Los agricultores de Doñana rompen su histórica unidad ante la polémica propuesta de PP, Cs y Vox de aumentar el suelo regable

El daño al acuífero sobreexplotado de Doñana tiene detrás un pequeño ejército de agricultores que durante décadas ha abierto un pozo ilegal tras otro para mantener sus invernaderos de fresas, pese a que la guardería fluvial les cerraba las extracciones. Hasta ahora el sector había amparado las captaciones clandestinas, pero ese silencio cómplice se ha roto y la asociación de 300 agricultores de Almonte ha abandonado la Plataforma de los Regadíos del Condado, q...

El daño al acuífero sobreexplotado de Doñana tiene detrás un pequeño ejército de agricultores que durante décadas ha abierto un pozo ilegal tras otro para mantener sus invernaderos de fresas, pese a que la guardería fluvial les cerraba las extracciones. Hasta ahora el sector había amparado las captaciones clandestinas, pero ese silencio cómplice se ha roto y la asociación de 300 agricultores de Almonte ha abandonado la Plataforma de los Regadíos del Condado, que defiende la legalización de las fincas de los agricultores sin permisos de riego, porque considera que les perjudica. Con este movimiento se quiebra en Huelva la histórica unidad de los 1.300 productores del denominado oro rojo, que en 2021 movió 1.186 millones.

Esta plataforma –ahora dividida– logró que el PP, Ciudadanos y Vox presentaran en el Parlamento andaluz hace dos semanas una proposición de ley para aumentar el suelo agrícola regable en 1.460 hectáreas. Pero la iniciativa choca con una agria realidad: no hay agua para que el regadío crezca. El acuífero está bajo mínimos y declarado “sobreexplotado” por el Gobierno, las reservas de los pantanos al 28% y las perspectivas de lluvias venideras son muy negras. Ante el panorama de escasez actual y el que se avecina, los 300 agricultores de Almonte han dicho basta porque ven peligrar la viabilidad de sus invernaderos ante los recortes venideros en los derechos de agua, al sumarse 1.460 hectáreas más a una tarta –la del agua– cada vez más exigua.

“Los agricultores de Almonte consideran que esta plataforma en defensa de los regadíos desde hace tiempo no defiende los intereses generales de todos los regantes, sino más bien los intereses particulares de una minoría”, reza el comunicado de la asociación de agricultores Puerta de Doñana, a la que apoya el Ayuntamiento de Almonte (gobernado por Mesa de Convergencia y PSOE). Los agricultores almonteños poseen unas 4.000 hectáreas de invernaderos, el 52% de las hectáreas de la comarca del Condado de Huelva –productora del 80% de toda la fresa onubense– y el 65% de los terrenos de la comarca que dependen de la cuenca del Guadalquivir, que padece escasez frente a la de los ríos Tinto y Odiel.

“La proposición de ley es cuando menos inoportuna y supone poner en guerra a la agricultura intensiva con el espacio natural y los ecologistas, cuando el plan de la fresa [que pretende cambiar la derecha andaluza] está todavía en fase de regularización. Todavía no hemos acabado de regularizar y ya quieren más [hectáreas]”, se lamenta un directivo de la asociación que pide anonimato. En el entorno de Doñana hay 800 hectáreas de invernaderos pendientes aún de ser regularizadas y obtener permisos de riego, al margen de las 1.460 que se pretenden añadir al suelo agrícola regable de la zona. A la asamblea de la asociación que la tarde de este lunes decidió romper con la plataforma asistieron una treintena de dirigentes y cargos de comunidades de regantes.

La asociación de agricultores Puerta de Doñana, con tierras en Almonte pero también en los pueblos de Bonares, Lucena del Puerto y Rociana del Condado, se ha reunido con dirigentes del PP y Vox, y este miércoles lo hará con el PSOE y el viernes con Ciudadanos. En la reunión con los dirigentes populares, estos transmitieron a la asociación de agricultores que no eran conscientes de que la iniciativa parlamentaria pudiera perjudicar a nadie, y por eso les pidieron propuestas para presentar enmiendas a partir del 9 de febrero, cuando se abre el plazo, según la cúpula de la asociación. Manuel Andrés González, parlamentario del PP que presentó la proposición de ley, matiza: “Estamos abiertos a cualquier iniciativa que mejore la proposición de ley, pero para nada cambiaremos el trámite de urgencia en el Parlamento. Nuestro objetivo es que los agricultores que históricamente han cultivado esas tierras puedan volver a hacerlo”. Una portavoz de la Plataforma de regadíos aclara: “No vamos a hablar de la salida de miembros, tienen que hablar los que se han ido, no nosotros”.

