Diputados de dos partidos opositores preparan por separado acusaciones constitucionales contra Boric y Tohá

Si el Congreso chileno ha comenzado este lunes el estudio de las acusaciones constitucionales en contra de tres ministros de la Corte Suprema, dos de ellos salpicados el caso Audios, la trama política y judicial que golpea hace diez meses a Chile, un grupo de diputados de oposición, uno del Partido Republicano de la extrema derecha y otro de Renovación Nacional (RN), de la derecha tradicional, han resuelto interponer libelos constitucionales en contra de la ministra del Interior Carolina Tohá y el presidente de izquierdas Gabriel Boric: los responsabilizan de la crisis de seguridad que experimenta el país sudamericano desde 2022.

Las acusaciones constitucionales en contra de Tohá y Boric —una herramienta utilizada constantemente en Chile por las oposiciones contra el Gobierno de turno para derribar en general a ministros de Estado— se producen en momentos en que la política chilena vive un clima enrarecido y de alta fragmentación de los partidos, y cuando resta menos de un mes para las elecciones municipales y de gobernadores del 26 y 27 de octubre. Precisamente, de frente a esos comicios, los partidos políticos son los más desgastados: según la última encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, solo el 1% de los chilenos confía en ellos. Y esa desafección ciudadana a las formaciones ha traído como coletazo que los candidatos independientes puros a liderar un municipio se dispararan un 26% con respecto a la elección de 2021, alcanzando 675, de acuerdo con el Servicio Electoral.

Asimismo, el caso Audios ha impactado a diversas figuras del mapa del poder chileno, entre ellos jueces, fiscales y empresarios, además de políticos. Hasta ahora es una parte de Chile Vamos, la coalición de la derecha tradicional, la que ha sido más golpeada con la trama, según la encuesta Criteria de agosto pasado.

Fue la tarde del viernes que la bancada de diputados del Partido Republicano, que lidera Luis Fernando Sánchez, envió un ultimátum a Boric de 72 horas para que pidiera la renuncia a la ministra del Interior. El grupo lo hizo luego que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, renunciara a su puesto —dimisión que estaba anunciada desde abril— para enfrentar a partir de este martes un proceso de formalización de cargos ante la Fiscalía por su presunta responsabilidad en el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto de las manifestaciones durante el estallido social a fines de 2019, cuando dirigía el departamento de Orden y Seguridad. Era una decisión que solo debía oficializarse y que se produjo en el contexto de un criterio que había establecido hace al menos cinco meses Carolina Tohá y que se refiere a que si un funcionario gubernamental o de instituciones que dependan de la presidencia, como es el caso de Carabineros, enfrenta una formalización, debe renunciar.

“Cumplidas las 72 horas y sin haber tenido respuesta del presidente de la República, don Gabriel Boric, quien decidió viajar a México en medio de una de las crisis de seguridad más graves que ha habido el país, los diputados republicanos hemos materializado el compromiso de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Tohá”, dijo Sánchez. Y agregó: “Queremos ser muy claros: la ministra Tohá es parte del problema y luego de dos años de ejercicio como ministra, no tiene las capacidades ni las competencias para ser parte de la solución. El equipo de seguridad del presidente Boric ha fracasado y las víctimas de este fracaso son los millones de chilenos que viven con miedo y que no pueden vivir y trabajar en paz”.

El anuncio de Renovación Nacional, en cambio, tomó por sorpresa a la política chilena, incluso a propio su sector, considerado de la derecha moderada. Quien dio a conocer la determinación de acusar a Boric, y de apoyar el libelo contra Tohá, fue la jefa de la bancada de diputados, Ximena Ossandón: “Todos sabemos que el famoso criterio Tohá, al final, es el criterio Boric, pero él está siempre detrás de ella. Curiosamente, ha estado lleno de viajes y en los minutos más complejos que hemos vivido, siempre ha sido la ministra Tohá la que ha salido adelante. Pareciera que el presidente Boric está cuidando la paz de su coalición sobre la vida y la integridad de todos los chilenos y las chilenas. Nosotros no podemos hacernos los que no conocemos esta realidad”.

