La UE se compromete a reducir el 90% de emisiones para 2040, pero con más concesiones a los países reticentes
Los Veintisiete acuerdan en principio la meta propuesta por la Comisión y añaden más flexibilidades para los Estados. La dura negociación fija por ley el objetivo final, que era una “línea roja” para países como España
Los ministros de Medio Ambiente de la UE han dado su visto bueno a reformar la Ley Europea del Clima que fija, negro sobre blanco, la reducción de las emisiones de efecto invernadero en un 90% para 2040 en relación con los niveles de 1990. Era la “línea roja” que defendían los países más ambiciosos como España. Pero para lograr este objetivo vinculante, han tenido que ceder en más flexibilidades para convencer a los Estados más reticentes, en una larga negociación que ha durado todo un día y una noche y que solo se ha cerrado a primera hora de este miércoles.
“Este es un compromiso muy bueno y fuerte y el mejor que podríamos haber logrado colectivamente”, ha resumido el ministro de Clima de Dinamarca, Lars Aaagard, cuyo país ostenta la presidencia semestral de turno del Consejo de la UE. “Fijar un objetivo climático no es solo elegir una cifra, es una decisión política con consecuencias de largo alcance para el continente”, ha subrayado sobre una normativa que marcará las políticas medioambientales y económicas de la UE los próximos 15 años. Con este acuerdo, que además incluye la aprobación, por fin, de la NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) de la UE, es decir, su compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero para toda la economía comunitaria que debería haber presentado ante la ONU en febrero pasado, “podremos ir a la COP con una posición fuerte”, se ha felicitado.
La normativa, que se quería fijar antes de la COP30 de Belém que arranca esta misma semana (aunque todavía queda negociarla con el Parlamento Europeo), fija como “vinculante” el objetivo del 90% que algunos Estados miembros habían llegado a cuestionar y que España y un grupo amplio de países —12 llegaron a reunirse en los aledaños de la larga cita— que defendían como “línea roja” para mantener la ambición climática europea. A cambio, se ha cedido en aumentar del 3% al 5% la cantidad de créditos internacionales “de alta calidad” que permitan compensar fuera de las fronteras europeas los déficits en materia de reducción de emisiones fijados.
A ese 5% se añade la posibilidad, como reclamaba Italia —uno de los países clave para tornar la balanza de votos y sacar adelante la ley— de añadir en el futuro otro 5% más “correspondiente a una reducción nacional de las emisiones netas”. Además, aunque se mantiene la idea inicial de comenzar estos programas a partir de 2036, como fijaba la Comisión y defendía también España, se acuerda abrir la posibilidad de realizar a partir de 2031 un “proyecto piloto” para poner a prueba el funcionamiento de estos créditos, cuyos detalles tanto en la forma como en los precios y en torno a quién los costeará están aún por definir.
Las organizaciones medioambientales han sido especialmente críticas con estas concesiones que, advierten, rebajan peligrosamente un objetivo de 90% que ya estaba en el rango más bajo de lo que pedía la comunidad científica. Aceptar que se pueda llegar a un objetivo europeo “lavando carbono” en terceros países “es como prometer correr una maratón entrenando solo 10 kilómetros, tomando el autobús para recorrer el último kilómetro y reservándose el derecho de quedarse en casa si llueve”, ha lamentado Greenpeace.
“Al planeta le da igual dónde reducimos las emisiones, solo necesitamos reducirlas”, ha replicado comisario europeo para el Clima, Wopke Hoekstra, si bien varias capitales reconocen que estos créditos internacionales podrían relajar los esfuerzos que la propia industria europea debe hacer para lograr la necesaria transición energética. “Es un acuerdo pragmático, ambicioso, que da velocidad y flexibilidad” y que garantiza las tres prioridades de la UE, “competitividad climática, independencia y predictibilidad” para las empresas, ha defendido el holandés.
También para la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el resultado de las largas negociaciones es, pese a todo, “muy positivo”. No se ha logrado “todo” lo que se buscaba, ha reconocido. Pero el acuerdo final, que todavía debe pasar por el Parlamento Europeo antes de su aprobación final, “aunque no es perfecto, es muy bueno”, ha aseverado al término de la larga reunión.