Tanto la oposición política como las organizaciones ecologistas han acusado a los partidos que gobiernan en Andalucía y la ultraderecha de “engañar” a los agricultores y de buscar votos con promesas imposibles de cumplir en este año electoral. Sin embargo, si ese fuera el objetivo de la derecha andaluza puede que el tiro les haya salido por la culata.

Los 300 agricultores almonteños son menos de la mitad de los 1.500 empresarios agrícolas que aglutina la plataforma, pero poseen la mayoría de las hectáreas de la comarca y dan empleo a muchos jornaleros de los cinco pueblos. Además, representan al municipio más poblado, Almonte, con 25.000 habitantes.

El secretario general de la asociación de comunidades de regantes de Andalucía (Feragua), Pedro Parias, evita condenar la proposición de ley pero resalta su carencia clave y pone el dedo en la llaga: “Esta propuesta habla de la calificación de los suelos pero no habla de agua, porque no lleva aparejada la disponibilidad de agua. No tiene sentido otorgar un derecho sin disponer de agua, porque afecta a los demás que sí lo tienen”.

La guerra por el agua entre los agricultores de Doñana acaba de empezar. “Es como hacer una paella para ocho y que se presenten 14 a comer”, ejemplifica un líder que también pide preservar su identidad. El miedo se ha instaurado en la comarca desde que aparecieron amenazas de muerte contra agricultores que se oponen a la ampliación de regadío prevista por la Plataforma que hasta ahora representaba a todo el sector.

Miguel Delibes: “Estoy decepcionado con Moreno”

El reputado biólogo y presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, escribió a principios de enero una carta al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), para pedirle que diera marcha atrás en su iniciativa parlamentaria porque rompía “el consenso alcanzado”. Más de dos semanas después, Moreno ni siquiera le ha contestado. “Esperaba una respuesta porque le escribí cuando solo era un borrador [la proposición de ley], porque me parecía un error que debía corregirse. Siento decepción porque el Consejo de Participación que presido trabajó mucho para alcanzar un consenso y cuando hay un problema serio, hay que intentar limarlo. Es poco responsable y decepcionante presentar una alternativa que rompe el consenso que teníamos”, explica Delibes.

El exdirector de la Estación Biológica de Doñana detalla que en sus conversaciones anteriores con Moreno, el líder popular siempre le ha animado a defender el consenso: “Siempre me ha manifestado que Doñana tenía que ser un objetivo común y que él defendía las políticas medioambientales”, añade.

Moreno ha dicho desde Bruselas este martes que no prevé que la Comisión Europea imponga multas por el incremento de regadíos previsto que contraviene la sentencia del tribunal europeo. “Yo no veo que haya ninguna posibilidad de que haya sanciones (…). En este asunto se está generando una polvareda intencionada desde el punto de vista político, incluso faltando a la verdad”, ha dicho, según recoge Europa Press. A pesar de que la proposición prevé el crecimiento de 1.460 hectáreas de regadío al convertirlas en “suelo agrícola regable”, Moreno defiende que no se aumentarán los regadíos por el matiz de que esta declaración no supone que de manera inmediata consigan sus derechos de agua, que corresponden a posteriori a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central.

Al margen de la carta de Delibes, la iniciativa parlamentaria de la derecha andaluza ha provocado que la Unesco reclame información a España sobre si afectará a la reserva, declarado Patrimonio de la Humanidad, y de igual manera la Comisión Europea indagará los efectos de la iniciativa sobre la biodiversidad de Doñana tras haber denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE y haber logrado la condena del Estado español por dañar el acuífero mediante la agricultura intensiva y el núcleo turístico de Matalascañas.

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