Mauricio Duce y el audio de Luis Hermosilla: “En este caso estamos recién conociendo la punta del iceberg”

El ‘Caso Audios’, protagonizado por el influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, ambos en prisión preventiva tras ser formalizados la semana pasada por los delitos de lavado de activos, soborno a dos funcionarios públicos y fraude tributario, salpica con los días a más figuras públicas del mundo judicial, policial, de la Fiscalía y el político. Una de las varias interrogantes, que se abrió tras la filtración de sus mensajes contenidos en su teléfono móvil que fue incautado, es si Hermosilla pudo influir en designaciones de jueces. Para Mauricio Duce, abogado y director de Espacio Público, un centro de estudios independiente, el escándalo da cuenta de que Chile tiene debilidades institucionales “muy significativas”. Critica la falta de voluntad política para reformar el proceso de designaciones judiciales, donde el Senado cumple un papel fundamental: en el caso de los cargos de la Corte Suprema, es el que puede ratificar (por un quórum de dos tercios) o rechazar la propuesta que hace el Ejecutivo, el que a su vez elige un postulante de una quina que elabora el máximo tribunal.

El nuevo integrante de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, cuya área de estudio académico ha sido precisamente la judicatura, el Ministerio Público y las policías, plantea que es común que la política intervenga en algún nivel en los nombramientos de ministros de tribunales superiores, pero que en Chile lo hacen de una manera “muy opaca, con reglas poco claras que han permitido todo este tráfico de influencias”.

Pregunta. De lo que se ha sabido de este caso ¿Dónde pondría el acento por su gravedad?

Respuesta. El paquete en su conjunto es lo preocupante. El caso da cuenta de que nuestro país todavía, lamentablemente, tiene debilidades institucionales muy significativas, que generan prácticas extremadamente problemáticas. La cuestión más evidente son los sobornos, pero el caso también nos ha mostrado la debilidad enorme en los sistemas de asignación de altas autoridades, con procedimientos súper poco transparentes, de contactos, favores, eventualmente conflictos de intereses que no conocemos bien y que su impacto puede ser extremadamente variopinto. En las mejores versiones, estos contactos son para poner en conocimiento de alguien un currículum y en las peores, eventualmente se están solicitando favores que luego se podrían cobrar.

P. La debilidad en las asignaciones judiciales se viene discutiendo desde hace años. ¿Por qué no se ha logrado reformar?

R. Hubo un agravamiento en algunas designaciones de jueces y otras autoridades cuando se metió al Senado [en el proceso de nombramientos a partir de 1997]. Eso abrió un nuevo espacio de negociación poco transparente y lo hemos visto en muchas designaciones, no sólo de los ministros de la Corte Suprema, sino que también del fiscal nacional y eventualmente de ministros del Tribunal Constitucional. No sólo se han entrabado, sino que además en todas esas elecciones siempre ha salido información de que ha habido contactos, comidas, etcétera. Aparecen figuras como los gestores de candidaturas, personajes bastante oscuros que promueven candidatos y que mueven hilos en distintos lugares y eso es extremadamente dañino para el Estado de derecho.

P. ¿Usted está a favor de sacar al Senado del proceso?

R. Hay más o menos un acuerdo, y así se ve en los proyectos de ley que se están discutiendo en este tema, en que, tratándose de funcionarios auxiliares –notarios, conservadores, archiveros– se debe avanzar hacia un sistema más técnico. Incluso en los de alta dirección pública. Que un componente técnico sea el encargado de la primera etapa de selección de los candidatos para las ternas. Otra cosa son las designaciones de altas autoridades judiciales o, eventualmente, de otras autoridades como el Fiscal Nacional. Se han formulado varias propuestas. Una es sacarle al propio Poder Judicial la elaboración de las ternas [para las cortes de Apelaciones] o quinas [Corte Suprema] y entregárselas a algún tipo de comisión técnica. En la segunda pata, algunos proponen que se debería sacar al Senado el poder de ratificación de dos tercios y entregárselo al presidente de la República, con plazos más acotados para evitar el tráfico de influencia. Otros, y yo creo que está abierto a debate, que es posible mantener al Senado pero con reglas distintas.

P. ¿Cómo cuáles?

R. Por de pronto, una alteración de los quórum. Parte del problema es que la exigencia de dos tercios hace que minorías te puedan vetar buenos candidatos, competentes, pero además con unas reglas poco densas en términos de las inhabilidades de quienes votan, por lo menos en la práctica. Creo que lo vimos claramente en la designación del Fiscal Nacional [se aprobó al tercer intento la propuesta del presidente Gabriel Boric]. Eventualmente han votado senadores que, personalmente o familiares de ellos, se habían visto involucrados en persecuciones penales. Es impresentable que luego estén decidiendo quién va a ser el jefe del servicio que lleva adelante las persecuciones.

