La Junta andaluza compra 7.500 hectáreas para que las aves permanezcan en Doñana

La adquisición no resuelve el problema de los pozos ilegales, que agravará la ley prevista por el Gobierno regional

Aves en la finca Veta la Palma, en el Espacio Natural de Doñana, en 2018. / MANUEL MÁÑEZ (ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA)Manuel Máñez

Doñana está sedienta de buenas noticias que alivien su declive y este martes ha llegado una. La Junta de Andalucía (PP) ha anunciado la compra de 7.500 hectáreas al sur de la reserva para retener a las miles de aves que cada año visitan su marisma. La mitad de ellas, 3.200 hectáreas, están inundadas en piscifactorías cuya agua es vital para que los pájaros regresen, y forman parte del Parque Natural, compuesto por 74.278 hectáreas. La Junta prevé ahora proponer al Gobierno la amp...

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Doñana está sedienta de buenas noticias que alivien su declive y este martes ha llegado una. La Junta de Andalucía (PP) ha anunciado la compra de 7.500 hectáreas al sur de la reserva para retener a las miles de aves que cada año visitan su marisma. La mitad de ellas, 3.200 hectáreas, están inundadas en piscifactorías cuya agua es vital para que los pájaros regresen, y forman parte del Parque Natural, compuesto por 74.278 hectáreas. La Junta prevé ahora proponer al Gobierno la ampliación del Parque Nacional (54.252 hectáreas), la figura de mayor protección ecológica, a estos terrenos que pasarán a ser de titularidad pública a cambio de 70 millones de euros.

La compra de terrenos en el extremo sur de la reserva, a 20 kilómetros de su desembocadura, no resuelve el problema central de Doñana, los pozos ilegales para el cultivo de fresas, que durante décadas han minado su enorme acuífero y han hecho desaparecer los miles de humedales que antaño cubrían el espacio protegido. Sin embargo, la adquisición de la finca Veta la Palma, con 45 balsas inundadas con entre medio metro y un metro de agua, aporta algo de luz, según los expertos. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha avanzado este martes la adquisición en un foro del diario Abc.

“Doñana está tan mal que la marisma y las lagunas no cumplían su función. Las aves han dejado de venir y han buscado sistemas con agua como piscifactorías, arrozales o balsas de riego. La compra de Veta la Palma es interesante para recuperar el bajo Guadalquivir y renaturalizar el estuario. Eso sí, el anuncio no soluciona los problemas de falta de caudales del parque”, advierte Juan José Carmona, responsable para Doñana del fondo WWF.

Veta la Palma fue la zona que albergó mayor distribución de aves en Doñana, con 27.455 ejemplares el año pasado, el 34% del total, según el conteo de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, dado que no le afecta la falta de lluvias porque su inundación proviene del río. El censo de aves en 2022 fue de 80.880 ejemplares, la segunda peor cifra de toda la serie histórica y muy alejada de la mejor época en los años noventa, con 600.000 aves que invernaban en Doñana.

Vista aérea de la finca Veta la Palma, en la marisma de Doñana, en 2021. / CARLOS RUIZ (ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA)

Carmona recuerda que el anuncio de la Junta coincide con la reunión anual del comité de patrimonio mundial de la Unesco en Arabia Saudí, que puede pronunciarse sobre el deterioro de Doñana, patrimonio de la Humanidad. “Esto no puede servir de cortina de humo para amparar el robo del agua por parte de los agropiratas, ni la aprobación de ley antiDoñana [promovida por PP y Vox]”, ha añadido el experto.

Dado que la empresa dueña de las piscifactorías, el grupo Hisparroz, abandona la cría de peces, la Junta compra los terrenos para evitar que las balsas dejen de inundarse, tras dos años de negociación, según Ricardo Arque, dueño de las tierras. De sus 10.000 hectáreas, la Junta adquiere 3.200 con las 45 balsas, 4.300 con plantas halófilas y pastos naturales, y el empresario retiene 2.500 de cereales y girasol plantados. Tras tres décadas de actividad, el cierre de las piscifactorías llega por la creciente competencia comercial en mar abierto por el Mediterráneo, la subida del precio de los piensos y el consumo de las aves, con cada vez menos alimento por el resto del parque, según Arque.

El agua entra en Veta la Palma empujada por la corriente mareal al estar cerca del estuario del Guadalquivir, y luego una estación de bombeo reparte el agua hacia las balsas mediante una red de canales de riego y desagüe para que crezcan las lubinas, corvinas, doradas y camarones. Al margen de mantener las 45 balsas inundadas, la Junta prevé un plan de reestructuración para la zona, según fuentes de la consejería andaluza de Medio Ambiente y Sostenibilidad.

Sobre la compra de la Junta, el Gobierno se ha mostrado cauto y optimista. “Va en la buena dirección”, ha señalado hasta en tres ocasiones Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra en funciones de Transición Ecológica, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros. Pero también ha advertido de que es “insuficiente”. Además, ha resaltado que tendrá nula incidencia en el agua disponible para el espacio protegido. “No aporta agua ni reduce la presión sobre el acuífero”. Ribera, quien ha recordado que el anuncio de Moreno llega tras la última amenaza de Unesco, ha pedido dos cosas a la Junta de Andalucía: que retire la norma que prevé la ampliación de la superficie regable en el entorno de Doñana y que explique qué se ha hecho con los 12 millones de euros que el Gobierno regional ha recibido de los fondos de recuperación para actuaciones en el parque nacional.

Transición Ecológica anunció un plan de choque para Doñana el pasado noviembre con 356 millones, de los cuales 100 están destinados para comprar fincas agrícolas con derechos de agua cuyos propietarios estén dispuestos a vender. Sin embargo, 10 meses después el Ministerio para la Transición Ecológica no ha concretado qué medidas están ejecutadas o en marcha, y qué persona está al frente del plan para garantizar su ejecución. La última compra fue la finca de Los Mimbrales, que el Gobierno adquirió en 2015 por 35 millones para liberar del uso agrícola de sus 1.000 hectáreas. Entonces el Ejecutivo de Mariano Rajoy pagó la hectárea a 53.000 euros, y ahora la Junta pagará 10.000 euros, resaltan fuentes de la Junta.

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