La mediación de las autoridades en el conflicto es puramente política

La Agrupación Provincial de Panadería de Madrid ha hecho público su desconcierto -a través de una nota informativa- por las declaraciones del gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, en las que muestra su confianza de que el precio del pan pueda bajar después de las reuniones que pueda mantener la que él denomina «comisión de precios». Entiende la Agrupación que el tema del pan ha sido tratado muy a la ligera por las primeras autoridades madrileñas -el gobernador y el alcalde-, a quienes acusa de haber procurado complacer a la galería, antes que adentrarse en los problemas sustanciales que...

La Agrupación Provincial de Panadería de Madrid ha hecho público su desconcierto -a través de una nota informativa- por las declaraciones del gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, en las que muestra su confianza de que el precio del pan pueda bajar después de las reuniones que pueda mantener la que él denomina «comisión de precios». Entiende la Agrupación que el tema del pan ha sido tratado muy a la ligera por las primeras autoridades madrileñas -el gobernador y el alcalde-, a quienes acusa de haber procurado complacer a la galería, antes que adentrarse en los problemas sustanciales que arrastra el sector, tratándolos desde su vertiente puramente política.Presuponer por parte de la autoridad provincial que el precio del pan pueda bajar -añade la nota- es aceptar de forma gratuita que el precio del mismo no responde a sus costos y beneficios legales, aprobados por la Comisión de Precios, y predispone de forma contraria a la opinión pública y a los consumidores contra elector.

La Agrupación, que hace público que en ningún momento se ha opuesto a que cualquier industrial pueda bajar el pan, lamenta que el gobernador preste mayor atención a las asociaciones de vecinos y a la calle que a los problemas sustanciales de la industria panificadora. La Agrupación llama la atención también sobre la actitud adoptada por el alcalde de conceder todas las licencias que le sean solicitadas para la apertura de despachos de pan, por hallarse en oposición con el artículo octavo del decreto 542/1976 del 5 de marzo. Manifiesta la Agrupación que las acciones legales contra el Ayuntamiento, que llevarán si es preciso, hasta el Tribunal Supremo, significan una protesta por lo que entienden es una extralimitación de funciones, y que la Agrupación no ha sido autora de la ley, que el alcalde de Madrid parece desconocer, sino que lo ha sido la Administración.

Sobre la reestructuración del sector, opina por último la Asociación que los llamados a opinar son la Dirección General de Industrias Alimentarias.