La abogada que impulsó la ley que da personalidad jurídica al mar Menor gana el premio Goldman, el Nobel del ecologismo

Teresa Vicente, la abogada y profesora de la Universidad de Murcia que ideó, promovió y logró que se aprobara la ley que reconoce la personalidad jurídica del mar Menor y lo considera un sujeto con derechos propios, ha recibido este lunes en San Francisco (Estados Unidos) el premio Goldman, considerado el galardón más prestigioso para los defensores del medio ambiente, el Nobel del ecologismo. Este premio reconoce cada año a seis “...

Teresa Vicente, la abogada y profesora de la Universidad de Murcia que ideó, promovió y logró que se aprobara la ley que reconoce la personalidad jurídica del mar Menor y lo considera un sujeto con derechos propios, ha recibido este lunes en San Francisco (Estados Unidos) el premio Goldman, considerado el galardón más prestigioso para los defensores del medio ambiente, el Nobel del ecologismo. Este premio reconoce cada año a seis “activistas ambientales de base”, uno por continente, por su lucha en la defensa de la naturaleza. Vicente (Lorca, 61 años), es este año la ganadora del Goldman por Europa, y es la segunda española que se cuela en esta lista desde que se conceden los premios en 1990: el primero fue el aragonés Pedro Arrojo, en 2003.

No es tampoco la primera vez que la experta en Derechos de la Naturaleza recoge un premio por el impulso de esta ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del mar Menor y su cuenca, como se denomina oficialmente, aunque sigue siendo conocida por todos en la Región de Murcia simplemente como “la ILP del Mar Menor”, porque partió de una iniciativa legislativa popular. 639.826 personas dieron su firma para llevar al Congreso de los Diputados un texto legal que reconoce esta laguna salada como un “sujeto de derecho” y que determina que cualquier persona está legitimada para defenderla y acudir a los tribunales en nombre del ecosistema “como la verdadera parte interesada”.

En una entrevista con EL PAÍS con motivo de este galardón, la abogada reconoce que es un concepto difícil de explicar porque la sociedad no ha interiorizado todavía que el modelo de la “justicia social”, que reconoce los derechos humanos, no ha evolucionado al mismo ritmo que el conocimiento científico: aunque la ciencia ha demostrado que el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, todavía no le ha concedido derechos o lo ha hecho en contadísimas ocasiones. En Europa, no hay ningún otro ecosistema que tenga derechos propios, y en todo el mundo son apenas media docena. Vicente se felicita de haber logrado ese hito en un “tiempo récord”, y considera que fue posible porque, en un momento de total colapso del mar Menor, con la aparición de la denominada “sopa verde” primero y el dantesco espectáculo de las toneladas de peces muertos por falta de oxígeno después, una buena parte de la sociedad murciana sintió eso que define el artículo 6 de la ley, el más importante para la abogada: “Que todos somos el mar Menor”.

”En el momento que surge el movimiento social en defensa de la laguna, en 2019, muchas personas se movieron por su emoción al ver con claridad que el mar Menor de sus recuerdos ya no existía”, detalla Vicente, que lleva estudiando el ámbito de la justicia ecológica desde los años 80. El texto de la ILP fue redactado por ella, a raíz de una estancia en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading (Inglaterra), para estudiar cómo otros países habían dado derechos a los ecosistemas. Como incide, cuando se lanzó la ILP en Murcia tuvo un enorme éxito, “porque era justo lo que la sociedad quería oír: que el mar Menor tenía derechos”.

Desde que empezaron a recogerse las primeras firmas, en el verano de 2020, en plena pandemia del coronavirus, “cuando la gente tenía miedo hasta de coger un boli”, han pasado casi cuatro años en los que Vicente resalta otros dos logros para la protección de este ecosistema: la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de un Marco de Actuaciones Prioritarias dotado con más de 675 millones de euros para intervenciones de recuperación, y la creación de una ley autonómica de protección y recuperación de la laguna que impuso importantes restricciones a las explotaciones agrícolas de la zona para tratar de evitar los vertidos contaminantes a sus aguas.

