Emergencia por sequía en Cataluña: ¿cuál es la situación con el agua en el resto de España?

La emergencia por sequía en Cataluña, que se activa hoy en su nivel de alerta más grave, supondrá la aplicación a partir de ahora de restricciones de agua cada vez más severas para casi seis millones de personas de 202 municipios del área de influencia de Barcelona y algunas poblaciones de Girona. Sin embargo, este no es el único territorio del país en apuros por la ...

La emergencia por sequía en Cataluña, que se activa hoy en su nivel de alerta más grave, supondrá la aplicación a partir de ahora de restricciones de agua cada vez más severas para casi seis millones de personas de 202 municipios del área de influencia de Barcelona y algunas poblaciones de Girona. Sin embargo, este no es el único territorio del país en apuros por la escasez de recursos hídricos. En las cuencas internas de Cataluña, la línea roja que activaba la emergencia era que los embalses bajaran del 16% de su capacidad y ya están al 15,8%. Esto no es igual en otras cuencas, pero hay otros puntos con las reservas al límite. En la del Guadiana los embalses están al 32,8%, en la del Guadalquivir al 21,3%, en las cuencas mediterráneas andaluzas al 18,3%, en la del Segura al 18,1% y en Guadalete-Barbate, en Cádiz, al 14,6%. En el resto de España, el estado de las reservas es mucho más positivo.

Tras Cataluña, la siguiente comunidad en situación más delicada es Andalucía. La Junta no se ha fijado una capacidad límite de embalses específica para establecer la emergencia, pero miembros del Gobierno autónomo reconocen que habrá que esperar a las precipitaciones de las próximas semanas para reevaluar las medidas. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que tiene las competencias en materia de agua, aseguró a principios de diciembre de 2023 que Andalucía “está más preparada que Cataluña para abordar la sequía”. Pero el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha advertido de que, si no llueve en primavera, será necesario abastecer con buques cisterna a las provincias de Málaga y Cádiz, y capitales de gran afluencia turística como Córdoba, Sevilla y Málaga deberían aplicar restricciones en verano.

En la Región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) prevé que, de continuar la actual falta de lluvias, el próximo mes de marzo habrá que declarar la situación de “sequía extraordinaria”, explican a EL PAÍS fuentes de ese organismo. Paradójicamente, esto no es tan raro en esta comunidad donde la sequía resulta estructural. Por el momento, la única restricción en marcha aquí es un recorte del 25% en el uso del agua autorizada a los regadíos tradicionales, los que se abastecen únicamente con aguas procedentes de la cuenca, y que son pequeñas explotaciones. El grueso de la producción agrícola regional no entra en esta clasificación, ya que se riega con otros aportes como los procedentes del trasvase Tajo-Segura, la desalación y la reutilización. En cuanto al agua de boca, cuyas competencias dependen de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, el abastecimiento está completamente asegurado hasta final del año hidrológico sin ningún tipo de restricción, gracias, principalmente, al aumento de la producción de agua desalada.

Desde el Gobierno de Murcia inciden en las décadas de inversiones e investigaciones para propiciar una gestión eficiente del agua que ha llevado a que en la actualidad se depuren el 99% de las aguas residuales y se reutilice el 98% de las mismas, frente al 9% de la media nacional o el 5% de la media europea. Esas políticas de depuración han permitido tener aportes extraordinarios de agua de unos 120 hectómetros cúbicos anuales para el riego, mitigando en cierta medida la falta de agua.

