La Fiscalía arremete contra el jefe de Carabineros de Chile por su responsabilidad de mando en el estallido social

La Fiscalía chilena de la zona metropolitana centro norte de Santiago ha resuelto este miércoles pedir a un tribunal de garantía que formalice la investigación que lleva en contra del general director de Carabineros Ricardo Yañez por el presunto delito de omisión de “apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” durante las manifestaciones en el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019, según ha informado este miércoles el diario La Tercera.

Durante la revuelta, Yáñez oficiaba como director de Orden y Seguridad de la policía uniformada chilena, departamento del que derivan las determinaciones sobre orden público, por lo que el Ministerio Público indaga en su responsabilidad de mando. Esto, mientras que para el estallido social el director general de Carabineros era Mario Rozas, ahora general retirado, a quien también la Fiscalía ha pedido formalizar junto Diego Olate, exsubdirector de la policía uniformada en 2019. Rozas salió del cargo el 19 de noviembre de 2020, cuando el presidente Sebastián Piñera (2018-2022), de la derecha tradicional, le pidió la renuncia y nombró a Yáñez.

La solicitud del Ministerio Público implica la comunicación formal de la indagatoria en contra del jefe policial, que comenzó después el estallido en 2019, con la presentación de dos querellas, pero que está a cargo desde 2021 de Ximena Chong, jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Chong ha citado en al menos cinco ocasiones a declarar a Yáñez, pero la diligencia solo se concretó en marzo de 2023, cuando el general, llamado en calidad de imputado, hizo uso de su derecho a guardar silencio. En noviembre del año pasado el jefe policial pidió el sobreseimiento definitivo de su causa.

En esa ocasión, la fiscal Chong dijo que a Yáñez “se le imputa específicamente el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida. Es decir, no haber realizado acciones tendientes a evitar que se materializaran los apremios ilegítimos y las torturas que se verificaron durante un periodo determinado. Esto, en su rol anterior en la institución, cuando él fungió como director de Orden y Seguridad”.

Yáñez había declarado en 2021 ante otra fiscal, Claudia Perivancich, jefa de la Fiscalía de Valparaíso, quien tuvo el caso en su primera fase. Esa vez el jefe de la policía uniformada descartó que hubiese un ataque sistemático en contra de la población civil y, según informó entonces Radio Cooperativa, señaló como prueba de ello que “no haya existido ninguna persona fallecida por el actuar de Carabineros”. “Muy por el contrario, las más de 81 instrucciones que impartí fueron en el sentido contrario, esto es, cumplir con los protocolos establecidos, desplegar controles de línea, respetar integridad de detenidos y esto aún en situaciones de agresión a carabineros o en que se hayan visto sobrepasados, por mucho que se haya tenido el interés de recuperar el orden público”.

A fines de noviembre, la defensa de Yáñez había pedido inhabilitar en el caso tanto a Ximena Chong como a su superior, el fiscal regional Xavier Armendáriz, con el argumento de que ambos “carecen de la debida objetividad e imparcialidad para seguir adelante” en la indagatoria.

En el mismo escrito, que fue remitido al fiscal nacional Ángel Valencia, la defensa de Yáñez acusó a los fiscales de manifestar “mediante hechos concretos su enemistad, odio y resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre del año 2019″.

Consultada por CNN sobre la solicitud de inhabilitación, Ximena Chong dijo a CNN que como fiscales “no podríamos tener en ningún caso una actitud de resentimiento respecto de una persona jurídica”. Y agregó que “la inhabilidad está prevista en la ley orgánica del [ Ministerio Público]” y que “está pensada para situaciones tanto de amistad íntima como de resentimiento en relación con personas naturales. Es un tema que está en poder del fiscal nacional”.

Durante el estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019, cientos de personas salieron a las calles a manifestarse. Hubo saqueos, incendios y 14 personas fueron condenadas por incendios y ataques a estaciones del Metro en Santiago, informó el medio Ciper en octubre de 2023 al cumplirse cuatro años desde la revuelta. Además, 48 uniformados habían sido condenados hasta esa fecha por cometer u ocultar hechos de violencia institucional. De ellos, 45 eran de Carabineros y tres del Ejército.

Según un informe de octubre de 2023 del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo con las querellas que en 2019 presentó el organismo tras el estallido social, “siete personas fallecieron por la acción de agentes del Estado. Del total de víctimas, 3.581 personas (94,8%) sufrió algún tipo de lesión física sin resultado de muerte”. Y agregó que de las víctimas el 6% padecieron algún tipo de trauma ocular. De las 50 personas (22,7%) sufrieron estallido ocular; 82 víctimas (37,3%) la pérdida de visión y 88 víctimas (40%) alguna lesión causada por trauma ocular.

La petición de formalización a Yáñez se produce en medio de la crisis de seguridad que vive Chile, con el alza en su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes que, en cinco años, subió de 4,5 a 6,7 y además del incremento en los secuestros, delitos que eran escasos hace tres años, y de balaceras entre bandas rivales por ajuste de cuentas.

La portavoz de la Administración del presidente de izquierdas Gabriel Boric, Camila Vallejo, ha dicho este miércoles que, frente a la decisión de la fiscalía, esperan “la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno”. “Nuestro interés es que la institución de Carabineros pueda seguir cumpliendo su función, el cual es el resguardo del orden público y el combate del crimen organizado”.

“No me quiero adelantar a explicitar ninguna decisión, pero lo que nos preocupa y el objetivo central es que, al mismo tiempo que la justicia avance en esclarecer los hechos que han sido investigados hace años y la responsabilidad de la institución, que la institución [Carabineros]pueda seguir funcionado. No queremos una institución que se paralice”, sostuvo Vallejo.