Cambio sociodemográfico y natalidad: desafíos urgentes

El cambio sociodemográfico que enfrenta Chile representa una transformación estructural con implicancias en las dinámicas económicas y sociales que tensionan el rol del Estado. Se trata de un cambio de época impulsado por una nueva sociedad que, así como ha aumentado sus expectativas de vida, también ha ampliado derechos y libertades.

Para abordar este debate, es vital considerar los principales fenómenos que se desprenden de las estadísticas vitales del INE 2023 presentadas esta semana. Primero, la disminución de la tasa de fecundidad general, pasando de 1,25 hijos por mujer en 2022 a 1,16. Segundo, la reducción del embarazo adolescente, que ha caído seis veces en 23 años, pasando de 39.257 nacimientos en 2000 a 6.428 en 2023. Tercero, la postergación de la maternidad deseada: la edad promedio para tener hijos pasó de 27 años en 1993 a 30 años en 2023. Y, cuarto, el aumento de la esperanza de vida, pasando de 79,72 en 2022 a 81,39 años en 2023. La esperanza de vida de las mujeres es mayor a la de los hombres.

Si bien estas transformaciones no deben interpretarse como problemas en sí mismos -qué duda cabe de que la disminución del embarazo adolescente, las mayores libertades para decidir de las mujeres y el aumento de la esperanza de vida son avances innegables- sí generan desafíos concretos para la reproducción social. La disminución sostenida de la natalidad y el envejecimiento de la población impactan la estructura demográfica del país, con efectos en la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones, la fuerza laboral futura y la dinámica del cuidado intergeneracional. En este contexto, la ausencia de respuestas adecuadas desde la política pública consolida las desigualdades que enfrentan quienes desean tener hijos o asumir tareas de cuidado. La carga de cuidados sigue siendo un asunto que se resuelve en el ámbito privado, recayendo en las familias y, dentro de ellas, mayoritariamente en las mujeres, lo que limita su inserción laboral y perpetúa brechas económicas y de acceso a derechos. Enfrentar este desafío requiere transitar hacia un modelo en el que la crianza y los cuidados sean responsabilidad compartida entre el Estado, el mercado y la sociedad, garantizando condiciones que permitan conciliar vida laboral, familiar y personal sin que ello implique precarización o postergación de proyectos de vida.

En este sentido, la crianza y los cuidados deben abordarse desde una perspectiva de políticas públicas que eliminen las barreras estructurales que enfrentan quienes desean formar familias con hijos e hijas. Más que promover discursos morales sobre la natalidad, el desafío radica en asegurar condiciones adecuadas para la crianza y el desarrollo de niños y niñas. Estudios han demostrado que las dificultades para conciliar la vida laboral, personal y familiar, la falta de acceso a servicios de cuidado, la falta de vivienda y la incertidumbre económica son factores determinantes en las decisiones de maternidad y paternidad.

Los países que han abordado de manera responsable este desafío han implementado estrategias múltiples basadas en la corresponsabilidad social del cuidado y en la provisión de servicios sociales para el bienestar que brindan seguridad y estabilidad a las familias. En esta línea, el Gobierno del presidente Gabriel Boric ha impulsado una serie de medidas para recuperar tiempo y mejorar las condiciones materiales de las familias. Entre ellas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas con adaptabilidad para padres y madres; la ley de conciliación permite modalidades de teletrabajo y horarios adaptables para quienes ejercen tareas de cuidado, sin afectar su estabilidad laboral; el fortalecimiento de la infraestructura pública de servicios de apoyo y cuidado, abarcando desde la infancia a la vejez, mediante la instalación progresiva de Chile Cuida; la ley papitos corazón que hace efectiva la responsabilidad parental respecto a las pensiones de alimentos; y la reforma de pensiones que aborda brechas de género, entre otras.

En este contexto, resulta prioritario seguir avanzando en la tramitación y aprobación del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, con el fin de dotarlo de un marco institucional sólido y de carácter permanente. La consolidación de este sistema es esencial para redistribuir las responsabilidades de cuidado, garantizando que esta tarea no recaiga exclusivamente en las familias y, en particular, en las mujeres. Nuestro objetivo es que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados se transforme en el cuarto pilar de la protección social junto con la salud, la educación, y el sistema previsional. Su aprobación no solo responde a principios de igualdad y libertad, sino que también constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.

Si bien la decisión de tener hijos o no es parte de la libertad personal, las condiciones estructurales influyen profundamente en esa decisión y en sus consecuencias. Para muchas mujeres, la falta de apoyos para la crianza implica postergar o incluso renunciar a proyectos personales y laborales. Por otro lado, en un país donde los cuidados siguen recayendo en el ámbito privado, el envejecimiento poblacional impacta especialmente en las mujeres, que siguen siendo las responsables de sostener la vida cotidiana.

El cambio sociodemográfico es una realidad que demanda una respuesta activa del Estado y del modelo económico en Chile. Fortalecer el bienestar de la población y garantizar condiciones que permitan la conciliación de la vida laboral, familiar y personal no solo es una cuestión de justicia social, sino un requisito para la producción y el desarrollo sostenible del país. Es el momento de consolidar un camino de futuro en el que el Estado asuma un rol central en la garantía de derechos y en la construcción de bienestar y estabilidad para todas y todos.