El plan del Gobierno para las reservas de agua mantiene intacta la alta presión del regadío

El regadío mantendrá casi intacta su presión actual sobre las reservas de agua. El Gobierno, las autonomías y los regantes fían la previsión hasta 2027 a que llueva, los embalses se recuperen, y esto permita mantener el altísimo nivel de riego actual: 29.000 hectómetros cúbicos (8,7 millones de piscinas olímpicas) que captan el 80% de las reservas para destinarlas a 3,8 millones de hectáreas de cultivos (el otro 20% es para la industria y el consumo humano). El problema es que expertos hídricos alertan —cada vez con más énfasis y certezas— que ...

El regadío mantendrá casi intacta su presión actual sobre las reservas de agua. El Gobierno, las autonomías y los regantes fían la previsión hasta 2027 a que llueva, los embalses se recuperen, y esto permita mantener el altísimo nivel de riego actual: 29.000 hectómetros cúbicos (8,7 millones de piscinas olímpicas) que captan el 80% de las reservas para destinarlas a 3,8 millones de hectáreas de cultivos (el otro 20% es para la industria y el consumo humano). El problema es que expertos hídricos alertan —cada vez con más énfasis y certezas— que lloverá menos en todo el país por culpa del cambio climático, lo que hará imposible mantener la cota de extracción actual. Ante esta previsión de escasez, critican que las administraciones se tapen los ojos al igual que los regantes, e ignoren el panorama sombrío que se avecina. Y el momento es crucial: España decide ahora qué hace con sus aguas el próximo lustro, cómo las reparte, y en dos semanas el Gobierno aprobará sus planes hidrológicos del tercer ciclo para los grandes ríos y cuencas de la Península. Autonomías con cuencas interiores como Andalucía, Galicia, País Vasco o Cataluña también aprobarán sus planes antes de final de año.

Los pepito grillo del sistema hídrico dicen lo que nadie quiere oír. Pilar Paneque, directora del Observatorio ciudadano de la sequía (CSIC, CREAF y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), es una de ellos y censura la huida hacia adelante del Ministerio para la Transición Ecológica y cómo su discurso oficial no casa con los planes que reflejan sus documentos: “El sistema tiene sus límites y nuestro sistema no lo quiere reconocer. No se es honesto al planificar el agua hasta 2027. Todos los pasos son para mejora y eficiencia del regadío, que no reduce los consumos, y esa agua no retorna al sistema. No se trata de estrujar la esponja, sino de reducir regadíos. Resulta llamativa la llamada al orden de Transición Ecológica, a la asunción del cambio climático, pero los usos legales del agua son desproporcionados. Tienen la voluntad, pero no hay valentía”. Las sequías, como la que ahora sufre la Península, no son terremotos ni tsunamis, sino periodos largos, recuerdan los expertos.

Transición Ecológica asegura que dentro de cinco años reducirá los regadíos un 3% al quitarle 1.000 hectómetros cúbicos al total de 29.000 que ahora se traga el campo. Pero los expertos desconfían del discurso oficial por los antecedentes y la poca transparencia que ofrecen las principales Confederaciones Hidrográficas, que a menudo rechazan facilitar datos y juegan con la contabilidad de recursos hídricos para disfrazar el porcentaje para regar cereales, olivar, frutales, viñedos y hortalizas. El agua destinada a demanda agraria en España pasaría del 80,95% actual del total al 80,08% en 2027, una bajada “casi simbólica”, reprocha el Observatorio ciudadano de la sequía.

Un ejemplo claro de esa ingeniería numérica realizada por las confederaciones en sus planes hidrológicos se visualiza en la cuenca del Tajo: la demanda energética se disparó de 86 hectómetros cúbicos/año en 2015 a 743 hectómetros cúbicos/año en 2022. ¿Puede esta demanda multiplicarse por ocho en solo seis años? Parece difícil, pero el nuevo plan así lo indica. En el primer caso se especifica que solo se incluyen los usos consuntivos (agua usada y no devuelta al medio) y en el segundo parece que se habrían incluido los usos no consuntivos (hidroeléctricas, por ejemplo), por lo que la cifra se dispara y eso permite dar menos peso a las demandas agrarias. Así, teóricamente y de acuerdo con el nuevo plan, el regadío pasaría a consumir del 69% al 56% del total de las demandas de agua. En realidad, si esa demanda energética se hubiera contabilizado de la misma forma que en el plan anterior, la demanda agraria aumentaría al 71%-73%, es decir, no habría la disminución señalada oficialmente. Otras confederaciones maquillan sus cifras al sacar o meter el agua destinada a la ganadería de un ciclo a otro.

Mientras el regadío que rodea al Tajo se multiplicaba hasta las 583.491 hectáreas, su caudal menguaba. “A pesar de las cinco sentencias del Tribunal Supremo, los caudales ecológicos reales se implantarán con valores muy bajos y empezarán con retraso, en 2025-2027″, critica Beatriz Larraz, directora de la cátedra del Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Abrir el melón de limitar los regadíos es muy complejo para un gobierno, central o autonómico, cuando detrás presionan para obtener más agua las comunidades de regantes, círculos de poder en el campo. “El regadío es un arma política para conseguir el voto rural, y políticamente no tiene réditos admitir que no podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. En términos económicos es el coste de oportunidad. ¿Merece la pena invertir el 80% del agua en generar en torno al 3% del PIB, de la misma manera que se ha hecho hasta ahora?”, plantea Rafael Seiz, técnico del programa de aguas de WWF.

