Guerra por el agua entre agricultores en Doñana

La connivencia y el silencio de los agricultores del entorno de Doñana ante el expolio del acuífero mediante pozos ilegales ha saltado por los aires. Durante décadas, los regantes legales han mirado para otro lado cuando sus vecinos esquilmaban las aguas subterráneas del espacio protegido más emblemático de España. Hasta ahora. El acuífero ha dicho basta, las reservas menguan y tras declararlo el Gobierno “sobreexplotado”, en plena sequía extraordinaria y con los embalses al 28% de capacidad, ahora vienen los recortes de agua para regar las fresas y se acabó la paz: la competencia desleal se r...

La connivencia y el silencio de los agricultores del entorno de Doñana ante el expolio del acuífero mediante pozos ilegales ha saltado por los aires. Durante décadas, los regantes legales han mirado para otro lado cuando sus vecinos esquilmaban las aguas subterráneas del espacio protegido más emblemático de España. Hasta ahora. El acuífero ha dicho basta, las reservas menguan y tras declararlo el Gobierno “sobreexplotado”, en plena sequía extraordinaria y con los embalses al 28% de capacidad, ahora vienen los recortes de agua para regar las fresas y se acabó la paz: la competencia desleal se recrudece y está en juego la supervivencia económica.

Ante las multas, el cierre masivo de pozos de los guardias fluviales y los juicios perdidos en el Tribunal Supremo, los agricultores con captaciones de agua clandestinas lograron que esta semana el PP, Ciudadanos y Vox anunciaran un cambio legal en el Parlamento andaluz para transformar en fincas de regadío 1.460 hectáreas hasta ahora ilegales. Esta iniciativa, en año electoral, dará vía libre a sus propietarios para exigir agua legal al Gobierno central. Y la tarta, cada vez más pequeña, habrá que repartirla entre más comensales.

Cinco comunidades de regantes de Almonte (Huelva) se han opuesto: “Supone un aumento de casi un 20% de superficie de regadío en la corona norte [terrenos aledaños a Doñana], y complicará aún más el reparto del trasvase de 19,9 hectómetros al año”, dice la carta dirigida a los grupos políticos y a la que ha tenido acceso este diario. La tensión es máxima y ha habido amenazas de muerte en redes sociales que la Guardia Civil ha declinado investigar por la falta de denuncias. Hay miedo y precedentes de ataques violentos, incluso a los guardas fluviales en 2014 y 2018, por parte de ciertos agricultores.

“Estamos aquí desde los años ochenta y viendo que nos van a reducir la concesión de riego, ¿cómo van a meter más hectáreas? La confederación ya estudia reducir los 4.500 metros cúbicos por hectárea a solo 3.000. Claro que es perjudicial para los que ya estamos”, afirma un presidente de una comunidad de regantes firmante, que exige anonimato. Las comunidades reclaman a los grupos políticos que la expansión de más fincas de regadío no se tramite por la vía de urgencia y esté respaldada por informes técnicos: en tal caso no se opondrán a que el regadío se extienda. Mientras, la sequía aprieta y los recortes de dotaciones ya se han producido muy cerca, en Isla Mayor (Sevilla), en pleno parque natural, donde los agricultores contaron el pasado año con un 53% menos de su agua de riego habitual.

Los partidos que gobiernan la Junta (PP y Ciudadanos) y la ultraderecha esperaban recabar con esta iniciativa el apoyo de la población de la comarca del condado onubense, cuya riqueza depende en gran parte del éxito económico de las bayas, pero podría ser un tiro en el pie. “Evidentemente, los que cuestionan la iniciativa somos más y la derecha busca votos, pero son torpes porque nunca han testado bien a los agricultores. La amnistía beneficia a gente que comete delito continuado y perjudica a los que estaban aquí en 1980. Tenemos nuestros derechos legalmente constituidos y no se puede declarar una amnistía contra nuestros derechos”, protesta un dirigente de otra comunidad de regantes que pide preservar su identidad.

A pesar de conocer la disensión entre los agricultores a través de las cinco misivas, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, dijo este viernes: “La sociedad onubense apoya la iniciativa en su conjunto, hay unidad de todos”.

Aumentar el regadío y alterar el plan fijado por la Junta en 2014 para salvar el acuífero de 2.409 kilómetros cuadrados contradice las recomendaciones de la Unesco, que tiene Doñana entre su Patrimonio de la Humanidad, así como la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que condenó a España el pasado junio por no proteger sus humedales, que están casi del todo secos. Al margen del Ministerio de Transición Ecológica y los ecologistas, las presiones al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se han sucedido estos días, de momento en privado, con la esperanza de que recule. “Hay mucha gente moviéndose para reaccionar desde dentro”, confía un alto cargo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible. El daño a la marca Doñana es evidente y doble: por un lado ambiental porque agudiza la desaparición de las lagunas y el hábitat protegido, y por otro económico porque las exportaciones suponen el 80% de la producción, y las malas noticias sobre Doñana se suceden en Europa.

