Violencia política y Estado de derecho

Que el conflicto es inherente a la política es una obviedad que no merece mayor análisis. Pero de ahí a justificar la violencia como motor de dicho conflicto hay un mundo de distancia. Me temo que eso es lo que está ocurriendo con una parte de la izquierda chilena: como si Marx siguiera vivo, se ha ido desempolvando en el país el viejo argumento de que la violencia es la partera de la historia, la única que puede apurar los cambios estructurales, la única que acelera el tránsito hacia un nuevo orden social.

La violencia ha jugado un rol protagónico en la historia política chilena, a través de motines, revueltas, guerras civiles, golpes de Estado y otro tipo de manifestaciones regulares e irregulares. Muchas veces han sido los agentes del Estado los que la han ejercido en nombre de un Gobierno o de una idea. Pero también ha habido casos en que la violencia se ha practicado por fuera de la institucionalidad conocida, especialmente en momentos revolucionarios, cuando lo que está en juego es la legitimidad de la totalidad del sistema. La violencia, en otras palabras, no ha sido un fenómeno aislado, sino que nos ha acompañado a lo largo de las décadas y bastante más de cerca de lo que quisiéramos confesar.

Ahora bien, que esto sea así no quiere decir que la violencia haya que permitirla ni menos tolerarla. Una de las grandes victorias de la modernidad y de su régimen político por antonomasia, la democracia representativa, es la existencia de los Estados de derecho, entendidos como herramientas que subordinan las pasiones humanas a un conjunto de normas conocidas y respetadas por las grandes mayorías. Sin ellos, la sociedad estaría constantemente sometida a una lucha fratricida de todos contra todos, con la consecuente preponderancia de las voces más grandilocuentes y explosivas. El Estado de derecho actúa, así, como condición de posibilidad de la estabilidad política, permitiendo que incluso las minorías tengan algún tipo de representación en el espacio público.

En los últimos años, hemos sido testigos en Chile del retroceso del Estado de derecho a manos del crimen organizado y sus nuevas formas de delinquir. Asimismo, se ha deteriorado la convivencia política como resultado de la violencia sin parangón del estallido social, durante el cual no solo las policías fueron sobrepasadas, sino que los grupos más radicales estuvieron muy cerca de botar al presidente democráticamente elegido. Llegamos aquí al fondo de la cuestión: no deja de ser sorprendente que durante el Gobierno de Gabriel Boric la violencia política haya desaparecido completamente, y ello a pesar de una economía estancada, un desempleo muchas veces en dos dígitos y un desmedro significativo en la calidad de vida de las clases populares y medias. ¿Cómo explicar esta anomalía?

La respuesta es menos sorprendente que dramática: una parte importante de la izquierda chilena simplemente no tolera que gobierne la derecha. Acepta y aplaude los triunfos electorales propios, pero desestima sus derrotas por considerarlas contrarias a las demandas del “pueblo”. Se dice democrática, pero no es capaz de salir en defensa de la democracia cuando se ataca a una ministra por intentar llevar a cabo el programa de Gobierno que fue claramente vencedor en las urnas. El presidente del Partido Comunista sostuvo hace unos días que la funa a Ximena Lincolao había sido “un error político” pues le había permitido a José Antonio Kast recuperar la agenda. ¡Vaya adalid de la democracia! ¡Vaya manera de defender la institucionalidad! ¿Qué habría dicho si la funada hubiera sido la ministra de Ciencia de Jeannette Jara?

El PC y el Frente Ampio suelen decir que un sistema violento, como el que supuestamente existe en Chile, solo puede ser combatido con más violencia. Este argumento es espurio por donde se le mire: es incomprensible que el sistema tenga esas características solo cuando gobierna la derecha. Hasta que eso no cambie, hasta que la izquierda no asimile la magnitud de la derrota reciente, las funas y otras acciones violentas seguirán teniendo espacio. Como es poco probable que esa reflexión suceda en un periodo relativamente corto de tiempo, no cabe más que estar alertas y defender el estado de derecho con las propias reglas que este entrega: prevención, persecución y, en caso de ameritarlo, posterior sanción de aquellos que cometan cualquier acto de violencia política.