Un mes sin representantes consulares en Chile: el desamparo de los venezolanos

Desde hace un mes que ya no se observa la característica fila fuera de la Embajada de Venezuela en Santiago, en el municipio de Providencia, que solían formar migrantes para realizar algún trámite consular. Ahora, una patrulla de Carabineros y algunos agentes de seguridad permanecen en la entrada de la sede diplomática. Cerca de las 12.00 horas de un día soleado de invierno, sólo se acercan al recinto un par de migrantes para constatar con sus propios ojos que nada ha cambiado desde finales de julio: los servicios consulares están suspendidos en Chile, un país donde residen más de 700.000 venezolanos, según el ministerio del Interior del Gobierno de Gabriel Boric. “No hallo ya qué hacer. Necesito esos pasaportes”, lamenta con angustia Arturo, de 31 años.

Arturo tenía una cita agendada esta semana para retirar su pasaporte y el de su hija, de cuatro años. Acudió hasta la sede consular a pesar de que sabía que el cuerpo diplomático del régimen chavista en Chile –encabezado por el embajador Arévalo Méndez– se retiró la noche del lunes 29 de julio. Fue el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, bajo control del oficialismo, proclamó como ganador a Nicolás Maduro. “Yo fui uno de los que vino al consulado a esperar los resultados”, comenta Arturo, “y luego a protestar para exigir que mostraran las actas. Ahora, estoy otra vez por acá, pero para ver si queda alguien que dé una respuesta a mi situación”. Tras esfumarse su último halo de esperanza, confiesa sentirse abrumado: “Pagamos [casi 450 dólares por ambos pasaportes] y esperamos mucho tiempo por ellos porque, además, son importantes para hacer otros trámites. Siento que se me vienen abajo muchos planes”.

A poco más de un mes, aún no enseñan las actas de votación, argumentando un supuesto hackeo en su sistema electrónico. La falta de transparencia hizo sospechar a la oposición y a gran parte de la comunidad internacional de que se produjo un fraude. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela diera por válido el triunfo de Maduro la semana pasada, el presidente Boric espetó: “El TSJ termina de consolidar el fraude”, y acusó al chavismo de liderar “una dictadura que no es de izquierda”. Una persona familiarizada con los asuntos diplomáticos entre ambas naciones asegura a este medio que, incluso si Maduro se reafirma en el poder el 10 de enero de 2025 –toma de posesión presidencial en Venezuela–, la intención de Chile no es romper lazos con el país caribeño porque ven problemático no tener representación diplomática en Caracas.

Patricia Rojas, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), explica que los más afectados por el cierre de la atención consular son los niños migrantes sin pasaporte, dado que en Venezuela son emitidas las cédulas de identidad a partir de los nueve años. “Como organización nos preocupan más los pasaportes que quedaron listos para retiro en la embajada. Según la información que tenemos, estos fueron reenviados a Caracas. Entre ellos, están los de menores de edad que no tienen otro documento de identidad, lo que afecta directamente su situación migratoria”. Rojas dice que es lo más delicado porque hasta ahora se han adoptado medidas excepcionales de la circular número 10 del Servicio Nacional de Migraciones para flexibilizar la documentación necesaria para regular la situación migratoria en Chile solo de adultos.

Jazmín, de 35 años, y su hija, de seis, están sufriendo las consecuencias de la salida del cuerpo diplomático venezolano de Santiago, una medida que tomó el régimen de Maduro en siete países de América Latina por cuestionar los resultados de las elecciones. Madre e hija lograron reunirse después de dos años separadas, pero hoy no consiguen estar tranquilas. “No tener un RUT (documento de identidad) en Chile hace todo más complejo. Mi hija está estudiando, pero no tiene pasaporte y yo tampoco. Lo debíamos retirar este mes y no hemos podido. No sé si algún día volveré a mi país con todo lo que está pasando”, relata Jazmín. “Ha sido un viacrucis regularizar nuestra situación, lo mejor es venirse legal”, agrega. Teresa, también venezolana, cuenta con un visado de permanencia definitiva. La mujer casada con un chileno dio a luz a su primer hijo hace cuatro meses. Cuando estalló la crisis electoral en su país natal estaba en proceso de reunificación familiar para traer a su madre que vive en Caracas. Las demoras de los trámites, sin embargo, le impidieron concretar el plan antes del cierre del consulado. “Para mí es importante que mi mamá conozca a su primer nieto. No la veo desde hace seis años. Ahora, con todo el tema del fraude en las elecciones y la tensión entre Chile y Venezuela no sabemos cuánto más se vaya a demorar esta visa, que de por sí es una lotería”, lamenta.

Teresa ahora quiere nacionalizarse chilena. “Cuando los venezolanos migramos tenemos muchas dificultades con temas de papeleo, sobre todo con los pasaportes o para sacar una simple apostilla. Eso no solo lo pienso yo, sino la mayoría de los que salimos de Venezuela”, describe. Desde el entorno del Gobierno de Boric confirman a EL PAÍS que observan un auge de las solicitudes de venezolanos para obtener nacionalidad chilena.

Arturo, Jazmín y Teresa piden a este periódico proteger sus identidades por miedo a represalias, como trabas en sus trámites en el supuesto de que se reanude el servicio consular. En Venezuela, algunos activistas y periodistas denunciaron que sus pasaportes fueron anulados después de los comicios presidenciales.

Relaciones en suspenso

No sólo los cientos de miles de venezolanos en Chile han quedado sin atención consular luego de que el embajador Méndez se retiró al grito: “¡Muera el fascismo!”. También el cuerpo diplomático chileno fue expulsado de Venezuela por órdenes de Maduro hace un mes, acusando al Palacio de La Moneda de una “intervención” en los asuntos internos del país caribeño. No obstante, los consulados chilenos en el país caribeño están funcionando con personal contratado para atender casos como visados de responsabilidad democráticos y reunificación familiar.

Jaime Gazmuri, el embajador chileno en Venezuela expulsado, dijo al retornar a Santiago, el 3 de agosto, que la decisión del régimen de Maduro fue “arbitraria, inédita, insólita e inesperada”. El representante diplomático, designado en 2023 tras cinco años sin embajador en Caracas, tenía como objetivo normalizar las relaciones para obtener la cooperación venezolana en los vuelos de repatriación de migrantes y el suministro de información policial para enfrentar a la organización criminal el Tren de Aragua, con operaciones en Chile.

Aunque los vínculos no están rotos, sí se resquebrajaron tras las elecciones del 28 de julio. Boric ha calificado al régimen chavista como una “dictadura que falsea elecciones” y también ha rechazado la persecución penal en contra de opositores. Su postura ha sido condenada por Maduro, pero elogiada por María Corina Machado, líder de la oposición al chavismo, porque demuestra que este conflicto no se trata de un asunto de izquierdas o derechas.

La Moneda no ha cortado lazos diplomáticos con Caracas y ha mostrado preocupación por la crisis migratoria en Chile, que se pudiera agravar por el conflicto venezolano, estableciendo un plan de acción, principalmente en la frontera, un foco de entradas irregulares. Hasta ahora, Boric no ha cedido a las presiones de la derecha chilena para que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, según el 70% de las copias de las actas recopiladas por la oposición venezolana y expuestas en una plataforma. El no reconocimiento abierto a González, como lo han hecho Estados Unidos, Argentina, Perú y otros países, es justificado con que aún no se han revelado las actas por parte del CNE y a la experiencia de Juan Guaidó, exjefe del Parlamento venezolano, que fue reconocido como presidente interino de Venezuela (2019-2023) por más de 50 naciones, pero que no gobernó y ahora está en el exilio.

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