Un tribunal chileno absuelve a los ocho acusados por el ‘caso SQM’

Los ocho acusados en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), la segunda productora de litio del mundo, han sido absueltos de los cargos —delitos tributarios y cohecho— por el Tercer Tribunal en lo Penal de Santiago. El veredicto se conoció este miércoles, luego de más de una década de investigación de la Fiscalía, que recibió duras críticas de la magistrada María Teresa Barrientos por la dilación del proceso, lo que implicó que las penas requeridas ya estén “prácticamente cumplidas”. El juicio oral, además, demoró tres años.

Entre los principales acusados figuraban el exsenador de la UDI y exministro de Economía del primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Longueira; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse y el actual candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami —quien postula por quinta vez a La Moneda— y su exasesor Cristián Warner. Los otros cinco absueltos son la exsecretaria de Longueira, Carmen Luz Valdivieso; la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres Romero; el asesor y exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) Marcelo Rozas López; y el exdiputado de la Democracia Cristiana, Roberto León.

Tras conocer el veredicto, Longueira dijo que, “a pesar del alivio de este fallo, nada va a reponer el daño que le han hecho a mi familia”. “Lo dije hace 10 años frente a todo el país: soy inocente, soy un hombre honesto y esta ha sido, por lejos, la peor batalla en mi vida. La gané porque no tengo tejado de vidrio. Nunca lo he tenido”. Enríquez-Ominami, en tanto, señaló en su cuenta de X que, “después de 11 años, fui declarado inocente de todas las acusaciones que se orquestaron en mi contra. No encontraron nada, porque no había nada. Fueron 28 fiscales, ninguna prueba en mi contra y más de una década de persecución judicial, política y mediática”.

La causa de SQM, una arista que surgió en medio del caso Penta —un escándalo de corrupción de financiación ilegal de campañas electorales—, estalló después de que María Carolina de la Cerda, cuñada del exsubsecretario de Minería del primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), Pablo Wagner, declaró ante la Fiscalía, involucrando a SQM en la emisión de boletas ideológicamente falsas. Ese testimonio abrió una arista investigativa que salpicó a distintos sectores políticos, de la derecha a la izquierda y la centroizquierda.

Entonces, SQM era dirigida por Julio Ponce Lerou —su familia es la principal accionista—, quien fue yerno del dictador Augusto Pinochet (1973-1990). Dejó la presidencia en 2015, tras las presiones de los accionistas minoritarios luego de que explotara el caso de financiamiento ilegal de la política: su hija Francisca Ponce Pinochet asumió el control de la firma en marzo de 2024, asesorada por su hermano Eugenio Ponce.

Una “demora excesiva”

La jueza Barrientos, quien leyó el veredicto, cuestionó la “demora excesiva” en el proceso, y dijo que las razones “no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión” del Ministerio Público “de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”. Y agregó que en el caso “existe una violación flagrante al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable que afecta a todos los acusados, siendo la única forma de subsanar tal afectación e impedir que se perpetúe es la adopción de una decisión absolutoria”.

La dilación en la resolución de la causa, continuó Barrientos, implicó hasta el punto que “las penas requeridas estarían prácticamente cumplidas, lo que evidencia aún más la vulneración a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable”.

Tras el veredicto, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo del caso desde 2018, defendió la indagatoria: “No hablaría de derrota para la Fiscalía. Esto termina un capítulo con el deber cumplido. Nosotros desarrollamos una investigación seria, responsable, con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de interponer una acusación”.

Una crisis política en 2014

La causa de SQM provocó una crisis política que golpeó duramente al segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, aunque espolvoreó a políticos de distintos sectores, de la izquierda a la derecha, agrupados en aquel momento en las coaliciones Nueva Mayoría y Alianza por Chile, respectivamente. Penta, en cambio, fue un escándalo que estalló en el corazón de la UDI, de la derecha tradicional.

Cuando explotó el caso SQM, se abrió una indagatoria por la emisión de facturas falsas para el financiamiento de la política. En ese entonces, para que la Fiscalía investigara delitos tributarios, requería de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara, pero hubo demora en la interposición de las acciones legales. El escándalo fue mayor cuando el Gobierno le pidió, en mayo de 2014, la renuncia al director del SII, Michelle Jorrat, argumentando que había emitido, previamente, boletas a Asesorías y Negocios SpA, de Giorgio Martelli, quien era indagado en la causa y era un reconocido recaudador de fondos para campañas políticas de la exConcertación, la coalición de centroizquierda que gobernó entre 1990 y 2010.

Jorratt había emitido esas boletas cuando era asesor de la campaña de Bachelet. Y, al dejar el cargo, denunció que mientras estuvo como director del SII “hubo presiones desde [el ministerio del] Interior para que no nos siguiéramos metiendo en SQM”.

La lectura de la sentencia del caso SQM, con el detalle de los argumentos, será dada a conocer por el tribunal el 5 de agosto de 2026.