Señales

En los últimos cinco años en promedio al día al menos 100 personas se han ido a vivir a asentamientos irregulares en el país, de acuerdo con datos de Déficit Cero. Por su parte, el catastro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 2024 consigna que los campamentos en Chile crecieron 31,3% desde 2022, la mayoría de ellos en torno a grandes centros urbanos. La ONG Techo Chile, que desde hace años viene aportando datos alarmantes en este ámbito, consigna en su sitio web que desde 2010 se observa un aumento explosivo de personas viviendo en asentamientos precarios. Según su catastro 2022-2023 el número de familias en estas condiciones aumentó casi 40% en unos casi 1.000 campamentos a ese año y que cifras más recientes ya sitúan en unos 1.400.

Pero eso no es todo. El explosivo aumento de las llamadas villas miseria, favelas o barrios marginales es sólo una expresión más de una compleja realidad de contornos más amplios, con manifestaciones que abarcan al mercado inmobiliario formal, el que se encuentra estancado desde hace años, en donde las altas tasas de interés hipotecarias, las trabas al desarrollo de nuevos proyectos y el alto valor de las propiedades, entre otras cosas, explican que las expectativas ciudadanas de poder acceder a la casa propia se sitúen en sólo 15%, cuando en 2014 eran 48% y en 2009 de 55% (según la última Encuesta Bicentenario 2024 de la Universidad Católica).

En este contexto, que ciertamente tiene muchas complejidades y un repertorio de causas muy heterogéneo, el gobierno y los propietarios de un terreno tomado en el Cerro Centinela de San Antonio acordaron suspender por seis meses lo que prometía ser el difícil desalojo instruido por la justicia de unas 10.000 personas distribuidas en más de 4.136 viviendas irregulares dentro de un terreno de 256 hectáreas. El objetivo de la autoridad al avanzar en este camino es lograr una fórmula que permita a las familias organizarse en cooperativas para que, con respaldo estatal, puedan adquirir el terreno en un precio que debería situarse en una zona intermedia entre las tasaciones del gobierno y las de los propietarios.

Desde el sector construcción, think tanks y mundo jurídico no se ha dudado en calificar el camino seguido como una amenaza al derecho de propiedad y como un precedente que podría terminar originando problemas mayores que el que se trató de amortiguar. El gobierno, en cambio, ha dicho que al buscar esta solución ha buscado “enfrentar la realidad”.

El punto es que, como se vio más arriba, la realidad a la que se enfrenta la autoridad no es otra que una donde la precarización habitacional no ha parado de crecer a lo largo de los años, donde los propietarios de terrenos (e incluso de viviendas terminadas que aún no se entregan) se sienten amagados y desprotegidos por el Estado de derecho y en donde las soluciones ambiguas sí sientan precedentes, como lo confirma la experiencia en muchos planos.

Ejemplos pueden darse muchos, pero hay uno que probablemente resulta especialmente ilustrativo de los comportamientos que producen las señales de la autoridad. Es el caso del explosivo aumento que se ha observado los últimos años en la morosidad de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). Según datos de la Comisión Ingresa, al cierre de 2024 el número de morosos duros del CAE se duplicó en los últimos cuatro años, período en el que la promesa de condonación alcanzó altos decibeles en el discurso político.

Sin ir más lejos, el camino seguido en este episodio ha alimentado un intenso debate en torno a la señal que envía la autoridad a las miles de familias en situación irregular. De hecho, ya se abrió una polémica sobre cómo proceder con las cerca de 90 familias de la toma Lajarillas en Reñaca Alto, en la Región de Valparaíso, sobre las cuales también pesa una orden de desalojo.