La justicia chilena mantiene la prisión para el alcalde comunista Daniel Jadue, formalizado por cinco delitos

El Tercer Tribunal de Garantía de Santiago ha confirmado este lunes la prisión preventiva para el acalde comunista del municipio de Recoleta Daniel Jadue, quien se encuentra en prisión preventiva hace más de un mes tras ser formalizado por la Fiscalía por cinco delitos de corrupción en el marco de la investigación del caso farmacias populares. La jueza Pamela Muñoz estimó que no existen “nuevos antecedentes” que ameriten que sea liberado bajo fianza, por lo que sigue considerado como un peligro para las sociedad.

Jadue es una de las figuras más prominentes del Partido Comunista (PC), y su formalización de cargos ha significado un duro golpe para la colectividad, parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric. En julio de 2021 se enfrentó en las elecciones primarias de las izquierdas como abanderado presidencial del bloque Chile Digno en contra del entonces diputado Boric, que representaba al Frente Amplio y llegó a La Moneda.

La defensa de Jadue, en la que participan los abogados Ramón Sepúlveda y Juan Carlos Manríquez, intentó por la mañana aplazar la vista de la causa, pero el tribunal rechazó su solicitud. Han argumentado que la prisión preventiva es una “pena anticipada” y “desproporcionada” y que el alcalde no es un peligro para la sociedad. La semana pasada, además se presentó una solicitud urgente de revisión de las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en que se pide que el organismo con sede en Washington discuta las medidas antes del 18 de julio, con el objetivo de evitar que el militante comunista cumpla 45 días en prisión preventiva y se vea obligado a abandonar su cargo en Recoleta. Esto, por ley no, un jefe comunal no puede ausentarse tanto tiempo de su puesto.

La resolución de la justicia chilena se ha dictado pocas horas después que el presidente colombiano Gustavo Petro pidiera este lunes la liberación de Jadue. “Yo pido la libertad de Gabriel Jadue en Chile. Preso por la jurisprudencia de [Augusto] Pinochet impuesta a los seres libres”, escribió el mandatario de izquierda de X, donde por error llamó “Gabriel” al líder comunal.

Petro acompañó la solicitud con un video de la expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, una figura fuerte del correísmo, donde asegura que el alcalde de Recoleta no está preso por corrupción, sino porque “impulsó desde la alcaldía un modelo comunista”. Jadue está formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa, delitos ocurridos, según el Ministerio Público, durante su gestión en la pandemia cuando estaba a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Desde el pasado 3 de junio que cumple prisión preventiva en la cárcel Capitán Yáber por considerarse un peligro para la sociedad.

La investigación del Ministerio Público arrancó hace tres años. Best Quality presentó una querella por estafa en contra de Achifarp, y afirmó estar al borde de la quiebra porque había realizado importaciones que no le habrían pagado: acusó una deuda cercana 1.000 millones de pesos (casi un millón de dólares). La Fiscalía también investiga otras aristas luego que un vendedor Best Quality presentara una autodenuncia en la que señaló que se le pidió un bono adicional para que se les mantuviera también como proveedores del municipio de Jadue. Ese bono fue en insumos médicos y, según la Fiscalía, fueron entregados a la sede de Recoleta del Partido Comunista.

La Achifarp, hoy en proceso de liquidación judicial precisamente por los hechos en investigación, es una asociación que Jadue creó en 2016, un año después de que emprendiera el que fue uno de sus proyectos estrellas, la farmacia popular de Recoleta. Fue una iniciativa a la que se fueron sumando con el tiempo 170 municipios del país y que consiste en conseguir precios más bajos en medicamentos para los habitantes de las comunas.

Esta es la tercera vez que la defensa intenta que Jadue quede en libertad provisional, pero la solicitud ha sido rechazada tres veces: dos por el juzgado de garantía y una por la Corte de Apelaciones de Santiago.

El 3 de junio, cuando se decretó la prisión preventiva por primera vez, la magistrada Paulina Moya dijo que quería advertir que “este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión. En efecto, nuestra Constitución y nuestro sistema penal establecen como principio básico la igualdad ante la ley, según la cual la ley debe aplicarse de la misma manera a todas las personas independientemente de sus características personales, sociales o sus adscripciones políticas. Esto implica que nadie debe recibir un trato preferencial y que las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables, sin considerar factores extralegales”.

Luego, la Corte de Apelaciones de Santiago, cuando revisó la apelación de la defensa, al confirmar la medida el 12 de junio en votación unánime, señaló que “este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue revista aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal, especialmente si siempre tuvo poder de decisión y revisión tanto en Achifarp [la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares] como en la entidad edilicia, máxime si éste fue creador y principal dirigente de aquella asociación”.

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