Con la entrada de Vox en el Gobierno murciano tras las elecciones de mayo de 2023, esta ley regional se ha visto cuestionada: el partido ultra prometió en campaña que la reformaría para abrir la mano con la agricultura y derivar responsabilidades hacia los municipios. El pasado 17 de abril, tras un intenso debate en la Asamblea Regional de Murcia, la propuesta de Vox fue rechazada, pero el socio mayoritario del Gobierno, el PP, se abrió por primera vez a cambiar la ley proponiendo una comisión de expertos para hacer un nuevo texto. Para Vicente, aunque cambie la ley autonómica “no se debe dar un paso atrás” en la protección de la laguna porque la ILP ha marcado “un cambio radical de modelo”. Como destaca, la protección de este valioso ecosistema ya no es una idea que dependa de uno u otro partido político, pues “es un derecho subjetivo del propio mar Menor”. Cualquier persona podría ir a los tribunales y defender esos derechos frente a un hipotético cambio legal que bajara su índice de protección, advierte.

Un mar que ejerce sus derechos

La unidad social en torno a la ILP fue un hito, pero el verdadero logro para la abogada es que, desde su entrada en vigor el 3 de octubre de 2022, la norma ha comenzado a “utilizarse”: el mar Menor ya está representado en tres procesos judiciales como acusación particular y está “ejerciendo sus derechos”. El juez de instrucción número 4 de Cartagena ha sido el primero en ofrecer a la laguna salada, como ente jurídico con derechos propios, la posibilidad de personarse en esos tres procedimientos, que están relacionados con la contaminación ambiental por vertidos mineros y agrícolas. En uno de ellos, la Audiencia Provincial de Murcia determinó que las personas que se habían erigido en acusación particular para ejercer los derechos del mar Menor, entre ellas, la propia Vicente, eran en realidad acusaciones populares. El mar Menor, como sujeto de derechos, ha presentado un recurso de amparo apelando a la tutela judicial efectiva ante el Tribunal Constitucional en contra de esa resolución.

Para Vicente, la ley es ya imparable, pero no se conforma con ello y considera que “el siguiente paso debe ser una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza que complemente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del siglo pasado, y ambas deben caminar juntas”, señala. Ella ya ha hecho esa propuesta en la Asamblea General de Naciones Unidas en dos ocasiones de la mano de la ILP. Lograr esa declaración universal, considera, supondría el auténtico cambio de paradigma a nivel mundial para conseguir una evolución del actual modelo de justicia social a otro que incluya también la justicia de la naturaleza.

En esta edición de los Premios Goldman de medio ambiente, además de Teresa Vicente por Europa, han sido premiados por África los activistas indígenas Nonhle Mbuthuma y Sinegugu Zukulu, que lograron que no se llevaran a cabo pruebas para la detección de petróleo y gas en una región particularmente biodiversa del Cabo Oriental de Sudáfrica, conocida como la Costa Salvaje. Por Asia se ha premiado al activista contrario a las minas de carbón en la India Central Alok Shukla, que evitó la construcción de 21 de esas minas proyectadas sobre 180.000 hectáreas de bosques. También bloqueó el desarrollo de una mina de carbón la activista premiada en Oceanía, Murrawah Maroochi Johnson, que logró cancelar en los tribunales esa infraestructura proyectada en Queensland (Australia).

En Norteamérica la activista reconocida ha sido Andrea Vidaurre, que convenció a la Junta de Recursos del Aire de California para adoptar nuevos reglamentos sobre el transporte que limitan las emisiones contaminantes. Por último, el premio para Sur y Centro América ha sido para el brasileño Marcel Gomes, que coordinó una compleja campaña internacional para vincular la empresa empaquetadora de carne más grande a nivel mundial con la deforestación ilegal de ecosistemas amenazados del país.

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