Científicos y ecologistas rechazan la propuesta de Europa de flexibilizar el control de pesticidas: “Pone en peligro la biodiversidad y la salud”

En 2019, Europa vetó el uso de un insecticida muy utilizado en los cultivos de cítricos por los daños neurológicos que podía causar, sobre todo en niños. Ese mismo año dio el portazo a un fungicida aplicado en cereales, patatas u hortaliza por los riesgos para la salud humana y la contaminación de aguas subterráneas. Ambos productos, entre otros, ...

En 2019, Europa vetó el uso de un insecticida muy utilizado en los cultivos de cítricos por los daños neurológicos que podía causar, sobre todo en niños. Ese mismo año dio el portazo a un fungicida aplicado en cereales, patatas u hortaliza por los riesgos para la salud humana y la contaminación de aguas subterráneas. Ambos productos, entre otros, no pasaron la revisión obligatoria de sus autorizaciones, un trámite que la ley europea exige repetir cada 10 o 15 años para comprobar si continúan siendo seguros para el medio ambiente y la salud humana. Ahora, la Comisión Europea quiere cambiar las reglas del juego y eliminar esa exigencia, salvo cuando haya pruebas científicas nuevas que aconsejen volver a evaluarlos.

Científicos y organizaciones ecologistas alertan de los efectos adversos de esta medida, que permitiría el uso indefinido ―sin fecha de caducidad― de la mayor parte de los fitosanitarios: herbicidas, insecticidas y fungicidas autorizados para aumentar la producción agrícola y prevenir o combatir enfermedades. “Creemos que la propuesta es un error”, asegura Manuel Ortiz Santaliestra, científico en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC) “porque en muchas de estas sustancias es el paso del tiempo el que permite recoger las evidencias científicas de riesgos que no se detectaron al principio”.

Ortiz Santaliestra es uno de los 200 científicos de varios países europeos que han firmado una carta el 9 de diciembre enviada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que advierten de que la propuesta contiene “cambios alarmantes”. Su aplicación, aseguran, “socavaría de forma drástica la capacidad de la UE para responder a los riesgos que solo se hacen evidentes con el uso generalizado de los pesticidas aprobados”.

Los investigadores añaden que “se crearían lagunas que mantendrían el uso de pesticidas dañinos, incluso aquellos con riesgos bien documentados y reconocidos”. Si la medida sale adelante se pondría “en peligro la biodiversidad y la salud pública”, insiste el IREC. Porque “la evidencia científica documenta que el uso de plaguicidas es un motor reconocido del declive de la biodiversidad, afectando a insectos, aves, anfibios, organismos del suelo y mamíferos”.

Los más peligrosos

El sistema actual de revisiones periódicas estrictas se mantendría únicamente para los productos de mayor peligrosidad ―por ser posibles carcinógenos o muy persistentes— para los que todavía no existe un sustituto; alrededor del 10 % del total, según Pan Europe, una red de oenegés que lucha por alternativas sostenibles a los plaguicidas. La propuesta aún debe debatirse y recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y el Consejo, para lo que todavía no hay fecha.

Los cambios afectan a otras sustancias, pero la preocupación se centra en los fitosanitarios. “Son los más relevantes si se tiene en cuenta los efectos que pueden tener para el medio ambiente y la salud humana, porque se utilizan directamente en el medio y se usan toneladas en las explotaciones agrarias”, indica Ortiz Santaliestra.

Con el reglamento actual se han retirado del mercado 162 sustancias activas ―que luego se comercializan en miles de productos diferentes―, informa PAN Europe. Entre ellas, Hernández pone el foco en los disruptores hormonales, sustancias que alteran el equilibrio hormonal del organismo y que estudios científicos vinculan con problemas en la fertilidad, alteraciones en el desarrollo fetal e infantil y un riesgo de padecer cáncer, entre otros problemas. Se encuentran en pesticidas y fitosanitarios, además de en plásticos, cosméticos, productos de limpieza o en envases de alimentos. A pesar de su toxicidad, los expertos advierten de que es complejo medir el impacto de cada químico porque la relación dosis-respuesta no es lineal: no siempre hay una relación proporcional entre la dosis de exposición y la magnitud del efecto.

“Si se aprueban los cambios, la revisión de un producto dependería de una decisión discrecional de la Comisión Europea, no como ahora que hay que hacerlo sí o sí”, critica Koldo Hernández, miembro del Área de Tóxicos de Ecologistas en Acción.

“El peligro de estos productos se tiene en cuenta desde hace poco tiempo, por lo que es esencial continuar con controles periódicos que garanticen su retirada del mercado”, aclara Hernández. Por ejemplo, en 2024, Europa no renovó la autorización al dimetomorf, un fungicida que se usaba principalmente para la vid y la patata y del que solo en 2020 se comercializaron 75.753 kilos. Y este año ha caído el flufenacet, un herbicida usado en los cereales de invierno.

Para la Comisión Europea, sin embargo, las medidas propuestas mantienen los estrictos requisitos en “seguridad alimentaria y de piensos, salud y protección del medio ambiente” actuales. Los cambios se encuadran dentro del conocido como paquete ómnibus de simplificación de la política de seguridad alimentaria y piensos y persiguen reducir cargas regulatorias que se consideran innecesarias y agilizar los procedimientos. En un comunicado, la UE señala que estas medidas podrían suponer un ahorro de más de 1.000 millones de euros, incluyendo más de 428 millones anuales para las empresas de la UE y 661 millones anuales para las administraciones.

Una oportunidad

Agricultores como Andrés Góngora, que cultiva tomates en invernadero en Almería y es responsable de Frutas y Hortalizas de COAG (una de las principales organizaciones agrarias de España), consideran los cambios como “una oportunidad”. “Creemos que es un avance muy importante, porque va a servir para que las empresas investiguen nuevos productos, algo que no están haciendo por las trabas y el coste que tiene”, explica. Esto provoca, en su opinión, que “se caigan productos que no generan ningún problema, simplemente por a los fabricantes no les resulta atractivo”.

Góngora se declara convencido de que el futuro de la agricultura pasa por el control biológico —como los biopesticidas o los microorganismos—, alternativas más sostenibles. Por ello, celebra que la normativa facilite los procedimientos y los haga más accesibles.

Hernández está de acuerdo en que las trabas burocráticas se deberían flexibilizar y que el proceso es “larguísimo”, pero “no como se está planteando”. Para conseguir la primera autorización de un producto, la industria está obligada a entregar un dosier muy detallado; en el caso de plaguicidas de uso agrario, deben incorporar toda la literatura científica de los últimos 10 años. Después se envía a Europa donde la EFSA, autoridad europea de seguridad alimentaria, emite un dictamen a la Comisión Europea que no es vinculante. Finalmente, se somete a votación de los Estados miembros. Cuando llega el momento de la renovación, a los 10 o 15 años, vuelta a empezar.

El ecologista plantea que “al menos se deberían respetar los plazos, porque a veces falta información, los países que lo presenta a Europa se retrasan o el voto final se queda enquistado por cuestiones políticas”. Ortiz Santaliestra coincide en que se necesita una mejora de la eficiencia del proceso. En su opinión, “realizar muchas evaluaciones sobre múltiples organismos diferentes, tal como se hace ahora, no garantiza una protección adecuada”. Plantea llevar a cabo una evaluación en conjunto que podría simplificar el proceso. “Además, se elimina un proceso que es cada década o más, si fuera cada seis meses, lo entendería más”.