Los frutos rojos onubenses se sirven en los supermercados alemanes y británicos, la conciencia medioambiental de sus consumidores va al alza y el mercado penaliza el daño a la biodiversidad, aunque sea a miles de kilómetros, en el mar Menor o en Huelva. Este fin de semana medios como el británico The Times y el alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung han detallado el plan andaluz que dañaría Doñana. “Un consumidor en Alemania no sabe lo que es Huelva o Doñana, les llegan las noticias y saben que la fruta producida en España tiene problemas legales, y eso es un problema de marca muy importante”, reflexiona Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Sin embargo, las exigencias del consumidor europeo ya han llegado a España y la cadena de supermercados ALDI anunció este otoño que dejará de vender frutas y verduras sin la trazabilidad legal del agua. Y la pelea por el nicho del consumidor concienciado, cada vez más numeroso, se recrudece. “Claramente los supermercados están trabajando para que las certificaciones amparen que no hay problemas con los proveedores sobre sostenibilidad”, avanza Ignacio Ortiz, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que aglutina el 75% del mercado.

Romualdo Macías, presidente de la Plataforma Regadíos del Condado, reclamó la medida a los tres grupos políticos andaluces y ahora pide al Gobierno central infraestructuras para aumentar el trasvase de aguas superficiales desde la cuenca del río Tinto: “El problema no es de tierra, es de agua. Los agricultores somos los primeros que queremos cerrar pozos y tener agua superficial”, arguye.

La guerra puede romper en dos la Plataforma de regadíos del condado que en teoría representa a todos los agricultores de la comarca. Los regantes de Almonte y Rociana se sienten perjudicados, y ambos municipios representan el 60% del suelo regable además de sumar 32.000 habitantes, frente al 40% del regadío que acumulan Moguer, Luciana y Bonares, con 22.000 vecinos. Sobre la posible ruptura en la plataforma que preside, Macías alega: “No debemos entrar en polémicas”.

Para los agricultores de Almonte y Rociana, los dos municipios más cercanos a la reserva natural, la iniciativa para sumar más hectáreas es solo la gota que colma el vaso. El trasvase de aguas superficiales desde el Andévalo, con 20 hectómetros cúbicos al año, se diseñó para sustituir las extracciones subterráneas junto al parque, pero finalmente se destinó a regadíos de los tres municipios más al oeste. En paralelo, la última ampliación de regadío decidida por la Junta, con mil hectáreas nuevas, benefició a los agricultores de Moguer. “Al final el agua superficial que salvaría Doñana nunca llega porque siempre lo entorpece algo por el camino”, explican fuentes del sector. Hay mucho dinero en juego: si el precio medio de una hectárea de secano ronda los 5.000 euros, el precio de una de frutos rojos se dispara hasta los 100.000 euros, con una rentabilidad media de 30.000 euros al año.

“El plan de la Junta es un ataque directo y ha roto la paz social. Es volver de nuevo a las trincheras, a una guerra mediática, que los mercados nos pregunten y que Unesco nos señale con el dedo”, critica Felipe Fuentelsaz, responsable de agua y agricultura en la organización ecologista WWF.

Del total de 11.740 hectáreas cubiertas por plástico en la provincia andaluza, permanecen ilegales 1.460 y ahí ha centrado las inspecciones la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica. En los últimos tres años, sus seis guardas en la zona han sellado 555 captaciones sin permiso con un efecto claro: la superficie bajo plástico y fuera de ordenación ha descendido de 1.202 hectáreas en 2019 a 766 en 2021, según los informes de teledetección de la Confederación. El pasado viernes un aguador regaba las fresas bajo plástico en dos invernaderos, uno a cada lado de la carretera A-486, en la que se repiten las pintadas: “CHG no más acoso”.

El Gobierno: “Es un disparate”

Si el plan trazado por el centro-derecha andaluz sale adelante, después de que se legalicen los terrenos los agricultores tendrán que llamar a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica, que otorga el agua a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. “Es un disparate, un engaño a los agricultores por pretender contentarlos en vez de decirles que no hay recursos hídricos. El PP ha conseguido alertar a las instituciones internacionales y vuelven a arriesgar el sello de calidad de los productos de la zona”, critica el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

El número dos del Ministerio censura que PP, Cs y Vox hayan esperado al reciente cierre del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2022-2027 para “inmediatamente después” pretender reformar el plan que protege el acuífero de Doñana sin informes técnicos de la Confederación y el Consejo de Participación de Doñana. Mientras el Gobierno central prevé disminuir el agua para regadío en el Guadalquivir hasta 2027 un 5%, el Parlamento andaluz va en dirección contraria y aumentará las hectáreas de regadío junto a Doñana si la iniciativa parlamentaria sale adelante.

La contundencia de Morán contrasta con la tibieza del PSOE andaluz, que también recibió la carta de los agricultores contrarios al cambio legal, fechada el 4 de enero. Los socialistas se abren a revisar el plan y siembran la duda de si votarán en contra de la proposición de ley planteada en el Parlamento autonómico. Juan Antonio García, secretario de Agricultura del PSOE en Huelva y alcalde de Bonares, expone: “La manera de resolver el conflicto no nos parece correcta. Siempre estaremos con los agricultores, pero también con la ley, con equilibrio social, económico y medioambiental. Para que podamos convivir y se pueda mantener la joya de la corona, Doñana”.

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