Entre las nuevas concesiones, el texto de compromiso consensuado (todos los ministros tuvieron que cambiar vuelos y planes por la prolongación de las negociaciones hasta bien entrada la madrugada) también reconoce “el papel de los combustibles sin emisiones y con bajas emisiones de carbono en la descarbonización del transporte, incluido el transporte por carretera más allá de 2030”.
Asimismo, añade una disposición que no estaba originalmente en la propuesta de la Comisión, pero que era requerida por varios países como Francia: confirma el retraso de un año, hasta 2028, del denominado ETS2, el nuevo sistema de comercio de emisiones que amplía a edificios y transporte por carretera, entre otros, este sistema que ya obliga a unas 10.000 instalaciones energéticas e industriales del continente a pagar por cada tonelada de CO₂ que emiten en su actividad (una tonelada de CO₂ equivalente representa un permiso de emisión).
En la nueva reunión, los ministros también han aprobado por consenso la NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional) de la UE, es decir, su compromiso de reducir sus gases de efecto invernadero para toda la economía comunitaria. Finalmente, se ha mantenido en un mero rango de recorte de CO₂ para 2035 de entre el 66,25% y el 72,5%, que la UE defiende es lo suficientemente ambicioso para reclamar esfuerzos a otros países.
Desde primera hora de la larga jornada del martes, quedó claro que la negociación no iba a ser fácil pese a los múltiples aplazamientos, la inminencia de la COP en Belém a la que la UE quiere llegar con los deberes hechos, y las intensas negociaciones previas, incluida una consulta a los jefes de Estado y de Gobierno, que dieron su visto bueno a las negociaciones durante su última cumbre en Bruselas, hace menos de dos semanas.
Para aprobar la reforma de la Ley Europea del Clima y el ansiado objetivo del 90% se requería una mayoría cualificada (el sí del 55% de los países miembros, es decir, al menos 15 Estados, y que estos representen al menos el 65% de la UE). La presidencia danesa de turno de la UE buscaba que esta mayoría fuera lo más holgada posible, para que una normativa que será la base legal —y vinculante— de muchas de las políticas europeas de los próximos 15 años contara con una base sólida de respaldo. Pero aunque se había llegado a la cita del martes en Bruselas con un acuerdo casi al alcance de la mano, según fuentes diplomáticas, este se escapó rápidamente de los dedos nada más escuchar las posiciones discordantes de varios países que rechazaban la propuesta de compromiso danesa. Finalmente, tras las largas negociaciones en grupo y de forma bilateral durante toda la madrugada de este miércoles, se ha logrado un texto que cuenta con un respaldo holgado: 21 países, que suman el 81,9% de la población europea, han apoyado la propuesta, según la presidencia danesa.
La competitividad ha sido uno de los argumentos principales esgrimidos por los países que buscan más flexibilidades (Francia) o incluso rebajar tanto la ley que casi quedaría sin sentido (Polonia y República Checa, dos de los países que han votado no a la ley), bajo la idea de que la lucha contra el cambio climático no puede hacerse a costa de la industria o la agricultura europeas. Pero el propio comisario Hoekstra dejó claro durante su alocución inicial ante los ministros que algunas de las propuestas de estos países “enviaría la señal incorrecta” a los inversores al aumentar la incertidumbre, tal como advertían también España o Alemania.
Muchos de los detalles de cómo llegar al nuevo objetivo de 2040 deberán ser todavía especificados en propuestas que ahora la Comisión debe elaborar.
Hoekstra ha insistido en que, pese a todo, el resultado de la reunión extraordinaria de ministros en Bruselas, con el acuerdo para la ley del clima con el 90% fijado y el NDC aprobado por consenso, es “excelente”. En política, ha recordado respecto de las flexibilidades acordadas, la carretera para cumplir los objetivos “no siempre es recta”. El reto ahora es que entre tanta curva negociada, la UE no descarrile por el camino.