El PP europeo se apoya en la ultraderecha para descafeinar más la ley pionera de la UE contra la deforestación
La Eurocámara se inclina por prorrogar otro año la entrada en vigor del reglamento cuya activación en 2025 ya quedó aplazada
El cordón sanitario a la extrema derecha ha vuelto a caer con las políticas medioambientales como excusa. El PP europeo se ha apoyado en los grupos ultras de la Eurocámara para descafeinar la ley de deforestación de la naturaleza, un reglamento de la UE que tenía que entrar en vigor a final de este año y sobre el que la Comisión propuso un aplazamiento parcial de un año. Los conservadores y los ultras han respaldado, entre otras cosas, que la prórroga sea total. Esta es la segunda vez en apenas dos semanas que el grupo conservador deja atrás las prevenciones contra la ultraderecha y recaba su apoyo para rebajar la ambición de la agenda verde europea.
La posición del Parlamento se ha aprobado este miércoles con 402 votos a favor (prácticamente en bloque el PPE y los tres grupos ultra, más una veintena larga de parlamentarios liberales), 250 en contra (socialdemócratas, verdes y La Izquierda) y ocho abstenciones. El texto coincide mucho con la propuesta que ya salió del Consejo de la UE, con el voto contrario de España. Ambas instituciones van más allá de lo que planteó la Comisión Europea, que proponía una prórroga parcial de la que se podían beneficiar las microempresas y las pequeñas empresas pero no las más grandes y las medianas. Se añade, además, una cláusula para revisar el reglamento el próximo abril que abre la puerta a más retrasos. Al coincidir mucho las posiciones de los dos legisladores, es muy probable que ahora todo se apruebe rápido para que el reglamento no entre en vigor a finales de diciembre.
El argumento para defender los cambios son los mismos que motivaron la votación de hace un par de semanas: la agenda de simplificación y reducción de cargas administrativas. Entonces, la llamada directiva ómnibus amparó una drástica rebaja de las obligaciones de diligencia debida de las grandes empresas, que implicaban obligaciones sobre respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Ahora, la negociadora del PPEC, la alemana Christine Schneider, defiende que se “garantiza la prevención efectiva de la deforestación ilegal, al tiempo que [se] reducen cargas innecesarias para operadores, agricultores y silvicultores”.
Hasta ahora los grupos a la derecha del parlamento europea, desde el centroderecha, el PPE, hasta el grupo más extremo, Europa de las Naciones Soberanas, pasando por Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, por sus siglas en inglés) y Patriotas por Europa, donde está Vox, habían votado juntos en varias ocasiones para sacar adelante resoluciones, alguna enmmienda o para fijar la agenda en la Eurocámara. Pero lo sucedido hace dos semanas supuso que por primera vez los conservadores se apoyaban en los ultras en un voto legislativo.
Lo que ha pasado este miércoles en Estrasburgo es otro paso en esa dirección. Los grupos ultras y el PPE han votado casi en bloque, que se consolida con el respaldo al informe presentado por el eurodiputado de Vox Jorge Frías que pide la rebaja de la carga burocrática “que impone el pacto verde a las empresas europeas, especialmente a pymes y autónomos”.
El reglamento contra la deforestación fue una norma pionera que se aprobó en 2023 y que tenía que estar ya en vigor. Su objetivo es vetar la entrada en la UE de productos procedentes de productos que procedan de zonas deforestadas: ganado, cacao, café, madera... Pero desde el comienzo encontró el rechazo de los países potencialmente afectados, como Brasil, Indonesia e, incluso, Estados Unidos. También ha habido presión desde empresas, ONG o lobbies.
Conscientes de esta presión, la Comisión ya cedió el año pasado y propuso una prórroga de un año que se aceptó pronto por Parlamento y Consejo. En septiembre pasado, la comisaria Jessika Roswall volvió a poner sobre la mesa el aplazamiento por un año aduciendo problemas en el sistema informático que debía controlar el proceso. Sin embargo, un mes más tarde −y tras pasar la propuesta por el Colegio de Comisarios− la propuesta final se matizó bastante.
Ahora, apenas unos días de acabada la COP30, una cumbre del clima con un resultado poco ambicioso, el PP europeo con el respaldo ultra aprueba una postura que se aproxima mucho al planteamiento inicial de Roswall e, incluso, va más allá al incluir esa revisión de abril.
“La alineación del PPE con la extrema derecha en este tema crucial es muy preocupante. Su petición de una revisión anticipada no es más que un intento encubierto de retrasar la ley una vez más en una fase posterior”, ha señalado la ponente del grupo socialdemócrata, Delara Burkhardt. Su compañero de grupo, el español César Luena añade: “Cada minuto se talan o queman 100 árboles para satisfacer la demanda europea”. “Con este paso la UE desiste de ser un actor global contra la desforestación”, incide Luena.
También Los Verdes han recibido mal el alineamiento de los conservadores: “El PPE demuestra que su objetivo es, efectivamente, desmantelar el texto sobre deforestación al volver a aliarse con la extrema derecha en algunas enmiendas y negarse a defender la propuesta de la Comisión”, ha atacado la francesa Marie Toussaint.