Ciencia y política ante la covid-19: el distanciamiento no es la solución

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 constituye un desafío para sanitarios, científicos, políticos y para la sociedad en general. Las cifras de contagiados y fallecidos a escala nacional y mundial hablan por sí solas y la gravedad de la situación impone una búsqueda colectiva de soluciones desde todos los ámbitos, entre ellos el científico y el político.

El papel fundamental e imprescindible de la ciencia en la lucha contra la covid-19 está fuera de toda duda. Sin embargo, los Gobiernos han mostrado poca atención a la información proporcionada por los científicos y las recomendaciones ...

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 constituye un desafío para sanitarios, científicos, políticos y para la sociedad en general. Las cifras de contagiados y fallecidos a escala nacional y mundial hablan por sí solas y la gravedad de la situación impone una búsqueda colectiva de soluciones desde todos los ámbitos, entre ellos el científico y el político.

El papel fundamental e imprescindible de la ciencia en la lucha contra la covid-19 está fuera de toda duda. Sin embargo, los Gobiernos han mostrado poca atención a la información proporcionada por los científicos y las recomendaciones de los expertos no siempre se han visto reflejadas en las decisiones políticas, fundamentalmente al principio de la propagación de la epidemia, momento en que las medidas hubieran sido más efectivas. Esta falta de sintonía puede haber perjudicado la gestión de la crisis al no disponer las medidas adoptadas del necesario respaldo en las evidencias científicas disponibles.

La provisión de información suficiente y adecuada a las autoridades por parte de los científicos no es un proceso que se produce por una necesidad puntual y respecto de un tema concreto. Debe existir una red de oficinas de asesoramiento, organizada en toda la estructura del Gobierno, partiendo de la presidencia, y conectada con las oficinas de asesoramiento del Congreso y el Senado. El correcto funcionamiento de esa red, que existe con diversas modalidades en los países de nuestro entorno, tiene como bases el prestigio y la independencia de sus componentes, así como la confianza mutua con los políticos a quienes deben asesorar. La falta de esa estructura ha constituido en la situación actual el principal obstáculo para que la información llegase a la persona que la requería y en el momento en que era necesaria.

El distanciamiento entre política y ciencia viene de lejos. Ya el Manifiesto por la Ciencia, publicado en 2017 incluye la demanda de la integración de la ciencia en la agenda política, cosa que únicamente es posible si se crea una red de asesoramiento que actúe de interfaz cotidiana entre la evidencia de la ciencia y la gestión de la política. Hay que insistir en que, para que sea eficaz, la información científica debe fluir de manera uniforme y coordinada por toda la estructura parlamentaria y gubernamental, y no solo por aquella parte que se puede ver afectada especialmente por una crisis, como sería el sistema de salud en el caso actual. La pérdida de panorámica y recursos en las decisiones que originan los asesoramientos ad hoc, se está poniendo ahora de manifiesto.

“La covid-19 nos ha mostrado de nuevo que, tras muchos años de una financiación insuficiente, es necesario dotar a la ciencia de los recursos necesarios para que pueda desempeñar con solvencia los cometidos que se le exigen”

Desafortunadamente, aquella demanda nunca se ha atendido. Y como consecuencia de ello los mecanismos de asesoramiento se han mostrado ineficaces en la medida que los canales de comunicación no existían o no estaban correctamente desarrollados, a pesar de la enorme cantidad de evidencia científica disponible.

La covid-19 nos ha mostrado de nuevo que, tras muchos años de una financiación insuficiente, es necesario dotar a la ciencia de los recursos necesarios para que pueda desempeñar con solvencia los cometidos que se le exigen, y que no son solo el asesoramiento y la información, sino también la obtención de métodos de diagnóstico más rápidos, fiables y económicos; el desarrollo de vacunas; o la generación y validación de nuevas terapias. Pero no se trata solamente de los recursos económicos, sino también de los elementos necesarios para su gestión. La situación de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), carente de la autonomía y las atribuciones necesarias para llevar a cabo su labor, es un caso paradigmático.

En nuestra última comunicación, que firmábamos de manera conjunta la COSCE, FACME, CRUE Universidades y SOMMa, proponíamos cuatro útiles para garantizar los recursos e instrumentos que necesita la ciencia para cumplir con su labor. Además de dotar a la AEI de la cobertura legal y de la autonomía de las que actualmente carece, y de proporcionarle la capacidad para retener y orientar el talento hacia las nuevas necesidades creadas por esta crisis, es urgente que se active un sistema de información adecuado y dimensionado a las nuevas expectativas, y que se despliegue la red de asesoramiento descrita.

Pero más allá de estas demandas concretas, cuyo objetivo es facilitar la aplicación de las lecciones aprendidas y contribuir a prepararnos mejor ante futuras situaciones similares, lo más importante es alcanzar un acercamiento real entre política y ciencia. Mantener un distanciamiento entre ambas ha quedado demostrado que no es la solución. Es parte del problema.

Perla Wahnón es presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

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