La acuciante falta de lluvias ha caldeado el ambiente en el campo porque muchas cosechas no saldrán adelante, sobre todo en regiones como Andalucía, donde los agricultores miran frustrados al cielo. “Esto es un polvorín y a la gente no hay quien la frene como no llueva, y gran culpa la tiene la Confederación [del Guadalquivir], que ha dado concesiones de agua como si fuera una tómbola”, apunta Eduardo López, responsable nacional de agua de la organización agraria COAG. López censura los riegos en precario concedidos en la cuenca del Guadalquivir, que permiten ampliar cultivos de regadío a cambio de un supuesto ahorro de agua, que esta organización considera una “trampa”. Los regadíos se han duplicado las dos últimas décadas en esta cuenca hasta las 900.000 hectáreas y COAG ha exigido a la ministra Teresa Ribera un cambio de rumbo en dicha Confederación.

A pesar de su escasez hídrica, España se mantiene como el país europeo con mayor superficie de cultivos de regadío, 3,8 millones de hectáreas, la mayoría en Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Detrás está el mayor beneficio económico del regadío, que multiplica las ganancias del secano y eleva la cosecha entre seis y ocho veces. Sin embargo, las bajas reservas, que se hunden hasta el 18% en el Guadalquivir, hace tiempo que redujeron ciertas dotaciones como los arrozales en Sevilla, que este año han regado con la mitad del agua de antaño y han menguado las hectáreas plantadas.

“Cada vez llueve algo menos, pero hay más regadíos. Probablemente lloverá y volveremos a creernos que se soluciona el problema y en cinco años volveremos a estar igual. O se enfoca el problema o viviremos siempre en situación de restricciones. Los regadíos superintensivos no piensan en el futuro ni les interesan los recursos hídricos, trabajan a muy corto plazo, máximo entre 10 y 15 años”, censura Joan Corominas, presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, con sede en Zaragoza. Corominas advierte contra la visión “acrítica” del Ministerio de Agricultura y los regantes, 700.000 de los cuales están representados por la federación Fenacore, que reclama nuevas inversiones a las Administraciones para seguir creciendo porque la modernización tecnológica genera supuestamente un ahorro de agua.

En la cuenca del Guadiana, con sus embalses a solo el 23% de su capacidad y que lleva casi tres años en emergencia, la Confederación prevé transformar los cultivos de secano a regadío en la comarca de Tierra de Barros para estos próximos años gracias a las reservas de los acuíferos. “El Ministerio tiene una mala política de adaptación al cambio climático y no tiene un plan de regadíos desde 2008, no se sabe a dónde va el regadío, solo que hay margen para mejorar la eficiencia porque somos la huerta de Europa”, critica Seiz. El crecimiento más llamativo del regadío está al sur del Guadiana, en la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras que gestiona la Junta andaluza y que prevé duplicar las 40.000 hectáreas de 2021 hasta las 80.000 en 2027.

La cuenca del Júcar, que gestiona el agua en la Comunidad Valenciana, Albacete, Cuenca y Teruel con 3.300 hectómetros cúbicos, prevé consolidar el regadío existente. “Daremos riego de apoyo con aguas subterráneas, que no intensivo, para que aguante la producción de almendra, trufa y cereal. A efectos de papel darás más agua, pero en la realidad no es así porque se abandonan muchos cultivos en la costa”, defiende Miguel Polo, presidente de la Confederación del Júcar. Tanto la Confederación del Tajo, como las del Ebro y el Guadalquivir, y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural andaluza han rechazado opinar para este reportaje, al igual que Transición Ecológica, que se ha limitado a remitir una breve respuesta por escrito.

Paneque da un paso atrás para reflexionar sobre el modelo productivo que busca a toda costa modernizarse para poder aumentar el regadío: “¿Qué repercusión económica tendría reformar nuestro modelo exportador? Necesitamos un debate sereno escuchando a los agricultores de secano, a los ganaderos, y viendo cómo transformar el empleo. Nadie habla del sector, sino de la modernización, a pesar de que precisamente bien no estamos, tenemos las rentas más bajas y los agricultores lo están pasando mal”. Sobre los cálculos del Gobierno, la catedrática de Geografía Humana de la Pablo de la Olavide matiza: “Hasta ahora nadie ha demostrado que se ahorre agua, los datos son inconsistentes al extremo y hacen magia con los números. No niego el mensaje de que van a controlar y no dar nuevas concesiones, pero al mismo tiempo brotan nuevos regadíos sin soporte detrás. En los planes hidrológicos hay viejas prácticas que no decaen. ¿Cuánta agua tenemos y en dónde la gastamos? Se trata de pedagogía básica para ahorrar, no para señalar a nadie”.

El presidente de la federación de regantes Fenacore, Andrés del Campo, de 74 años y 24 en el cargo, defiende esa huida hacia adelante que censuran los expertos amparándose en que la futura producción de alimentos en todo el mundo deberá crecer un 55%, según Naciones Unidas, y España debe responder a esa demanda internacional. “Las reservas van a menos, por eso necesitamos la máxima tecnología, nueva tecnología para nuevas hectáreas. Al final lloverá, volverá a llover”. ¿Y si no llueve? “Pues se acabará el regadío y nos acabaremos todos”.

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