Transportes inicia el proceso para exigir la devolución de fondos europeos a ciudades que actuaron contra carriles bici

El Gobierno se pone serio con las regresiones en movilidad sostenible que han hecho varios ayuntamientos del PP, que han eliminado carriles bici y carriles bus para dar más sitio al coche. Muchas de esas actuaciones se pagaron con fondos europeos Next Generation, por lo que cualquier modificación requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes. El departamento d...

El Gobierno se pone serio con las regresiones en movilidad sostenible que han hecho varios ayuntamientos del PP, que han eliminado carriles bici y carriles bus para dar más sitio al coche. Muchas de esas actuaciones se pagaron con fondos europeos Next Generation, por lo que cualquier modificación requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes. El departamento de Óscar Puente ha enviado este lunes una resolución —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— a uno de estos consistorios, el de Murcia (PP), en la que le niega los cambios que pretendía hacer en el proyecto —dejar sin construir varios tramos de carriles bus y carriles bici— y le da cinco días para responder. Es la primera vez que se pone en marcha este proceso, que abre la puerta a exigir la devolución de entre 10 y 20 millones de euros. En el ministerio están analizando otras actuaciones similares.

El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de zonas de bajas emisiones y otras actuaciones en movilidad sostenible urbana. Sin embargo, el pasado mayo la derecha se estrenó en muchas alcaldías eliminando carriles bici (por ejemplo, en Logroño, Valencia, Elche, Valladolid, Gijón o Palma) y anunciando que sus futuras zonas de bajas emisiones reducirían sus proyectos iniciales. En septiembre, Transportes ya advirtió por carta a las 200 localidades receptoras —de todo signo político— que les retirarían las subvenciones si no realizaban los proyectos a los que se habían comprometido.

Ahora, el ministerio va un paso más allá y analiza modificaciones concretas en algunas de estas urbes que estima que están incumpliendo sus compromisos. El primero caso es el del Ayuntamiento de Murcia, que recibió una subvención de 20,7 millones de euros para ejecutar cinco actuaciones encaminadas a “promover una movilidad sostenible, activa, segura y conectada”. Los fondos se otorgaron en mayo de 2022, el marco de la primera convocatoria del Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano del Plan de Recuperación.

De las cinco iniciativas subvencionadas, el Gobierno municipal murciano solicitó en agosto del pasado año modificar el alcance de dos proyectos encaminados a priorizar la movilidad activa y el uso del transporte público con la transformación física de varias calles de la ciudad. Se trata de un proyecto para construir carriles bici por 7,3 millones de euros, y otros 2,4 para construir carriles bus (casi 10 en total), en ambos casos quitando sitio al coche.

El Consistorio ha pedido suprimir parte de la primera actuación, dejando sin ejecutar ocho de los 34 kilómetros de carriles bici previstos (entre ellos, los del paseo de Garay, calles de la Gloria y Princesa, y avenidas Infante don Juan Manuel, Alicante y Juana Jugán). Además, ha solicitado suprimir otros dos kilómetros de carriles bus de los cuatro proyectados (como los del paseo de Garay y los de las avenidas Ciudad de Almería, Alicante y Juana Jugán).

El Ayuntamiento alega una “alteración sobrevenida” para eliminar estos proyectos que no justifica. En el caso de los carriles bici, el Consistorio señala que primero hay que realizar un estudio integral de los barrios, mientras que en los carriles bus apela a “criterios técnicos de diseño relacionados con su funcionalidad”. Se trata de razones similares a las que han ofrecido públicamente los portavoces municipales en otras urbes, que han defendido eliminar carriles bici recién construidos porque estaban “mal hechos” o porque “molestan al tráfico”.

Alteraciones no justificadas

La Secretaría General de Movilidad Sostenible, creada hace un mes con Álvaro Fernández Heredia a la cabeza, es el departamento que ha analizado el caso y ha enviado la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Este organismo considera que la propuesta de modificación altera la naturaleza y objetivos de la subvención, algo prohibido por la normativa reguladora de estas ayudas, ya que se propone sustituir algunos tramos de vía ciclista y de plataforma reservada para autobús por una pasarela peatonal-ciclista y por un tramo de carril bici distinto. La plataforma de autobús reservada es una tipología diferente a las nuevas actuaciones propuestas, con lo que, según el departamento, se modifican los objetivos que se establecían en el proyecto original.

Además, la Secretaría recuerda que las ayudas se concedieron en concurrencia competitiva, lo que implica que los fondos se otorgaron en función de la puntuación obtenida por el proyecto. La puntuación de la solicitud habría sido diferente si hubiera respondido al planteamiento actual municipal, ya que se pide ejecutar nuevas actuaciones y variar las condiciones técnicas de dos de las actuaciones concedidas.

El Ayuntamiento murciano dispone ahora de cinco días para efectuar las alegaciones que estime, dado que, según entiende el ministerio, los cambios no se pueden incluir en las causas justificadas que recogen las bases de la convocatoria. Si las explicaciones no satisfacen al departamento, se abre la puerta a que tengan que devolver los casi 10 millones de euros que recibieron las dos actuaciones, así como intereses de demora y penalizaciones por no ejecutar lo acordado. De hecho, incluso se podría exigir la devolución de la ayuda íntegra, 20,7 millones. Las bases recogen que los proyectos deben estar finalizados y en funcionamiento antes del 31 de diciembre de este año.

La medida podría extenderse a otras regresiones en la movilidad sostenible realizadas de forma similar en toda España. Además, al menos 62 urbes recibieron fondos para poner en marcha zonas de bajas emisiones en la primera convocatoria de estas ayudas, a las que están obligados por ley las 151 localidades de más de 50.000 habitantes. Aquellas ciudades que hayan apostado por reducir su futura área de tráfico restringido —y no hayan obtenido permiso del ministerio para hacerlo— se arriesgan también a tener que devolver ese dinero.

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