_
_
_
_

Petro pide la liberación del alcalde comunista Daniel Jadue, formalizado por cinco delitos en Chile

El presidente de Colombia se ha pronunciado en favor del jefe comunal de Recoleta mientras la justicia chilena revisa su prisión preventiva. Se encuentra en la cárcel desde el 3 de junio pues el tribunal lo considerara un peligro para la sociedad

Daniel Jadue
Daniel Jadue habla durante la cuenta pública 2023, el 30 de abril de 2024.danieljadue
Antonia Laborde

El presidente colombiano Gustavo Petro ha pedido este lunes la liberación del alcalde comunista de Recoleta Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva hace más de un mes tras ser formalizado por cinco delitos en el marco de la investigación del caso farmacias populares. “Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de [Augusto] Pinochet impuesta a los seres libres”, escribió el mandatario de izquierda de X, donde por error llamó “Gabriel” al líder comunal. El mensaje del presidente colombiano llega el mismo día que la justicia chilena, a petición de la defensa del imputado, revisa la medida cautelar. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte sostiene que no hay nuevos antecedentes que justifiquen modificar la prisión preventiva fijada en la formalización de cargos.

Petro acompañó la solicitud con un video de la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, una figura fuerte del correísmo, donde asegura que el alcalde de Recoleta no está preso por corrupción, sino porque “impulsó desde la alcaldía un modelo comunista”. Jadue está formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa, delitos ocurridos, según el Ministerio Público, durante su gestión en la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Desde el pasado 3 de junio que cumple prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber por considerarse un peligro para la sociedad.

El alcalde de Recoleta es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), y su formalización de cargos ha significado un duro golpe para la colectividad, parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric. En julio de 2021 se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Boric, que representaba al Frente Amplio y llegó a La Moneda.

La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una asociación que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

El 3 de junio, cuando se decretó la prisión preventiva, la magistrada Paulina Moya dijo que quería advertir que “este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión. En efecto, nuestra Constitución y nuestro sistema penal establecen como principio básico la igualdad ante la ley, según la cual la ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas independientemente de sus características personales, sociales o sus adscripciones políticas. Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

Luego, la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando revisó la apelación de la defensa, al confirmar la medida el 12 de junio en votación unánime, señaló que “este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue revista aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión y revisión tanto en Achifarp [la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares] como en la entidad edilicia, máxime si éste fue creador y principal dirigente de aquella asociación”.

Revisión de su libertad

La defensa de Jadue, que ha sido reforzada por el ingreso del penalista Juan Carlos Manríquez, ha escalado el caso a la esfera internacional. La semana pasada se presentó una solicitud urgente de revisión de las medidas cautelares contra su representado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el escrito se pide que el organismo con sede en Washington discuta las medidas antes del 18 de julio, con el objetivo de evitar que el militante comunista cumpla 45 días en prisión preventiva y se vea obligado por ley a abandonar su cargo en Recoleta. Esto, por ley no, un jefe comunal no puede ausentarse tanto tiempo de su puesto.

Esta mañana, el Tercer Tribunal de Garantía de Santiago ha rechazado dos solicitudes de la defensa del imputado: la reprogramación de la audiencia de discusión de su libertad bajo fianza y la inhabilidad de las juezas que han visto la causa, Paulina Moya y Katherine Román. Jadue está presente en la sala del tribunal. Uno de sus abogados, Ramón Sepúlveda, ha planteado que la prisión preventiva, que ha calificado de “pena anticipada”, es “desproporcionada” pues su representado, dice, no es un peligro para la sociedad.

La semana pasada el mismo tribunal congeló los bienes patrimoniales del alcalde comunista, avaluados en 549 millones de pesos chilenos (unos 585 mil dólares), una medida solicitada por la empresa de insumos médicos Best Quality y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La solicitud aceptada por el juzgado pretende asegurar la existencia de bienes suficientes ante una eventual reparación o indemnización.

La investigación del Ministerio Público en contra de Jadue arrancó hace tres años. Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, y afirmó estar al borde de la quiebra porque había realizado importaciones que no le habrían pagado: acusó una deuda cercana 1.000 millones de pesos (casi un millón de dólares). La Fiscalía también investiga otras aristas luego que un vendedor Best Quality presentara una autodenuncia en la que señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos y, según la Fiscalía, fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS Chile y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.

Sobre la firma

Antonia Laborde
Periodista en Chile desde 2022, antes estuvo cuatro años como corresponsal en la oficina de Washington. Ha trabajado en Telemundo (España), en el periódico económico Pulso (Chile) y en el medio online El Definido (Chile). Máster de Periodismo de EL PAÍS.
Tu comentario se publicará con nombre y apellido
Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_