Tanto la presentación del libelo de Republicanos como el anuncio de RN se producen un día después de que el mandatario chileno entregara la noche del domingo la propuesta del Presupuesto de 2025 de la Nación, en la que le dio prioridad a la seguridad pública. Boric se encuentra desde este lunes en México, donde participará de la ceremonia de cambio de mando en que Claudia Sheinbaum sucederá al actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

RN es parte de Chile Vamos, conglomerado de la derecha tradicional que también conforman la UDI y Evópoli. Según ha reconocido la noche de este martes a CNN Gustavo Benavente, presidente de la bancada de diputados de la UDI, como socios de la coalición fueron sorprendidos con la noticia de la acusación constitucional en contra de Boric.

No es todo. El presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, emitió una declaración pública la noche del lunes en la que tomó total distancia con los diputados de su partido: “No estoy de acuerdo con el anuncio que algunos de nuestros diputados han hecho en el sentido de presentar una acusación constitucional en contra del Presidente de la República (...) No queremos sumar más inestabilidad al país, y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento apropiado, y Chile necesita caminos de mayor seguridad, mayor estabilidad, justamente para compartir con éxito el crimen organizado”.

También la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se ha pronunciado en contra a través de su cuenta de X: “Más allá de los pésimos resultados, provocar una crisis política acusando constitucionalmente al Presidente de la República no resolverá la crisis de seguridad, es irresponsable, atenta contra la estabilidad democrática y distorsiona el buen ejercicio de la política Nosotros no podemos hacernos los que no conocemos esta realidad”. Y el jefe de bancada de ese mismo partido, Jorge Guzmán, calificó el hecho como “un atentado a nuestra democracia, pone en riesgo nuestras instituciones y, por cierto, pone en riesgo la figura del presidente”.

Desde la Admnistración de Boric, el subsecretaario del Interior, Manuel Monsalve, tras asistir al cambio de mando en Carabineros, donde ha asumido como nuevo general director Marcelo Araya, ha dicho “hay que rechazar de manera clara que la seguridad de los chilenos no puede ser utilizada políticamente, como una herramienta para una confrontación, para una batalla. Lo que el país requiere es que la política pueda trabajar de manera conjunta para resolver los problemas. Es a eso a lo que nos vamos a dedicar”.

La noche de este lunes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo a CNN que la acusación constitucional en contra de Boric “es muy desconcertante”. Y recordó que cuando la semana pasada se aprobó en el Congreso el proyecto de ley de cumplimiento tributario, que fue con acuerdos transversales, “muchos parlamentarios justificaron su voto en función de que permitiría financiar en la lucha contra la delincuencia. Y, a la semana siguiente, nos encontramos con esta dinámica. Es realmente muy desconcertante ver las mismas personas en un rol y en una dinámica tan diferente”.

Una herramienta utilizada

La acusación en contra de Tohá es la sexta que la oposición presenta en contra de ministros de la Administración de Boric, y ninguna se ha aprobado: Izkia Siches (Interior), Giorgio Jackson (en enero de 2023 y un intento en agosto del mismo año), Marcela Ríos (Justicia), Marco Antonio Ávila (Educación) y Carlos Montes (Vivienda).

Durante la última Administración de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, la oposición también interpuso dos acusaciones constitucionales en contra del mandatario, ambas rechazadas: una en 2019 tras el estallido social y otra en 2021 por los Papeles de Pandora, además de ocho contra sus ministros. De ellas fue aprobada por el Congreso, en diciembre de 2019, una en la que Andrés Chadwick, poco después de dejar el cargo como ministro del Interior, quedó inhabilitado de ejercer cargos públicos hasta 2024.

Esta vez, de prosperar las presentaciones en contra de la ministra Tohá y el presidente Boric, el Congreso chileno tendrá a la vista cinco libelos constitucionales al mismo tiempo.