P. ¿Hay que dejar fuera a la política de los nombramientos de este tipo?

R. En una democracia moderna, para las altas autoridades, es posible y común que la política intervenga en algún nivel. Lo que ocurre en Chile es que está interviniendo de una manera muy poco conveniente porque es muy opaca, con reglas poco claras que han permitido todo este tráfico de influencias. Podríamos mantener algunas de estas autoridades, pero aplicándolas en un proceso que garantice que no se van a producir este tipo de tráfico influencias. Esto puede ser sacando el Senado o manteniéndolo con otro rol, es una discusión técnica que hay que tener, pero creo que hay acuerdo en las bases: que las ternas o quinas no deberían ser elaboradas por el Poder Judicial, sino que por algún tipo de comisión técnica, donde ahí podría haber algún espacio para la política matizado. Y concursos públicos transparentes, donde se ponga énfasis en el mérito. Y que luego, en la elección del candidato dentro de la terna o quina, intervenga la política de alguna manera distinta a la de hoy día.

P. ¿Qué falta?

R. Esto supone que la clase política esté dispuesta a renunciar al poder que ejercen hoy día. El propio Senado tendría que estar dispuesto a auto-restringirse. Y ahí es donde se ha entrabado. Falta voluntad política para avanzar.

P. ¿Cuán optimista o pesimista es de que esta vez sí haya una reforma?

R. Tenemos experiencia de que estos escándalos pueden generar cambios. Espero que sea así, pero no está garantizado, sobre todo porque hoy tenemos un sistema político que pareciera estar muy entrabado en llegar a acuerdos macro para grandes temas del país, debido a la polarización y la enorme fragmentación. Uno ve que en grandes reformas institucionales estamos con mucho menos capacidad de llegar a acuerdos que lo que habíamos tenido al inicio de la transición, por ejemplo.

P. ¿Cuál es el riesgo de que la polarización impida esta reforma?

R. Con el tiempo, se traduce en el deterioro de nuestra calidad institucional y un peor país. En vez de estar evolucionando y enfrentando nuevos desafíos como los que suponen la modernización, el crecimiento económico, etcétera. El hecho de que el diseño de nuestras instituciones no se vaya adecuando, nos hace ir retrocediendo. Tal vez hace 50 años, el tener contactos para que te designaran era una práctica aceptable, pero hoy día ya no. Por lo tanto, tenemos que ajustar nuestra institucionalidad a esto. Uno se podría preguntar cuánto del muy bajo porcentaje de confianza pública en las instituciones del sector judicial están marcadas por este tipo de cuestiones. Y eso es muy peligroso para el Estado de derecho, que necesita instituciones como el sistema judicial que cuenten con niveles de legitimidad y credibilidad más o menos básicos. Eso debería ser una preocupación central en la agenda del país.

P. ¿No lo es?

R. Parcialmente, por eso creo que estos escándalos abren una ventana de oportunidad, ya que ponen muy a flor de piel las consecuencias que tiene el no encarar estos desafíos. Pero pareciera que el debate político está extremadamente polarizado en otras cuestiones que se van tomando la agenda y no hemos tenido un debate robusto sobre este tema, por ejemplo, post Convención Constitucional. Ahí hubo una nueva ventana de oportunidad que se malogró por distintas razones y este tema había quedado un poco bajo la mesa hasta muy poco.

P. ¿Cómo queda la frase del expresidente Ricardo Lagos de ‘dejemos que las instituciones funcionen’ cuando algunas están implicadas en esta trama de corrupción en investigación?

R. Esa frase es correcta, pero hay que agregarle algo más. Es dejemos que las instituciones funcionen cuando tienen un marco adecuado que permite garantizar que haya un buen funcionamiento. Estamos viendo que en esta área tenemos una zona gris que es inconveniente para el funcionamiento del sistema y tiene que ser corregido.

P. ¿Y tiene que ver solamente con las designaciones?

R. En este caso estamos recién conociendo la punta del iceberg y hay mucha más información que se va a saber en poco tiempo más. Esto es en parte un problema de las designaciones, pero tiene que ver con un tema más profundo de tráfico de influencias más generales en nuestro país que no sólo emana de las designaciones judiciales. Los sistemas de control interno al interior de instituciones públicas tan sensibles como el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General [a la que pertecencían dos funcionarios fomalizados por cohecho en el Caso audios] es otro enorme desafío. No hemos avanzado suficiente en la agenda anticorrupción. Con la Comisión Engel nos pegamos un salto, pero ese salto se chantó en algún punto. Estamos lejos de habernos inmunizados frente a prácticas que son muy dañinas para el Estado de derecho, como que los funcionarios hagan cosas producto de remuneraciones, prebendas, premios, que favorezcan a terceros. Eso sin duda es otra cuestión que está instalada claramente en la agenda a partir de este caso y es evidente.

P. Sobre la publicación de las conversaciones del teléfono de Luis Hermosilla que adelantó su defensa, ¿Qué piensa sobre abrir todo el contenido?

R. Yo vengo de este mundo de los abogados, trabajo ahí, lo conozco bien, y cuando los abogados dicen ‘voy a mostrar’, bueno, veamos. Los abogados nunca hablan desde el interés público cuando están litigando los casos, siempre hablan desde el interés del cliente y cómo se puede obtener una ventaja en el caso. Yo sería cauto, esperaría que conozcamos qué pasa ahí, ya se han ido conociendo algunas cuestiones, y ahí poder hacer un juicio. No me compro en un principio que vaya a mostrar cosas ni tampoco que no tenga nada. Estoy en una posición escéptica, esperando ver la evidencia.

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