El Gobierno inicia la expropiación de parte de los terrenos de El Algarrobico para demoler el hotel

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. El objetivo final, según el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, “un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural”. Pero el Estado solo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa. ...

El Consejo de Ministros iniciará este martes el proceso para la declaración de interés público de parte de los terrenos en los que se levantó el polémico hotel de El Algarrobico, en el municipio almeriense de Carboneras. El objetivo final, según el Gobierno central, es poder expropiar esos suelos en la playa, “un trámite que conducirá al derribo del edificio y a la recuperación de ese paraje natural”. Pero el Estado solo puede actuar sobre los terrenos que se ubiquen en los 100 primeros metros de la línea de costa. Para poder cumplir el objetivo de la demolición total del edificio se requeriría en principio que la Junta expropie los suelos que se adentran más allá de la zona de dominio público marítimo-terrestre.

La encargada de anunciar este acuerdo desde el mismo paraje de El Algarrobico ha sido María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y nueva secretaria general del PSOE andaluz. Este hotel ha sido declarado ilegal en multitud de sentencias dentro de un interminable y enrevesado proceso judicial con mil frentes que arrancó en febrero de 2006, hace 19 años, cuando se paralizaron las obras por orden de un juez de Almería. Es bastante probable que la expropiación abra otro frente judicial. Pero algunas organizaciones ecologistas reclamaban desde hace años que se lleve a cabo para borrar de una vez una mole cuya legalización era inviable aunque lleva casi dos décadas varada en esta playa como un símbolo del ladrillazo de principios de este siglo en España.

Según Hacienda, el paso que dará el Consejo de Ministros iniciará el proceso para demoler el hotel que levantó la promotora Azata del Sol. “Se trata de una edificación construida en terreno protegido del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, cuyo suelo, según sentencia del Tribunal Supremo, no es urbanizable”, ha recordado en una nota este ministerio. Según Montero, la construcción del hotel —que en un principio contó con el aval de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras cuando ambas administraciones estaban en manos de los socialistas— fue el “mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural”. La vicepresidenta ha asegurado que, si la empresa no recurriera a los tribunales, el expediente de demolición se podría resolver en cinco meses, informa Efe.

Lo que hará el Gobierno será aprobar una declaración de “utilidad pública para los terrenos y bienes incluidos en la zona de servidumbre de protección que se estimen necesarios para la defensa y el uso del dominio público marítimo-terrestre”. Para ello se servirán de la Ley de Costas, de 1988. “Se trata del primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado”, ha reiterado Hacienda.

Pero el ministerio ha dejado claro que “solo una parte de la finca propiedad de la empresa Azata sobre la que se ubica el hotel se encuentra dentro del dominio público marítimo-terrestre”, la franja sobre la que el Gobierno puede actuar. Según Greenpeace, se trata de aproximadamente el 40% del complejo. “El resto se adentra más allá de este límite y es la comunidad autónoma quien es competente sobre esa parte del suelo”, ha explicado el Gobierno. Por eso Montero ha pedido a la Junta que “realice el mismo proceso y de forma coordinada pueda llevarse a cabo la operación de demolición”.

La Junta y el Gobierno llevan más de una década anunciando el derribo, pero su desenlace se encalla una y otra vez en los interminables procesos judiciales. Ya en 2011 ambas administraciones firmaron un protocolo para el derribo en el que se comprometían a pagar a medias el proceso de eliminación del edificio y restauración del paraje. Pero el momento de la piqueta se ha ido retrasando una y otra vez. Y unos años antes, en 2009, el Gobierno central dio marcha atrás en otro proceso de expropiación ante la falta de seguridad jurídica para completar el proceso. Pero, desde entonces, se han sucedido las sentencias que han ido dejando fuera de la legalidad a esta mole de 20 plantas y 411 habitaciones que nunca llegó a estar abierta al público.

