Hasta cinco años de cárcel: así funciona la nueva ley que endurece las sanciones por dañar el transporte público en Chile

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile ha informado que el pasado sábado 5 de agosto el Diario Oficial, el boletín jurídico oficial del Estado chileno, publicó la nueva ley que endurece las sanciones para quienes dañen los vehículos del transporte público y su infraestructura asociada, con penas que contemplan multas e incluso la cárcel para los responsables.

La iniciativa fue promulgada por la cartera que se encuentra bajo la Administración del presidente de izquierda Gabriel Boric. “Con esta ley avanzamos en nuestro compromiso con cuidar nuestro transporte público, aumentando las sanciones contra quienes lo dañen”, ha dicho en sus redes sociales oficiales el ministerio tras la confirmación de la nueva legislación.

Los ataques contra los buses del sistema Red Metropolitana de Movilidad, de Santiago de Chile, fueron una constante durante el estallido social de 2019, cuyo conflicto comenzó por el alza de 30 pesos (0,035 dólares) en el boleto del Metro —medio de transporte que también fue víctima de evasiones masivas y atentados incendiarios—. Durante los años siguientes las quemas de máquinas se multiplicaron, especialmente en los sectores periféricos de la capital chilena. La situación se agudizó en 2022, cuando en medio de las protestas de los estudiantes secundarios de las escuelas públicas emblemáticas de la ciudad se destruyeron una treintena de buses.

Las autoridades llevan décadas intentando mejorar el sistema de transporte público santiaguino. En 2007 se implementó el Transantiago, plan maestro que modificó la malla de recorridos de todos los servicios de la ciudad y que impuso una nueva forma de pago [se reemplazó el efectivo por una tarjeta física conocida como Tarjeta Bip!]. La puesta en marcha del sistema, ejecutada durante el primer Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010), fue caótica y desató una profunda crisis política. Años después se aplicaron algunos cambios como el reemplazo del nombre a Red Metropolitana de Movilidad, además del masivo ingreso de buses eléctricos de origen chino, que renovaron gran parte del material rodante.

El origen de la ley

La nueva ley surgió de un proyecto que fue ingresado al Congreso chileno el 13 de marzo de 2019 por el actual senador Francisco Chahuán, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional; y por el exsenador socialista Juan Pablo Letelier, de la centroizquierda socialista. En 2021 la propuesta fue rechazada por el Senado, por lo que debió pasar a un nuevo trámite en una comisión mixta, instancia parlamentaria compuesta por senadores y diputados, quienes aplicaron algunas modificaciones para hacer que el proyecto fuese viable para su despacho. Finalmente, el pasado 3 de julio la sala de la Cámara de Diputados aprobó la normativa por 104 votos a favor, 35 en contra y 2 abstenciones.

Los daños a los buses

La propuesta determina un castigo penal para las personas que participen en daños provocados a vehículos del transporte, se encuentren o no en circulación, atacándolos con piedras, objetos contundentes y artefactos incendiarios. Al ellos se suman quienes marquen con mensajes, firmas, rayados u otras figuras o expresiones a medios de transporte público de pasajeros o bienes o infraestructura asociada a dicha actividad. Durante el debate parlamentario los opositores a la nueva ley señalaron que la normativa no permitía resolver con sabiduría la aplicación de los altos castigos para quienes cometen actos vandálicos menores, como el marcaje con pegatinas al interior de los buses.

El aumento de las penas

La Ley N°21.587 establece que las personas que atenten contra un vehículo motorizado, se encuentre o no en circulación, arriesgan penas de reclusión menor en sus grados medio (de 541 días a 3 años y un día) a máximo (de 3 años y un día a 5 años). También se modificó el artículo 485 del Código Penal para endurecer las penas contra quienes dañen la infraestructura del transporte público, lo que incluye multas de 11 a 20 unidades tributarias mensuales (UTM), que equivalen a 695.189 pesos (807 dólares) a 1.263.980 pesos (1.468 dólares).