Así pues, junto a Cataluña, el siguiente nivel de restricciones puede ponerse en marcha en Andalucía, donde ya hay cortes de agua en diversas zonas. Con los embalses al 21,69% de su capacidad de media, la Junta de Andalucía aprobó este lunes su cuarto decreto contra la sequía, dotado con 217,8 millones de euros para acometer infraestructuras de carácter urgente en las zonas más afectadas: la Axarquía, Guadalhorce y la Costa del Sol, en Málaga; Campo de Gibraltar y Guadalete y Barbate, en Cádiz; el levante almeriense; y Béznar y Rules, en Granada. Las actuaciones previstas pasan por la mejora y adecuación de varias estaciones de tratamiento de agua potable, la instalación de desaladoras portátiles, la realización de obras de abastecimiento en alta, la firma de un convenio con las diputaciones provinciales para paliar las fugas en la red de suministro, además de la apuesta por las conexiones a las aguas regeneradas para garantizar el suministro a los sectores productivos. El decreto también dedica 50 millones de euros en ayudas directas al sector agrario destinado a los cultivos más afectados y para la ganadería mantiene la excepción para la alimentación convencional del ganado ecológico.

En previsión de la llegada de agua en buques cisterna, el texto establece como prioritaria la recuperación de las tomas de los puertos de Algeciras (Cádiz) y Carboneras (Sevilla), puesto que los trabajos en el de Málaga, ya están avanzados. Tal y como advirtió el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, hace una semana en la reunión con el comité de expertos que conforman la mesa de la sequía, “si no llueve durante 30 días seguidos”, capitales de provincia como Málaga, Sevilla y Córdoba —las tres ya con algunas restricciones en marcha por la falta de lluvias— deberán acometer recortes en su suministro.

La gestión de las restricciones en estos municipios depende de los ayuntamientos. El de Málaga ha confirmado que aplicará reducciones en la presión del agua en un futuro cercano y el de Sevilla —que tiene garantizado el abastecimiento para un año— sopesa adoptar algún tipo de restricción para después de la Semana Santa. Córdoba —con agua garantizada para año y medio― ha dejado sin agua las fuentes ornamentales, pero no se plantea restricciones en el suministro.

Bajadas de presión

Quienes sí las sufren son 58 localidades de toda Andalucía en las que viven más de medio millón de personas, según el último censo de municipios con restricciones, actualizado la semana pasada. Entre ellos destacan ciudades turísticas como Fuengirola y Benalmádena, que han reducido la presión del agua. En La Axarquía el número de municipios que cortan el agua, la restringen para su uso potable o reducen la presión va en aumento. La comarca del Campo de Gibraltar (otra de las más afectadas por la sequía) sufre desde el 10 de enero restricciones en el abastecimiento que se traducen en bajadas de la presión durante el día, que se acentúan en el horario nocturno y que se quedarán sin suministro en algunas zonas en los próximos días durante la noche.

En la comarca cordobesa de Los Pedroches, sus 80.000 vecinos llevan desde abril del año pasado sin poder beber agua del grifo por el mal estado de la que se bombea desde el pantano de La Colada, después de que el de Sierra Boyera —del que se abastecían— se quedara seco. Las obras para garantizar la salubridad del agua de boca no se han incluido en el último decreto de sequía, cuyas medidas no han satisfecho a los sectores más afectados e inmiscuidos en su uso y calidad, como el agrícola o los ecologistas, que están integrados en la Mesa Social del Agua de Andalucía, que se reunió este martes. Allí concluyeron que medidas previstas en la norma de la Junta como la desalación no se pueden incorporar en las zonas del interior y que la reutilización directa perjudica a quienes tienen usos aguas abajo. “La solución no viene simplemente por la ampliación de oferta, sino por adaptarse a una situación de déficit crónico y creciente”, advierte.

Mientras se mira al cielo a la espera de unas precipitaciones que no llegan, el presidente de la Junta propuso este martes en Bruselas la activación del Fondo de Solidaridad de la UE para aliviar la situación de sequía —que ya se aplicó para esta situación en Rumania, en 2012, y en Chipre, en 2015 y 2016—. Moreno obvió que esta ayuda debe solicitarla el Estado miembro —sostuvo que en los próximos días se lo comunicaría a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera— y tampoco concretó qué cantidad de dinero necesita.

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