El sistema de salud privado en Chile agudiza su crisis tras un nuevo fallo adverso de la Corte Suprema

La Corte Suprema chilena ha dado un nuevo golpe a la industria de las isapres, como se conoce en Chile a las aseguradoras de salud privadas. En un fallo dado a conocer este jueves, la tercera sala del máximo tribunal del país sudamericano decidió poner un máximo al precio que pueden cobrar por el paquete de Garantías Explícitas en Salud (GES), un conjunto de beneficios incorporados por ley en los planes de salud, tanto privados como públicos. El GES garantiza la cobertura de 87 enfermedades, como diferentes tipos de cáncer, párkinson, diabetes, cataratas, infartos.

La sentencia agrava la crisis en la que se encuentra el sistema privado de salud en Chile, fundado en 1981 en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que desde noviembre de 2022 está al borde del colapso. En esa fecha, otra sentencia de la misma sala de la Corte Suprema ordenó a las isapres a aplicar en forma retroactiva los cobros en exceso cobrados a sus afiliados y congelar los precios de sus planes. Según los cálculos realizados por la Superintendencia de Salud –el organismo que supervisa a esta industria en Chile– serían unos 1.400 millones de dólares los que las aseguradoras deberían devolver a sus clientes. Acatar esa decisión a rajatabla, asegura la industria, implicaría el quiebre del sistema.

Desde ese entonces, el Gobierno de izquierda de Gabriel Boric y el Parlamento buscan una salida que permita a las isapres seguir operando, pero cumpliendo la sentencia judicial. El nuevo dictamen del máximo tribunal, sin embargo, complica los planes. Hasta ahora, las aseguradoras privadas realizaban cada tres años un ajuste del valor del paquete GES, pero luego de los aumentos realizados entre 2019 y 2022, los afiliados decidieron acudir en masa a tribunales y presentar recursos de protección para dejar sin efecto esas alzas de precio. El último ajuste fue en octubre de 2022, cuando las aseguradoras informaron un aumento promedio de 1,05 Unidades de Fomento mensuales (36.000 pesos o 42 dólares). Fue un incremento 48,7% respecto del valor del periodo anterior.

El nuevo fallo de la Corte Suprema ha acogido esos recursos y fijado un máximo de unos 307 dólares al año para la prima GES, que podría variar dependiendo de la cartera de afiliados de cada isapre. El monto fue calculado por el máximo tribunal con base en un Estudio de Verificación de Costos elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Aunque la Asociación de Isapres no ha entregado todavía una declaración oficial, dos aseguradoras, Banmédica y Vida Tres –ambas propiedad de la estadounidense United Health Group, una de las principales compañías de salud privada del mundo– anunciaron su decisión de no vender nuevos planes en el mercado chileno hasta conocer los detalles de la sentencia del tribunal.

“Hemos tomado la decisión de suspender a partir de hoy la comercialización de todos nuestros planes de salud a la espera del fallo para eventuales ajustes de nuestros precios y productos”, comunicaron las dos firmas a sus trabajadores a través de un comunicado interno.

Una industria al borde del colapso

El país sudamericano tiene un sistema mixto de salud. Por un lado existen las isapres, que albergan al 17% de la población con mayores ingresos, mientras que el resto de sus habitantes, unos 15 millones de personas, se atienden a través del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Las cotizaciones, el 7% mensual del sueldo de los trabajadores, son obligatorias. Pero en el caso de quienes están afiliados al sistema privado, el promedio puede llegar al 11%. La calidad de la cobertura está directamente ligada al precio de los planes.

Antes de conocerse los dos fallos que hoy tienen entre las cuerdas a las aseguradoras privadas, la industria atravesaba una situación financiera compleja: en 2022 registró pérdidas por unos 169 millones de dólares, a lo que se suman las deudas que mantienen con las clínicas privadas, calculadas en unos 600 millones de dólares. Los recursos por concepto de prima GES son una fuente importante de recursos para las isapres. Según informó la Superintendencia de Salud, a solicitud del máximo tribunal, entre 2019 y 2022 las aseguradoras tuvieron ingresos por unos 2.821 millones de dólares solo por este ítem, mientras que sus gastos para cubrir las 87 enfermedades que incluye el paquete fueron de unos 829 millones de dólares.

Para buscar una solución y mantener la estabilidad financiera del sistema privado de salud, a mediados de mayo pasado el Gobierno de Boric –en el que coexisten diferentes visiones respecto del futuro de esta industria–, presentó un proyecto de ley corta de isapres. La iniciativa establece que las aseguradoras tendrán seis meses para informar el número de contratos afectados por las devoluciones, el monto total de la deuda y proponer un plan de pago, que puede ser en dinero o en prestaciones de salud. El plan deberá ser visado por una comisión asesora del Gobierno. La iniciativa, además, les prohíbe retirar utilidades hasta el pago total de la deuda.

Frente a este nuevo fallo de la Suprema, al interior del Ejecutivo se analiza incluir en el proyecto de ley ingresado en mayo disposiciones que permitan a las isapres seguir ejerciendo su función, pero siempre cumpliendo con el dictamen judicial. Y el comité técnico, compuesto por representantes del ministerio de Salud, de Hacienda, miembros de la Asociación de Isapres, de centros de estudios y universidades, decidió postergar la entrega de su informe, agendada inicialmente para el 21 de agosto. Este informe servirá de base para incluir indicaciones al proyecto de ley que, a la vista de los fallos de la Corte Suprema, es la única salida que tienen actualmente las isapres para sobrevivir.

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