De acción y omisión
El Banco Central ha salido a despejar cualquier sospecha, explicando que lo que se quiso hacer en el último IPoM fue un análisis “robusto” y necesario para proyectar la inflación, sin que eso represente una crítica a las políticas del gobierno
La controversia generada por un recuadro de seis páginas sobre la Evolución del Mercado Laboral, contenido en el último Informe de Política Monetaria del Banco Central (IPoM), es un episodio ilustrativo de una tensión que, a estas alturas del partido ya se puede decir, acompañó al Gobierno del presidente Boric a lo largo de todo su mandato. A saber, que lo que se hace y se deja de hacer tiene consecuencias concretas para las personas, las que debieron ser calibradas en los análisis previos y que deben ser aceptadas en los balances posteriores de su quehacer.
En forma simple y resumida, lo que hizo el Banco Central en el IPoM de septiembre, es decir, en su evaluación trimestral de los escenarios y condiciones que avalan sus decisiones de política monetaria, fue mirar las fuerzas que han estado afectando al mercado laboral, uno que completa más de 30 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%.
En una frase, dicho estudio señala que “cuantitativamente se ratifica el impacto negativo en empleo del aumento de los costos laborales”, dentro de los cuales las alzas del salario mínimo (y su efecto cascada sobre el resto de la estructura de salarios) y el aumento implícito del costo de la hora hombre por la vía de reducir la extensión de horas de la jornada semanal, han sido medidas que han llevado a un resultado donde cualitativamente se ve acelerada la introducción de cambios tecnológicos y otras medidas que sustituyen empleos.
Los hallazgos, que se puede decir son consistentes con la cuenta del panadero, motivó que el Presidente de la República expresara públicamente su discrepancia con el estudio e instalaron a su ministro del Trabajo como una punta de lanza, en un modo de cuasi interpelación al centenario Banco Central, organismo en donde, por lo demás, institucionalmente el ministro de Hacienda tiene la oportunidad de conocer las deliberaciones de los consejeros y puede participar con derecho a voz en sus reuniones de política monetaria.
La situación puede leerse en varias claves. Por ejemplo, la muy terrenal y humana de que el mandatario y su ministro hayan pretendido salir al paso de unos hallazgos que podrían poner en cuestión los efectos reales de unas medidas de la agenda gubernamental donde el ministerio del Trabajo (de donde procede la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara) ha tenido un rol protagónico en su implementación.
Esta explicación, simple y básica si se quiere, parece más plausible que otras que mentes más aventuradas y capciosas podrían esgrimir, como que se ha buscado poner en entredicho la autonomía del Banco Central (pidiendo reuniones y explicaciones con razón de sus análisis) o sembrar sospechas sobre la inspiración política de sus consejeros, cuestión absurda, dado que la mesa de cinco integrantes cuenta entre sus miembros a un exministro de Economía de Michelle Bachelet 2, a un exalto asesor económico del primer ministro de Hacienda de dicha mandataria y una exasesora directa en temas económicos del presidente Boric durante su campaña a la Presidencia.
Tampoco soporta análisis que se quiera instalar una duda sobre la pertinencia de que el Banco Central reflexione sobre las fuerzas que han estado impactando al deprimido mercado del trabajo. Es cierto que el mandato del instituto emisor es bastante explícito cuando señala que su deber es velar por la estabilidad de la moneda y por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, pero eso no quiere decir que el Banco Central no pueda elevar la mirada y ponderar situaciones que quizás de manera no tan directa sí afectan su análisis de escenarios.
Lo hizo con ocasión de los retiros de fondos de pensiones y otras medidas que llevaron la inflación a cotas superiores al 14% y, se entiende, lo hace ahora, cuando entiende que las presiones de costos laborales no son inocuas a su manejo monetario. Eso, sin entrar en que a nivel internacional hay marcos normativos que expresamente instalan al empleo como parte del mandato de sus bancos centrales, donde el caso más conocido es el de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Como sea, y puesto en el entredicho, el Banco Central ha salido a despejar cualquier sospecha, explicando que lo que se quiso hacer en el último IPoM fue un análisis robusto y necesario para proyectar la inflación, sin que eso represente una crítica a las políticas del gobierno, sino una explicación de los factores que sustentan las proyecciones económicas y de precios.
Este esfuerzo, habría que añadir, no sólo es monetariamente pertinente, sino que extremadamente necesario para que el diseño de las políticas públicas sea cada vez más integral a la hora de considerar toda la línea de efectos de las medidas (y que no sólo sea motivado por la búsqueda “del bienestar de las personas”… sólo algunas personas). Y, en este caso, doblemente necesario ya que el Banco Central ha dejado dando botes un tema que aún el país no parece estar calibrando en todo su alcance, como es el impacto de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial sobre la empleabilidad y las previsibles dinámicas del mercado laboral, un reto que ya está golpeando sonoramente a la puerta de las autoridades políticas, las universidades y los centros de formación y las empresas, entre otros.