Los jueces ordenan al Gobierno extremeño la demolición del hotel y las viviendas inacabadas de la urbanización de lujo Isla de Valdecañas

El Constitucional paralizó en junio, de forma cautelar, el inicio de la demolición de todo el complejo de lujo Isla Marina de Valdecañas, en Cáceres, ordenada por el Tribunal Supremo en junio. En otra vuelta de tuerca de este caso que se alarga desde hace años, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado ...

El Constitucional paralizó en junio, de forma cautelar, el inicio de la demolición de todo el complejo de lujo Isla Marina de Valdecañas, en Cáceres, ordenada por el Tribunal Supremo en junio. En otra vuelta de tuerca de este caso que se alarga desde hace años, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado un auto en el que acuerda que se demuela “todo lo que se encuentra en estructura o no está terminado y en funcionamiento”. Según este tribunal, aquí no se incluyen ni las infraestructuras ni las viviendas a las que se refiere la suspensión del Constitucional. El derribo afecta únicamente, por tanto, al segundo hotel planificado y al resto de chalés, de las que solo existen unos esqueletos de hormigón, así como a las terminadas que sirven de oficina de la promotora y de piso piloto. Además, se debe proceder a la “restauración y revegetación de la zona”. La ejecución del derribo compete a la Junta de Extremadura, que debe aprobar un plan de trabajo. Contra el auto cabe recurso de reposición.

La demolición debe realizarse de “manera ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente”, indica el auto. Los trabajos deben permitir la reposición del terreno a un proceso de regeneración al bosque mediterráneo y suponga un beneficio para la fauna y flora del entorno.

El resort está situado en los municipios de El Gordo y Berrocalejo, en una isla de poco menos de 135 hectáreas, y cuenta con un hotel y un campo de golf de 18 hoyos, ambos actualmente en funcionamiento. También forman parte del complejo 185 chalés construidos, que se utilizan sobre todo como segunda vivienda. Ecologistas en Acción y Adenex, dos organizaciones ecologistas, denunciaron hace casi 20 años los planes urbanísticos debido a que las instalaciones se ubican en un área declarada Zona de Especial Protección de Aves y forma parte de la Red Natura (áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea).

Durante el largo proceso judicial, en el que se ha determinado que el complejo es ilegal, tanto la Junta de Extremadura ―que dio todos los permisos para que se construyera― como los propietarios han intentado parar la demolición. El proceso ha dado múltiples vueltas con sentencias que salvaban las instalaciones y recursos por todas las partes implicadas.

En el camino, el Tribunal Supremo dejó claro en una sentencia de febrero de 2022 que el medio ambiente prevalecía sobre el coste socioeconómico que pueda provocar la desaparición de la urbanización, que costaría 145 millones de euros. El Supremo recordó que cuando la Junta de Extremadura aprobó el Plan de Interés Regional Marina Isla de Valdecañas, que permitió la edificación de las instalaciones y viviendas, “actuó como si la protección del terreno no existiera y decidió transformar urbanísticamente el suelo como si de suelo sin protección alguna se tratara”. Fue una actuación contraria a derecho “al no haber actuado la Junta de Extremadura como la primera y eficaz garante del ordenamiento medioambiental y urbanístico”.

La suspensión de las obras de demolición por el Constitucional como medida cautelar fue consecuencia de la admisión a trámite de los recursos presentados por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del resort. Se trata de evitar que se produzca un daño irreparable a los intereses de los recurrentes, como podría suceder si ahora se inician los derribos y más tarde el propio tribunal considera que, como se alega en las impugnaciones, en el procedimiento judicial seguido en este proceso se hubiera producido alguna vulneración de derechos fundamentales.

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