Un nuevo error del juez Peinado deja en el aire otro caso de supuestas irregularidades en un megaparque solar en Cáceres
La Fiscalía, pese a apreciar indicios de delito, ha pedido el sobreseimiento de la causa porque el magistrado no prorrogó la instrucción a tiempo. Entre los investigados está el ex alto cargo del Gobierno implicado en la trama de Forestalia
El caso de presunta corrupción vinculado a proyectos renovables de la empresa Forestalia en Teruel, por el que han sido detenidas seis personas esta semana, no es el único en el que está implicado el exalto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez, al que la Guardia Civil acusa de haber recibido supuestas mordidas por ayudar a que parques eólicos y solares tuvieran el aval ambiental. Domínguez está implicado en otro caso relativo al permiso ambiental de la megaplanta solar Tagus, de Iberdrola, en Alcántara (Cáceres).
Pero la instrucción del caso, a pesar de que la Fiscalía aprecia indicios de delito de prevaricación, está en el aire por errores de procedimiento del juez que lleva la investigación. Se trata del magistrado Juan Carlos Peinado, instructor también de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y autor de otros errores procesales que han lastrado u obligado a cerrar investigaciones, como la abierta contra la supuesta secta de los ‘criptobros’ de IM Academy o la que supuso la imputación de un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso centrado en el parque solar de Extremadura, el fiscal de Madrid especializado en medio ambiente que se encarga de esta causa solicitó al juez el pasado 22 de septiembre “el sobreseimiento provisional” porque Peinado había incumplido los plazos para poder prorrogar la investigación seis meses más. Este fiscal, César Estirado, le había advertido meses antes de que debía hacerlo porque el plazo de prórroga cumplía en julio de 2025, pero su requerimiento fue ignorado. Por eso, en septiembre, se dirigió al juez para comunicarle el cambio obligado de posición de la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Estirado señala que “solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa” porque todavía no había “declarado ningún investigado” y, al no haberse prorrogado la instrucción, ya no se les podía citar.
La respuesta del juez Peinado a la petición de archivo de la Fiscalía fue decretar la prórroga el 17 de octubre, tres meses fuera de plazo, según la información facilitada a este periódico por fuentes del caso que señalan que, además, esa prórroga extemporánea no se notificó ni a las acusaciones ni a las defensas. Las partes no tuvieron más noticias del juzgado hasta que, el pasado 6 de febrero, desoyendo la advertencia del fiscal, el juez dictó una providencia en la que citaba a declarar como investigados por prevaricación a Domínguez y a su superiora en el Ministerio para la Transición Ecológica, Marta Gómez Palenque, para el 20 de febrero.
Los abogados de los dos imputados recurrieron la citación y el ministerio público se ha adherido esta semana a ese recurso. En otro escrito, fechado el 3 de marzo, a cuyo contenido también ha tenido acceso este periódico, el fiscal comunica esa decisión e informa al juez de que “no procede la práctica de diligencia alguna por su inutilidad procesal”. “Tampoco procede acordar nuevas prórrogas, insistiendo en que solo cabe acordar el sobreseimiento provisional de la causa”, insistía el fiscal, como ya había hecho en septiembre. A esa petición de archivo se han sumado también ahora las defensas de los investigados.
Este caso, en principio, solo se ha centrado en una evaluación presuntamente irregular de los impactos ambientales de esa megaplanta, denominada Tagus, que derivarían en un delito de prevaricación por haberse concedido la declaración de impacto favorable que permitió su construcción. En las diligencias no había indicios de cobro de contraprestaciones.
Un informe pericial de la unidad técnica de la Fiscalía General del Estado apreciaba, eso sí, indicios de un posible delito de prevaricación ambiental tanto de Eugenio Domínguez, que fue el encargado de elaborar la declaración de impacto ambiental, como de su superiora, Marta Gómez Palenque, que sigue siendo hoy directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio y que en enero de 2023 firmó la declaración de impacto ambiental favorable del proyecto solar de Cáceres. Gómez Palenque accedió al cargo en 2022, de la mano de la actual comisaria europea Teresa Ribera.
Además, en el informe de la fiscalía también se apuntaba a la posible comisión del mismo delito por parte del autor o autores del área de sostenibilidad de la Junta de Extremadura que emitieron en junio de 2022 un informe que también daba el visto bueno a la planta a pesar de tener afecciones a la Red Natura 2000, el sistema europeo de protección de la naturaleza.
Pero el caso corre ahora un serio riesgo de quedar en nada debido al retraso en aplicar la prórroga de las investigaciones por parte del instructor. Como el fiscal recordaba en su escrito de septiembre, “al estar vencido el plazo inicial de instrucción, desde el 22 de julio de 2025, no cabe su prórroga, que debe acordarse con anterioridad a la finalización del plazo”. Y citaba una reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que se advierte de que “la inculpación posterior al termino de la investigación no resulta constitucionalmente válida en la medida en que se impide que el investigado comparezca como parte en la fase de instrucción y pueda participar en la misma”.