Detenidos tres hijos y el exyerno de la mapuche Julia Chuñil por su desaparición y muerte

El caso de Julia Chuñil Catricura, una activista mapuche desaparecida el 8 de noviembre de 2024 en Chile, ha dado un vuelco después de que tres de sus hijos y un exyerno han sido detenidos este miércoles, en la madrugada, por presuntamente participar en su asesinato. Los hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil; y el exyerno, de iniciales B.F.B.B, han sido presentados ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos para su control de detención. La audiencia de formalización se continuará mañana, jueves 15 de enero.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, que investiga el caso, afirmó que las capturas son el “resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada”, dirigida por el ministerio Público y “desarrollada junto a las policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado; lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención”. Carabineros realizó un operativo con efectivos policiales de distintas especialidades para detener a los presuntos responsables del crimen de Chuñil en sus domicilios de las comunas de Máfil, en la región de Los Ríos, y en la ciudad de Temuco, en La Araucanía.

La Fiscalía de Los Ríos informó que se presentarán cargos en contra de los tres hijos de Chuñil por el delito de parricidio, mientras que al exyerno por homicidio calificado, con la agravante de alevosía. Aparte, a los cuatro arrestados se les imputará por los delitos de robo con violencia e intimidación a un hombre, de 90 años, que vivía en el mismo terreno de Chuñil.

Mientras se transcurría la imputación de los sospechosos, efectivos de Carabineros comenzaron excavaciones en el lugar donde vivía la víctima en el municipio de Máfil, en Los Ríos.

Julia Chuñil, de 72 años, se desempeñó como presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, localizada en Máfil, y fue una defensora del medioambiente. Sus hijos responsabilizaban al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter por su desaparición. “Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatorias y del apoyo de muchas personas, damos a conocer la noticia tras una larga investigación, en la que se descubre que el principal sospechoso –quien hostigaba y ofrecía dinero, entre otras cosas–, quedó involucrado en un hallazgo de gran relevancia: un audio de llamada”, señaló la familia en un comunicado difundido el 30 de septiembre.

En este audio, atribuido a Morstadt, se insinuaba que el cuerpo de la activista habría sido quemado. Esto generó conmoción pública, al punto de que el presidente Gabriel Boric exigió “verdad y justicia” para esclarecer el paradero de la dirigente mapuche. “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, que creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Por tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”, dijo el mandatario el pasado 2 de octubre.

El ministerio Público lamentó la filtración de un audio. El fiscal nacional Ángel Valencia dijo, en ese momento, que el hecho, además de alertar a los sospechosos investigados, entregaba información “parcial y sesgada” sobre el rumbo del caso. “No puedo confirmar ni rechazar la existencia de ese antecedente porque la investigación es reservada. Pero lo que se ha publicado por la prensa no refleja, de manera alguna, el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja que eso”, dijo Valencia, en una rueda de prensa, hace dos meses.

En paralelo, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia Chuñil, declaró a medios de comunicación que existía una supuesta “ineficiencia” del ministerio Público y pedía formalizar a Morstadt por la desaparición. Pero la Fiscalía, en cambio, investigaba también posibles conflictos entre uno de los hijos de Chuñil, Pablo San Martín, por un contrato de venta de terreno de 2,9 hectáreas del que solo podía disponer él en caso del fallecimiento de su madre; una versión que fue descartada por la abogada Riquelme. La defensa, entonces, insistía en que la línea investigativa debía centrarse en la responsabilidad penal de quienes pudieron haber participado en la desaparición.

Antes, Pablo San Martín y Javier Troncoso, hoy detenidos por posible parricidio, negaron en una conversación con Chilevisión, en septiembre, su culpabilidad en la desaparición de su madre para heredar la propiedad. “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”, dijo San Martín. Su hermano, Javier, en esa misma entrevista, se refirió a los rastros de sangre, encontrados en la habitación que compartía con su madre, durante las pesquisas policiales: “Yo, igual, en mi pieza tengo herramientas, huinchas que uno se puede cortar (...) tornillos. Entonces, claro que sí puede ser sangre mía”.

Los hermanos enarbolaron la bandera de que se trató de un crimen ocasionado por el activismo de la mujer mapuche. Pablo San Martín había declarado a la organización internacional Global Witness, dedicada a documentar los asesinatos y desapariciones de defensores del medio ambiente, que su madre, nacida en Los Ríos, se desvivía por su tierra y se dedicaba a su preservación. “Si talaban un solo árbol, ella lo sabía. Conocía esta tierra como la palma de su mano y no quería irse a ningún otro lugar”, acotó.

Por la desaparición de Chuñil hubo movilizaciones, concentraciones y manifestaciones, en distintas oportunidades y en varias ciudades de Chile, incluyendo Santiago, impulsadas por organizaciones sociales e indígenas. Los carteles con la frase “¿Dónde está Julia Chuñil?”, se pueden observar en distintas zonas de Santiago de Chile. Este miércoles, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, aseguró en una conversación con radio ADN que la organización que preside tiene una “posición consistente ahora, que es seguir atentamente el desarrollo de esta investigación y del juicio al que va a dar lugar” y que su principal preocupación está en que el “Estado tiene la obligación de establecer qué es lo que ocurrió realmente”.