Montero ha señalado este lunes que, además de iniciar el proceso de declaración de interés público de los suelos, se convocará la comisión de seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que están representados los dos gobiernos. Aunque la vicepresidenta ha abierto la puerta al diálogo en esta comisión, el ministerio ha añadido que “el Gobierno buscará alternativas para llevar a cabo la demolición del hotel y la restauración del paraje natural” si la Junta no colabora e inicia el mismo proceso. “Se trata de un acto de justicia medioambiental y de un acto de justicia para los almerienses, los andaluces y el conjunto de los españoles”, ha asegurado Montero.

La Junta no ha respondido expresamente a la petición de vicepresidenta de que inicie los trámites también para la expropiación, pero ha recordado que esa “no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial”, según han explicado fuentes del Gobierno autónomo. El Ejecutivo que dirige Juan Manuel Moreno insiste en que la vía “más rápida y segura es que el Ayuntamiento de Carboneras declare nula la licencia de obras que concedió en 2003″, insisten las mismas fuentes, que recuerdan que cuando el Consistorio estaba en manos del PP, en 2023, se inició el expediente de nulidad de la licencia, pero que la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos impidió que saliera adelante.

Ayuntamiento de Carboneras

El tercer actor en discordia en este interminable proceso es precisamente el Ayuntamiento de Carboneras, que gobierna el PSOE con Ciudadanos ahora. Esta corporación otorgó la licencia al hotel en 2003 y desde entonces se ha resistido a aplicar las sentencias que permitirían borrar esta mole del mapa. En diciembre pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio el enésimo ultimátum al Ayuntamiento para que modificara su planificación urbana y cambiara la calificación del suelo de la playa del Algarrobico donde se levanta el hotel, de urbanizable a no urbanizable.

Tras el anuncio de Montero de este lunes, la Junta, además de advertir de que la expropiación alargaría el proceso, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “falta de lealtad” por adelantar esta decisión que “no solo no se ha tratado en la comisión mixta de seguimiento, sino que va en otro sentido a los últimos acuerdos”, de acuerdo con las citadas fuentes. Según la Junta, en la reunión que ambas partes mantuvieron en marzo de 2024, la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro Valenciano, manifestó que la vía para la demolición pasaba por que el Ayuntamiento anulara la licencia urbanística.

Pero Greenpeace, que lidera la batalla en los tribunales contra la construcción, ha solicitado a la Junta que ejerza el derecho de tanteo y retracto que le reconoció el Supremo en 2016. “Esto permite a la Junta abonar la cantidad que pagó el comprador por la compra de un terreno en el parque natural”, explica José Ignacio Domínguez, abogado de esta organización ecologista. El problema es que con esta maniobra la administración adquiere la propiedad, pero no la posesión, que sigue en manos de Azata del Sol. La Junta, de hecho, ha depositado 2,3 millones de euros de la compra, pero, 10 años después, no ha iniciado ese procedimiento. En las reuniones que Greenpeace ha mantenido con la Consejería de Sostenibilidad sobre El Algarrobico le han insistido sobre la opción de ejecutar el derecho de tanteo y retracto y la expropiación, una opción que recoge la última ley del suelo andaluza, la Ley de Impulso y Sostenibilidad del Suelo de Andalucía (LISTA), de 2021.

El presidente Juan Manuel Moreno ha hecho del derribo del Algarrobico una prioridad en múltiples declaraciones públicas. Y en los presupuestos de 2025 reservó una partida de poco más de un millón de euros para la demolición, algo que ha hecho en varias cuentas anuales. En este sentido, desde la Junta se insiste en que quien debe acometer el derribo, en función con el acuerdo que el Gobierno central y el autónomo firmaron en 2011, es el Ejecutivo central. “La Junta está preparada para cumplir con su obligación de manera inmediata: reciclar los escombros y restaurar la playa. Solo necesita que antes cumpla el Gobierno de España y derribe el edificio, como es su obligación”, insisten las fuentes consultadas.