Unas casitas de pescadores contra la legalidad y las mareas

Por debajo de las destartaladas puertas de las casetas de pescadores de La Casería, unas construcciones levantadas con jirones de lata y madera en la primera mitad del siglo XX en esta popular barriada de San Fernando (Cádiz), hace una semana que comenzó a deslizarse algo más que el agua de las mareas altas. Los propietarios de estas coloridas casitas recibieron unas cartas de la Demarcación Costas de Andalucía Occidental que pusieron el reloj en marcha: ocho días para justificar con documentación que tienen derecho a ocupar ese trozo de dominio público y 10 para desalojar.

Según incide...

Por debajo de las destartaladas puertas de las casetas de pescadores de La Casería, unas construcciones levantadas con jirones de lata y madera en la primera mitad del siglo XX en esta popular barriada de San Fernando (Cádiz), hace una semana que comenzó a deslizarse algo más que el agua de las mareas altas. Los propietarios de estas coloridas casitas recibieron unas cartas de la Demarcación Costas de Andalucía Occidental que pusieron el reloj en marcha: ocho días para justificar con documentación que tienen derecho a ocupar ese trozo de dominio público y 10 para desalojar.

Según incide Patricio Poullet, jefe de la Demarcación Costas de Andalucía Occidental, con esos 61 expedientes de recuperación posesoria destinados a 59 casetas y dos chiringuitos se pretende “levantar esas ocupaciones ilegales”, construidas en un frente de costa de unos 200 metros, al pie de una zona de marismas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz que se inunda con cada marea y que lleva el mar a los pies de estas improvisadas naves. Sin embargo, estas cartas han puesto en pie de guerra a esta barriada de 8.500 vecinos para defender unas casetas que aquí se consideran icónicas.

Ni es una guerra nueva ni es el único caballo de batalla que tiene la Administración gaditana con construcciones antiguas que invaden el dominio público decretado desde la Ley de Costas de 1988. La Demarcación Costas de Andalucía Occidental, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha redoblado en los últimos tiempos su cerco a este tipo de edificaciones a raíz del comprobado impacto que el cambio climático puede tener en la subida de los mares. “Manejamos predicciones de subida del mar entre 60 centímetros y un metro en la zona en los próximos 100 años”, apunta Poullet.

Pero en La Casería no preocupa tanto la subida del agua como perder una suerte de patrimonio etnológico, a medio camino entre la identidad popular y el testimonio de un pasado tan paupérrimo que se construía recurriendo al reciclaje. “Tengo 45 años y lo recuerdo. Ha sido un sitio muy simbólico. Con los últimos años, los colores lo han hecho peculiar. Cada vez sale más en videoclips o películas. Ha adquirido ese halo cultural alternativo. Pero más allá de lo exótico, son personas que se dedican a la pesca”, afirma la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada (PSOE), atrapada en el centro de una polémica que la ha obligado a posicionarse.

Los estrechos callejones de La Casería ni siquiera están pavimentados; con suerte, unas baldosas hidráulicas rotas componen un peculiar mosaico. Antiguas chapas de botellines sirven de remaches para bidones de lata, aplastados para componer paredes en las que lo mismo se mezclan tablones de viejas barcas con trozos de muebles antiguos. Todo está pintado de chillones rojos, amarillos, verdes o azules en una moda que comenzó Bartolo Muñoz, gerente de La Cantina del Titi, uno de los dos chiringuitos del lugar. La zona está tan asomada al mar que cuando la pleamar alcanza su punto máximo, el agua se queda a las puertas de las casetas e, incluso, inunda algunos de sus improvisados callejones en momentos puntuales de mareas vivas.

Muñoz ha sabido utilizar lo que puede ser un contratiempo en un auténtico reclamo, al aprovechar las subidas del agua de verano para que sus clientes coman con las piernas en remojo. Pero Poullet no lo ve tan idílico: “Eso que él lleva a gala está prohibido por ley. No se pueden ocupar los últimos 15 metros […]. Con el cambio climático y el aumento de temporales, la subida del nivel del mar o cambio en la dirección de oleajes, la política es de protección de la costa o de retirada de ocupaciones ilegales”.

Muñoz recuerda que su tía abrió en 1934 la cantina para atender a los pescadores y a los trabajadores de una cantera cercana, convertida ahora en tres enormes torres de viviendas visibles desde buena parte de la bahía. Uno de esos marineros locales era el abuelo de José María Domínguez, hoy propietario de la caseta El Loco, donde ondea desde hace días una bandera de S.O.S. “Esto se creó con el permiso de la Comandancia de Marina. Tengo documentación que defiende que aquí se pagaba un tributo en 1967 de 330 pesetas”, explica el isleño, que hoy usa su nave como lugar en el que reunirse con su familia al aire libre.

Mucho antes de que las casetas de La Casería se convirtieran en telón de fondo de atardeceres de Instagram, ya eran una patata caliente difícil de resolver. Los primeros planes municipales de hace más de dos décadas planteaban derribar las naves para construir un paseo marítimo y regenerar una playa. La actual alcaldesa también defiende desde hace años la necesidad de actuar en la zona y, en junio, pidió a Costas avanzar en el desarrollo de un proyecto integral en la zona “con el consenso de las personas”, explica la regidora Cavada, que asegura haberse enterado de los expedientes por la prensa. En Costas, sin embargo, tienen “la sensación” de que, al ver la contestación social de los expedientes, el Consistorio les ha dejado solos, según apunta Poullet.

El jefe de la Demarcación Costas de Andalucía Occidental cree que ya es tarde para hablar de acuerdos: “En 2003 ya se documentó que no tenían ningún derecho en la zona. Incluso llegó a los Juzgados de lo Contencioso en 2005, y la sentencia fue en contra de ellos, aunque no se llegó a ejecutar la demolición. Sobre la celebración de reuniones con los afectados, como le pide Cavada, Poullet razona: “Me parece una barbaridad decir que nos tenemos que sentar a consensuar con quien incumple la ley. Costas no se va a sentar en ningún caso con los afectados”. Y la alcaldesa le responde: “Hay que suspender el procedimiento, ver las opciones y no actuar sin ni siquiera tener presupuesto para lo que se va a hacer allí”. Mientras, Domínguez da una posible solución al embrollo legal: “Podría quedarse como está integrado en el entorno regenerado. No defendemos la ilegalidad, solo queremos la legalización”.

Los vecinos de La Casería están dispuestos a dar batalla por sus casitas, aunque son conscientes de que no será fácil salvarlas de la piqueta a corto plazo. Al largo, nadie se atreve a afirmar qué será de aquello cuando el mar y los temporales sigan su imparable ascenso. Por más que reivindiquen la identidad popular y los alrededor 30 empleos que, aseguran, crean los dos chiringuitos, saben que las naves ya tienen difícil encaje en las actuales normas de Costas. También dudan de que derribarlas para construirlas 58 metros más adentro —en unos terrenos municipales cercanos— sea la solución que permita mantener la fisonomía del lugar y no acabe convertido “en un mamotreto”, como bromea la secretaria de la asociación de vecinos del barrio, Toñi Lebreros. “Ese patrimonio lleva así 90 años, aguantando vientos y mareas, pero no sabemos si aguantará a Costas”, zanja la isleña con pesadumbre.

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