Los jueces de la Corte Suprema chilena, en la controversia por la decisión de comprar autos Lexus de 60.000 dólares

Los ministros de la Corte Suprema de Chile, el mayor órgano jurisdiccional del Poder Judicial, han enfrentado una fuerte polémica desde este lunes, cuando se conoció su decisión de aprobar la compra de 22 automóviles de alta gama de la marca Lexus, los que servirían para la renovación de la flota de vehículos oficiales usados por los jueces y el fiscal judicial. La controversia aparece en medio de un complejo momento para el Estado, que aún no ha dimensionado las consecuencias económicas de los devastadores incendios de la zona centro-sur de Chile.

La adquisición contempla una renovación completa de la actual flota de vehículos usados por los jueces, que corresponden al modelo Toyota Camry Híbrido de 2014. Tras un análisis, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial aprobó la compra de una veintena de coches Lexus modelo ES300h, avaluados en 56.990.000 de pesos cada uno (unos 60.000 dólares). En total, el gasto alcanzaría los 1.200 millones de pesos (1,3 millones de dólares). Una publicación del diario La Tercera ha detallado que el pleno del tribunal aprobó la operación por 10 votos a favor y dos en contra, en una sesión en la que participaron 12 de los 21 jueces.

Dos jueces votaron en contra en el pleno del 2 de febrero en el que se tomó la determinación: el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco y la ministra Andrea Muñoz. A favor Arturo Prado, Ángela Vivanco, Manuel Valderrama, María Angélica Repetto, Adelita Ravanales, Mario Carroza, María Teresa Letelier, Diego Simpertigue, Soledad Melo y María Cristina Gajardo.

El alto valor de los autos y sus características han sido temas de intensos debates en Chile. Lexus es una marca de automóviles de lujo, creada como división del fabricante japonés Toyota, y desarrolla modelos con altos estándares de confort. Una de las características principales de este vehículo es que es híbrido, por lo que cumplía con una de las condiciones fijadas por la política de reducción de emisiones de la Corte Suprema.

El pasado martes, y en medio de una ola de cuestionamientos en pleno crecimiento, el Poder Judicial emitió un comunicado en donde ha aclarado que “el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa”. La institución también ha detallado que el proceso de recambio de vehículos aún no ha terminado y que los recursos fiscales dispuestos por el Ministerio de Hacienda no han sido ejecutados.

La compra de los Lexus es la primera polémica que enfrenta el recién asumido presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco. La prensa local ha informado que el juez —que fue elegido para el cargo en diciembre de 2023— fue uno de los dos votos que rechazaron la compra de los coches.

La reacción del Gobierno de Boric

Las críticas sobre la compra llegaron hasta el Palacio de La Moneda, la sede del Poder Ejecutivo. Durante este miércoles, Boric se refirió, de manera indirecta, a la polémica. En medio de la presentación de una nueva flota de carros para Gendarmería, el servicio carcelario de Chile, el mandatario de izquierdas ha dicho que “todos quienes estamos involucrados en la tarea del resguardo de la seguridad pública puedan contar con los recursos necesarios para llevar adelante su misión de la mejor manera, de manera austera pero segura, más bien austera y segura”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, también ha abordado la controversia con un toque de ironía. “Yo tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”, ha dicho. La Dirección de Presupuestos (Dipres), la entidad encargada de asignar los recursos públicos, ha aclarado que “la Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial”.

Las ministra del Interior, Carolina Tohá, ha enfatizado que el Ejecutivo respeta la autonomía del Poder Judicial, pero ha apuntado a las señales entregadas a la ciudadanía luego de una catástrofe que terminó con la destrucción de miles de viviendas. “No le voy a decir a la Corte Suprema lo que tiene que hacer, pero como autoridades del Ejecutivo somos partidarios de que en estas cosas todos tengamos mucho cuidado y estemos muy atentos a cómo se usan los recursos, pero especialmente a las señales públicas que le damos a las personas”, ha declarado la secretaria de Estado a radio Infinita.

Más allá de la controversia de los gastos, la polémica ha servido para que Chile analice la situación de los vehículos comprados por el Estado para su funcionamiento. Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente durante la segunda Administración de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2018), ha planteado en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que todos los automóviles usados por integrantes de los organismos públicos deben ser 100% eléctricos. “Es de esperar que los críticos de siempre reconozcan que el ahorro en la vida útil supera el costo mayor de inversión. Sin considerar los innumerables beneficios ambientales”, escribió.

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