perseguir y, si es posible, conceder la extradición de extremistas políticos refugiados en España. Así lo dio a conocer, aunque sin mencionar la palabra España, el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, en el discurso que pronunció ayer ante la Cámara de Diputados, abriendo el debate parlamentario extraordinario sobre el orden publico.
«El Gobierno —dijo Andreotti— desarrollará las debidas acciones, en particular cerca de aquellos estados extranjeros donde se ha tolerado ho...
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El Gobierno italiano se propone requerir de las autoridades españolas una mayor colaboración para perseguir y, si es posible, conceder la extradición de extremistas políticos refugiados en España. Así lo dio a conocer, aunque sin mencionar la palabra España, el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, en el discurso que pronunció ayer ante la Cámara de Diputados, abriendo el debate parlamentario extraordinario sobre el orden publico.
«El Gobierno —dijo Andreotti— desarrollará las debidas acciones, en particular cerca de aquellos estados extranjeros donde se ha tolerado hospitalidad a algunos elementos e inculpados, con el fin de que no sea negada a la justicia la necesaria colaboración.»
Más concreta fue la alusión del presidente del Consejo italiano en España, donde repetidamente se denunció la presencia de conocidos personajes neofascistas italianos —condenados o implicados presuntamente en delitos terroristas de gravedad—, al afirmar que «los profundos cambios políticos registrados en uno de estos estados pueden permitirnos, y ya lo estamos experimentando, algún resultado».
Las relaciones jurídico-penales entre España e Italia están reguladas aún por un convenio que la Corona española firmó en 1868.
Se debe este fenómeno a que el convenio de asistencia judicial, penal y de extradición, que Italia y España firmaron en Madrid, el 22 de mayo de 1973, no fue ratificado aún por el Parlamento italiano y, por consiguiente, no pudo entrar en vigor.
Mientras que la ratificación fue inmediata por parte española, el convenio está bloqueado en el Senado italiano, tanto por razones de fondo como por aquellas de carácter político.