Cuando la calle contesta al poder

UNA HUELGA política generalizada paralizó ayer dos de las provincias Vascas y gran parte de las otras dos también Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una gran protesta de signo político y, mientras tanto, toda España sufre las consecuencias de una huelga de Correos, de incierto final y solución. Dos cosas son a nuestro juicio evidentes y comunes en todos estos casos: la primera de todas ellas, la inhabilidad de unos gobernantes que sólo saben llamar a los guardias o quedarse estupefactos ante las situaciones de conflicto. Su escasa capacidad negociadora, sumada a unas proclamas y declaraci...

UNA HUELGA política generalizada paralizó ayer dos de las provincias Vascas y gran parte de las otras dos también Santa Cruz de Tenerife fue escenario de una gran protesta de signo político y, mientras tanto, toda España sufre las consecuencias de una huelga de Correos, de incierto final y solución. Dos cosas son a nuestro juicio evidentes y comunes en todos estos casos: la primera de todas ellas, la inhabilidad de unos gobernantes que sólo saben llamar a los guardias o quedarse estupefactos ante las situaciones de conflicto. Su escasa capacidad negociadora, sumada a unas proclamas y declaraciones en todos casos dignas de los mejores tiempos del «show» celtibérico, son para ponerse a pensar sobre cómo gentes así quieren conducir ni más ni menos que un proceso democrático.

La segunda observación es el hecho de que se trata de acciones de solidaridad -en dos casos de todos los ciudadanos, y en el otro de un sector laboral concreto -, motivadas porprotestas de signo político; pues política es, en cierto modo, también la huelga de los carteros, aunque esté avalada por una situación laboral anómala y unas reivindicaciones de signo económico.

Los sucesos del País Vasco merecen una reflexion ,serena. Los gobernadores de la zona habían anunciado para ayer «una insidiosa campaña propagandística de organizaciones de la extrema izquierda ¡legal y terrorista ... », pero nos hemos encontrado con todo un pueblo que protesta por unas formas de gobernar vejatorias en muchos casos para sus derechos y para la condición humana. Lo de ayer no fue, así, un movimiento subversivo, sino algo más grave, serio e histórico que eso._ Fue el rechazo del poder por parte de la calle. Y en estos casos ya se pueden llenar las calzadas de fuerzas antidisturbios, que no por eso el poder y la autoridad saldrán reforzados.

Las provincias vascas se han paralizado por razones no económicas: en demanda de una amnistía total para los vascos. Lo mismo que en Santa Cruz de Tenerife, donde la gente se ha echado a la calle en un acto de protesta masiva originada por cómo se entiende a veces entre nosotros la represión del delito y la salvaguardia del orden. Conviene no ser alarmistas, pero conviene desde luego alarmarse cuando hay motivos para ello. Lo que vascos y canarios están diciendo es que es preciso arbitrar las relaciones de

los ciudadanos con el poder de modo muy diferente a

como están ahora establecidas. Y es, al final, lo que los propios carteros exponen. Esta huelga merecerá un comentario , aparte, pero vaya por delante en esta opinión de urgencia una impresión ya muy contrastada: la huelga empeoró cuando se quisieron intentar originales sistemas de resolverla, contratando voluntarios que hicieran las veces de carteros. La Operación Mercurio no la habrían montado mejor los propios líderes de la protesta: ésta, que era parcial, se generalizó y las divisiones de los carteros desaparecieron para dar paso a una unidad de hecho: la que rechaza un sistema de diálogo dé sordos entre los funcionarios y la Administración. En una palabra, se está rechazando en cada caso la legalidad vigente, a la que se aferra el poder; y se rechaza, no porque sea la legalidad, sino porque no sirve para resolver los conflictos que se plantean. Se dice no a décadas de autoritarismo y se reclaman fórmulas modernas de diálogo y convivencia: Muchos pueden sucumbir a la tentación de pensar que todo esto son cosas de la democracia. Pero la democracia no es el poder en la calle, ni la inhibición del gobernante, ni el desamparo del ciudadano. Aquí resulta que, como los carteros están en huelga y no se les quiere militarizar -única alteenativa que el poder contempla-, los españoles nos quedamos sin recibir cartas. Vaya sistema de gobernar un país. O con la cachiporra en la propia mano, e. con la cachiporra en la mano de los demás. Era lógico: los gobernantes del franquismo no pueden, por más que quieran, ser gobernantes de la democracia, porque no son demócratas. El nuevo régimen debe, por eso, dar paso desde ahora a otras formas de entender los problemas. Pero, sobre todo, a alguna forma de solucionarlos.

No es pecar de agoreros decir que el otoño caliente no ha hecho sino comenzar, y hay que hacer una llamada a la serenidad de todos, Si la actual situación de indisciplina laboral por razones políticas o económicas- crece, la economía, gravemente amenazada ya, puede verse tan en peligro que, al amparo del desorden en la calle o la baja del poder adquisitivo de la gente,laya sectores que propongan por último soluciones de fuerza. Esto no es nuevo en nuestra historia y no es difícil de predecir que acabará por suceder si sigue habiendo muchos lunes como el de ayer. El país necesita una moratoria nacional de unos meses, en la que se relajen tensiones y se recomponga la situación de la economía. Esta moratoria equivale, de un lado, a que el Gobierno no se siga empeñando en hacer solo una reforma que resulta imposible si no se cuenta con la oposición; y del otro, a que la oposición acepte, bajo condiciones una mínima plataforma de encuentro con el Gobierno.en la oposición incluimos a los sindicatos obreros, que deben asumir el papel de la responsabilidad que les ha tocado jugar: saber combinar sus reivindicaciones con la estabilidad general del país en medio del proceso de cambio político. Hace falta, pues, de un lado, paz en la calle y que los partidos de la oposición no se empeñen en una labor de permanente obstruccionismo -a este respecto nos parece muy desafortunada la última declaración de Coordinación Democrática-; del otro, que el Gobierno se deje de aferrar, a legalidades obsoletas y pacte definitivamente con el pueblo soberano -como el mismo Gobierno dice- las condiciones de la democracia: que acepte sentarse a la mesa con los representantes de los grandes partidos históricos y de las centrales sindicales, en un esfuerzo conciliador y constructivo.