El ex alto cargo de Transición Ecológica creó una “caja negra” en el ministerio para favorecer los proyectos de Forestalia

La investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que esta semana ha derivado en la detención del dueño de la empresa Forestalia, Fernando Samper, y del ex alto funcionario del...

La investigación de los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que esta semana ha derivado en la detención del dueño de la empresa Forestalia, Fernando Samper, y del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica Eugenio Domínguez ha destapado toda una trama para favorecer supuestamente los proyectos eólicos y solares de esta empresa aragonesa y que recibieran el aval medioambiental. Hasta tal punto que Domínguez —subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio entre 2017 y junio de 2023, y luego unos meses más asesor del mismo departamento— se autoasignaba los proyectos de Forestalia para tramitarlos. Creó presuntamente una “caja negra” en “la que los expedientes desaparecían del circuito de supervisión ordinario, concentrando en su persona un conflicto de funciones al ser supervisor y gestor a la vez”, como explica la UCOMA en uno de los informes incorporados al sumario del caso al que ha accedido EL PAÍS.

Esa “autoasignación” de los proyectos de Forestalia, de la que luego recibió presuntas mordidas a través de un sistema de sociedades opacas, fue calificada de “extraordinaria por múltiples testigos” del ministerio que han colaborado en la investigación. “Fue el acto que permitió todas las irregularidades posteriores”, afirman los investigadores. Los agentes sitúan el grueso de las irregularidades en el boom de las renovables de 2022 y 2023, cuando llegaron cientos de peticiones para la puesta en marcha de grandes parques solares y eólicos al ministerio y a otros gobiernos regionales.

En este contexto de aluvión de proyectos, la investigación de la UCOMA sitúa a Domínguez como el hombre de Forestalia en el ministerio, cuyo cometido era “facilitar y asegurar la aprobación de los proyectos” de este grupo. Esta empresa, conocida en el sector por sus agresivas prácticas y con una implantación muy fuerte en Aragón, se dedicaba en gran medida a tramitar y conseguir los permisos para proyectos renovables que luego vendía a otras empresas.

Domínguez, siempre según el informe de la UCOMA, se valía de esa autoasignación de los expedientes de Forestalia, pero también de “la presunta modificación de informes técnicos para eliminar contenidos desfavorables” y “la posible influencia sobre organismos” para lograr el aval medioambiental. El alto funcionario actuaba “de facto al margen de la estructura jerárquica y funcional de la subdirección” y eludía “los controles formales”. También se servía presuntamente de la empresa Tragsatec, dependiente también del ministerio, para supuestamente “crear un canal de tramitación paralelo” donde contaba con una “guardia pretoriana leal” que operaba “de forma aislada de los técnicos funcionarios del ministerio, garantizando un control total sobre el contenido y el resultado de las evaluaciones”.

Esta investigación, dirigida desde el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente, se centra en 52 proyectos renovables de esta provincia. El informe de la UCOMA en el que se relata el funcionamiento de la trama ofrece ejemplos concretos de esas maquinaciones del ex alto funcionario para quedarse con los expedientes de Forestalia.

El caso más llamativo es el del conocido como Clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico del país, y el que está en el centro de esta instrucción. En ese expediente, Domínguez figuraba como “consejero responsable” encargado de la declaración de impacto ambiental. Y colocó supuestamente a dos técnicos “sin cualificación” suficiente, pero de su confianza, como responsables. Finalmente, esa declaración favorable llegó en diciembre de 2022, algo que resultó clave para que en julio de 2024 el Consejo de Ministros diera el permiso definitivo al macroproyecto en julio de 2024. Forestalia, tras lograr el permiso ambiental, vendió este polémico proyecto a un fondo danés que aún no ha empezado su construcción.

La relación de Domínguez con Forestalia era tan estrecha que, como resalta la UCOMA, “por las tardes, fuera de su horario laboral” solía acudir a la sede de la empresa. “Esta relación se mantuvo tras su jubilación, continuando su labor de facilitador desde su nuevo puesto como asesor de la Secretaría de Estado” de Medio Ambiente, añaden los investigadores.

Pero este alto funcionario no solo “facilitaba los trámites, sino que presuntamente participaba en el beneficio económico derivado de ellos”. Con su familia constituyó en julio de 2023 una mercantil, que formalmente estaba dedicada a la decoración. Pero los agentes sostienen que era una vía “para la recepción de pagos ilícitos vinculados a su cargo público”. Junto a su esposa, habría participado en la “firma de contratos privados de compraventa de participaciones sociales” en una notaría en septiembre de ese mismo 2023, cuyo titular también fue detenido esta semana. “Estas operaciones se realizaron mediante actas de depósito en sobres cerrados custodiados en una caja fuerte, técnica diseñada para no dejar rastro en el Índice de Actividad Notarial y presumiblemente evitar ser descubierto”, añade el informe de los investigadores.

Con este sistema logró participaciones en Babieca Investment Renewable, que era “la entidad que controla a las empresas promotoras cuyos proyectos dependían directamente de su firma favorable”.

En definitiva, era presuntamente “un facilitador, que utilizaba su cargo en el ministerio para garantizar el éxito de los proyectos relacionados con el grupo Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas canalizadas mediante un complejo entramado empresarial”, afirman los agentes en el informe incorporado al sumario. Tras ese escrito, esta semana se detuvo a seis personas, que fueron puestas en libertad tras prestar declaración, a la espera de que avance la instrucción.

Fernando Samper, “el tronco central”

Este caso en el que se investigan los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal se inicia tras la denuncia presentada por Teruel Existe en los juzgados de esta provincia. Luego, la Fiscalía de Medio Ambiente se une a la investigación de la mano de la UCOMA. Han sido clave los testimonios de una veintena de trabajadores y extrabajadores de la Subdirección General de Evaluación Ambiental, de Tragsatec y del INAGA, el órgano encargado en el Gobierno de Aragón de tramitar las declaraciones de impacto ambiental.

En el auto del 27 de febrero en el que se autorizan los registros de la semana pasada, el juez instructor del caso, Juan José Cortés, resume el papel de cada uno de los seis detenidos en este entramado. Y destaca a Fernando Samper, el dueño de Forestalia, como “el tronco central que dirige estratégicamente las ramas de la organización desde el ámbito del sector privado, proveyendo los activos necesarios para materializar, presuntamente, el cohecho y el blanqueo de capitales que garantizan el éxito de sus proyectos de energías renovables”. “Presuntamente, no tiene inconveniente en recurrir a actos delictivos para conseguir sus objetivos empresariales en el lucrativo mercando de las instalaciones de energías renovables”, señala el auto.

Para trazar esa supuesta red que le ayudara en sus propósitos, Samper no recurre a terceras personas. Él mismo tenía, según el auto, una relación “inusualmente estrecha” con “funcionarios clave, manteniendo reuniones habituales (en ocasiones semanales) fuera de los cauces reglamentarios para tratar expedientes específicos”. Tenía contactos tanto en el ministerio como en el Gobierno aragonés, donde tramitaba proyectos más pequeños pero que en ocasiones ocultaban macroparques fragmentados. Según el auto, la investigación apunta a “la existencia de comportamientos irregulares desde los altos órganos de la Administración (el ministerio a nivel nacional e INAGA a nivel de Aragón), a los efectos de informar favorablemente proyectos relacionados con las energías renovables, a sabiendas de que no cumplen los requisitos legales y reglamentarios exigidos, todos ellos relacionados con Forestalia (prevaricación), a cambio de una prestación económica (cohecho)”.