Corzos y jabalíes agonizan hasta morir ahogados en el Canal de riego Arriola en León

Miles de animales mueren en España cada año al caer en los canales construidos para conducir el agua de riego a los campos agrícolas. Los ungulados como corzos y jabalíes agonizan en la corriente intentando salir por una pendiente en la que sus pezuñas resbalan, hasta que, agotados y con las patas heridas o rotas, claudican. También mueren perros y otras especies a las que ni se tiene en cuenta como reptiles y pequeños mamíferos. Es muy complicado conocer la cifra exacta, pero solo en uno de ellos el de Arriola ―una conducción de 32 kilómetros en León edificada para regar 4.600 hectáreas―, murieron entre 2022 y 2023 casi 140 animales, en su mayoría corzos (111) y jabalíes (27), además de un venado, indica la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), titular de la infraestructura.

El canal lleva en servicio más de cuatro décadas, desde 1983, pero no existen más registros que los de los últimos dos años, responden a EL PAÍS fuentes de la CHD. Desde la Unidad de Rescate Animal de España (URDA) replican que el número que maneja el organismo de cuenca “es irreal” porque ellos han localizado “unos cinco u ocho animales al día, sobre todo en primavera, cuando el canal va lleno”. Una gran parte de los animales que se precipitan al canal de Arriola acaban en unas inmensas rejillas por la que tampoco pueden escapar porque su finalidad es recoger ramas u otros objetos. “No están pensadas para ello, la separación entre barra y barra del suelo de la rejilla es demasiado grande y se les cuelan las patas, y mueren luchando por salir en el caso de que hayan llegado hasta allí vivos”, indicen. Otra dificultad que afecta a la supervivencia de los animales es la baja temperatura de las aguas, unos 8 °C, que les provoca hipotermia.

Arsenio Fernández conoce bien la situación. Durante los últimos ocho años ―se jubiló en 2023― ha recogido los cadáveres de los animales que caen al Canal de Arriola y al del Bajo de los Payuelos para trasladarlos a una planta de incineración. “Muchos, he cogido a muchos”, asiente por teléfono. “Igual 20, 30 o 40 acumulados de varios días, los sacaba del agua un camión con una grúa pluma que me los dejaba en un montón y yo los cargaba en otro camión, apuntaba los kilos y los llevaba al crematorio”, explica. Eran sobre todo corzos y jabalíes. Ahora son sus compañeros los que siguen con la faena. “Los animales sufren mucho, se ve como tienen las patas de dañadas por querer salir”, describe. Entiende que haya personas que no sean capaces de realizar este trabajo, pero sus padres eran agricultores y se crio entre vacas, ovejas… y “alguien tiene que hacerlo”.

El peligro para la fauna salvaje no se encuentra solo en los canales. Alicia Roa, presidenta de la Plataforma Stop Ahogamientos, advierte de que muchos perecen en balsas, aljibes, albercas... hasta en piscinas abandonadas. En su opinión, primero se debería estudiar el hábitat, conocer las especies afectadas, y luego construir la infraestructura y pensar, por ejemplo, que una rampa de salida debería ser de cemento u hormigón, de superficie rugosa y con una inclinación adecuada, para que los ungulados puedan salir. Los abrevaderos y vallados con pasos de fauna también ayudarían.

Un problema que viene de antiguo

El conflicto en el Canal de Arriola se arrastra desde hace años y la solución no ha llegado todavía. Incluso ha recalado en las dependencias del Procurador del Común, como se denomina al defensor del pueblo en Castilla y León, que inició una actuación de oficio el año pasado, solicitando información a la CHD, organismo del Estado y titular del canal, y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, competente en materia de caza y protección de espacios naturales.

El organismo de cuenca reconoce la “magnitud del problema” y que en los últimos años ha aumentado “considerablemente” el número de animales, corzos y jabalíes principalmente, que caen en el canal. Esto se debería, continúa la CHD, a la proliferación de estos animales que, en determinados momentos y por causas que se desconocen, salen de su hábitat y, por accidente, caen al canal de Arriola. Este año va mejor, y a un mes de que termine la campaña en curso aseguran que han recogido la mitad de animales debido a las medidas que han implantado. Entre ellas se encuentra el vallado de 4,5 kilómetros, que se llevó a cabo entre 2022 y 2023 y la instalación de dos rampas móviles que cuentan con cámaras para estudiar las reacciones de la fauna. Porque no todo funciona. En 2016 se colocó una rampa flotante, que no consiguió “resultado alguno”, admite el organismo de cuenca.

Para la CHD, “la mejor solución es el control cinegético correcto para evitar el desmesurado crecimiento de estas especies”, una competencia que es de la Junta de Castilla y León. El organismo de cuenca reconoce en una respuesta por escrito a EL PAÍS que colocar rampas es muy difícil por las características del canal, en el que “se consideró únicamente la sección más eficiente para el transporte del agua al menor coste posible”. Tampoco los vallados perimetrales son la panacea porque incrementan el efecto barrera de la infraestructura. Estas han sido las medidas que se han adoptado hasta ahora con poco éxito, por lo que confían en que el proyecto de modernización de la zona regable, que va a dejar en servicio solo 7,5 kilómetros de los más de 30 actuales, reduzca los ahogamientos.

Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, lamenta una situación que sufren desde hace años y critica que se busque la solución en los cotos de caza. “Supongo que no querrán que matemos animales para que no se ahoguen, porque hay que cazar de forma razonable, no se puede acabar con el problema así”. Añade que en esa zona no existe sobrepoblación de corzos, y que “la razón de este desastre que llevan años sufriendo, se encuentra en que no existen medidas para disminuir el daño”.

La Fundación Artemisan, vinculada al mundo de la caza, denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente al presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el ahogamiento de fauna salvaje en un tramo de 7,5 kilómetros en el trasvase Tajo-Segura, entre los términos municipales de El Picazo y Tebar (Cuenca). La Fiscalía concluyó en febrero de 2022 que no existía delito, pero sí se consideró demostrado que se producían “múltiples eventos de ahogamiento” sobre todo de corzo y jabalí. En el documento se proponen soluciones que incluyen los vallados que deben conducir a pasos de fauna (tanto superiores, por encima del canal, como inferiores, aprovechando drenajes de la instalación); rampas de superficie rugosa para los animales que caigan al canal y para que puedan bajar a beber sin peligro.